ALFREDO MEZA 07 de abril de 2017
Por
segundo día consecutivo en esta semana, Caracas volvió a sumirse en el caos. La
Policía Nacional Bolivariana (PNB) ha
dispersado con gases lacrimógenos y agua a los integrantes de la marcha
opositora que pretendía llegar hasta la Defensoría del Pueblo, en el centro de
la capital. Fue el gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles, en un acto
sorpresivo, el responsable de desviar el curso de la concentración que, en
principio, se iba a realizar en un acomodado sector del Este de Caracas, hacia
la sede de la Defensoría del Pueblo. A pocas cuadras de ahí, cerca del Palacio
Federal Legislativo, está reunido un grupo chavista.
Los
manifestantes protestaban para pedir apoyo al defensor del Pueblo contra los
magistrados responsables de elaborar dos sentencias que usurparon las labores
de la Asamblea Nacional y retiraron la inmunidad a los parlamentarios. La
llamaron “tranca contra el golpe”. En respuesta, el chavismo llamó a sus
seguidores a concentrarse en el centro, su coto natural. La lógica de marchas y
contramarchas que han caracterizado a Venezuela en los últimos 18 años se
repite cada vez que se agudizan las contradicciones entre los actores y esta
vez no ha sido menos.
Las
imágenes de las transmisiones por Internet muestran a personas encapuchadas,
mientras caminan envalentonadas hacia el enfrentamiento inevitable con la
policía. Las vías de entrada a la
capital fueron obstaculizadas desde la madrugada para evitar que se sumaran más
manifestantes a las protestas. Como parte de ese plan varias estaciones del
Metro de Caracas permanecieron cerradas desde la mañana. Con todo, la
asistencia ha recordado las grandes concentraciones de la oposición en sus más
célebres jornadas de protesta.
La
tensión se ha incrementado esta semana porque la oposición considera que el
Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de las aclaratorias de las polémicas
sentencias, ha convertido al Parlamento, en el que son mayoría, en un foro
político sin trascendencia. Las protestas de los días previos han dejado
decenas de detenidos y heridos en Caracas y en otras ciudades del país, pero
también les han dado a los adversarios del régimen la excusa que estaban
buscando para intentar recuperar la iniciativa política, que habían cedido en
octubre cuando aceptaron conversar con los delegados del presidente Nicolás
Maduro para buscar una salida política a la crisis. Al no conseguir los
objetivos de liberar a los presos políticos y fijar un calendario de
elecciones, dos de las principales propuestas, decidieron retirarse.
La
movilización opositora partió desde siete puntos de Caracas. Cada ramal se unió
en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo, la vía más
importante de la capital venezolana, y recibió el nombre de los siete
magistrados que forman parte de la Sala Constitucional, donde se redactaron los
fallos. Miles de personas llenaron ambos sentidos de la autopista.
La
Defensoría del Pueblo forma parte del Consejo Moral Republicano, instancia a la
que la directiva del Parlamento ha concurrido para solicitar que califique la
actuación de los magistrados de la Sala Constitucional que avalaron la
usurpación de poderes del Parlamento. Su titular, Tarek William Saab, ha
aceptado la explicación del régimen y no considera lo ocurrido con las
sentencias como un golpe de Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico