Ismael Pérez Vigil 08 de junio de 2019
Vamos
a suponer que ha cesado la usurpación y que estamos bajo un gobierno de
transición –omitiendo especulaciones sobre “tiempos” y composición de ese
gobierno– y que está previsto un proceso electoral para elegir presidente de la
República. Es momento, entonces, de preguntarse: ¿Qué son elecciones libres?,
en el contexto de la Venezuela que hoy vivimos, similares a las que tuvimos
hasta 1988.
Para
tener unas elecciones libres, tras 20 años de régimen autoritario, militarista
y dictatorial hay algunos requisitos políticos previos. En primer término, la
legalización de todos los partidos políticos, que han sido ilegalizados, no
reconocidos por el CNE, y la habilitación de los candidatos que han sido
inhabilitados o sancionados ilegalmente por organismos como la Contraloría
General de la Republica; y en segundo lugar, la libertad de los presos
políticos –encarcelados muchos de ellos sin habérseles formulado cargos, con
acusaciones absurdas, sin permitírseles una justa defensa– y el cese de la
violencia y persecución indiscriminada contra la población por parte de los
organismos represivos del estado: FAES y SEBIN.
Resueltos
esos ineludibles puntos previos, podemos examinar los requisitos electorales:
la designación de un nuevo CNE, una revisión y actualización del Registro
Electoral, garantía de observación nacional e internacional, escrupuloso
cumplimiento de las leyes electorales para impedir el uso de los recursos del
estado en la campaña electoral y un largo etcétera; temas a los que me referiré
en otro momento, pues ahora me quiero concentrar en un punto específico.
Al
nuevo CNE le corresponderá una tarea crucial e importante: la incorporación de jóvenes,
nuevos votantes, rezagados en el registro electoral y la definición de los
mecanismos para garantizar el voto de varios millones de venezolanos que están
en el exterior.
Cuando
hablamos de rezagados, hablamos de unos dos millones de jóvenes, que, de
acuerdo al censo de 2013, habrían cumplido los 18 años de edad y que no están
incorporados en el registro electoral, pues no se han realizado suficientes o
eficaces jornadas de actualización del registro en los últimos años, por
evidente negligencia del actual CNE, en acuerdo con el régimen, que sabe
perfectamente que la gran mayoría de estos jóvenes no serían precisamente
partidarios o votantes de la dictadura.
Con
respecto a los venezolanos en el exterior, el registro electoral apenas cuenta
con poco más de cien mil venezolanos inscritos para votar en el exterior. Aun
cuando es muy difícil estimar la cifra de venezolanos que han emigrado, por
falta de estadísticas oficiales y registros adecuados, todos los análisis de
especialistas en esta materia estiman en más de cuatro millones los venezolanos
que han abandonado el país. Si a esta cifra le aplicamos los criterios de
distribución etaria de la población venezolana, podríamos establecer,
conservadoramente y sin equivocarnos mucho, en dos millones y medio el número
de venezolanos mayores de 18 años que están residiendo en el exterior, que
tendrían derecho al voto, y que no lo pueden ejercer, entre otras cosas por los
requisitos inconstitucionales de exigencia de residencia “legal” en el exterior
que contempla la legislación electoral vigente, por la falta de jornadas de
actualización del registro electoral y por carecer de estructuras físicas
–menos de 300 puntos en todo el mundo, entre embajadas y consulados– para
registrarse y ejercer el derecho al voto en el exterior.
Resolver
el tema de los “rezagados” no requiere ninguna modificación electoral, basta
con habilitar días, centros de inscripción electoral y una campaña de
información adecuada; pero el segundo punto, garantizar el derecho al voto de
los venezolanos en el exterior, implicará hacer modificaciones legales y
reglamentarias para que esos venezolanos puedan ejercer su derecho a votar,
independientemente de su condición migratoria en el país donde residen.
Exigir
a quienes están en el exterior una constancia de residencia “legal” o un
documento de residencia legal, emitido por otro país, para actualizar su
registro en el exterior y para votar, es una clara violación a la Constitución
nacional y a las leyes del país, que establecen que todo venezolano mayor de 18
años de edad y con una cédula de identidad, aun vencida, tiene derecho al voto.
De
igual manera, habría que modificar la ley para que en el exterior se pueda
ejercer el voto también con el pasaporte, vigente o no, pues todos sabemos las dificultades
del estado venezolano para proveer de cedula o pasaporte en Venezuela y mucho
más en el exterior.
Una
de las tareas para garantizar el derecho al voto a estos venezolanos será
realizar jornadas de “actualización o modificación del registro” para
venezolanos en el exterior, que no es tarea fácil dado el escaso número de
estructuras –embajadas y consulados– con relación al gran número de electores;
será necesario además, conformar “centros electorales”, con mesas suficientes
para cubrir el número de electores en donde corresponda, donde haya un número
significativo de venezolanos con derecho a voto, además de corregir otras
anomalías, como por ejemplo el retraso en el escrutinio de los votos en el
exterior.
Una
de las formas de lograr una rápida actualización de los venezolanos en el
exterior, sería permitir un “registro preliminar especial”, de venezolanos en
el exterior, que se podría hacer electrónicamente. De esa manera en un corto
tiempo tendríamos una idea más aproximada del número de votantes en el
exterior, su ubicación y cuantos centros de votación y mesas electorales se
deberían constituir, para garantizarles el derecho al voto.
Para
lograr esto y al mismo tiempo mejorar la participación ciudadana, una vez
conocido de manera aproximada el número de venezolanos en el exterior, a través
del mencionado “registro preliminar especial”, el CNE podría constituir
“organismos subalternos” (Mesas Electorales) en el exterior, designando de una
vez a sus miembros que podrían ayudar además a organizar el registro electoral,
verificando la documentación de los registrados preliminarmente; cumplida esa
tarea, la designación de esos “organismos subalternos” o mesas electorales, sin
duda contribuirán a la masificación del voto de los venezolanos.
Pero,
por último, a pesar de lo significativo y el impacto en los resultados de estos
dos puntos, pues hablamos de casi cinco millones de votos, entre votantes
rezagados y votantes en el exterior, que deciden cualquier elección, la tarea
verdaderamente importante no tiene que ver con el registro electoral de los
rezagados, ni con establecer las estructuras en el exterior, para garantizar el
voto de los venezolanos; la tarea importantes es la tarea política,
insoslayable, que se debe comenzar cuanto antes: romper la resistencia de los
votantes y convencer a los venezolanos, rezagados o no, en Venezuela y en el
exterior, de la importancia de inscribirse en el registro electoral y sobre
todo de votar como vía de solución a la crítica situación política de nuestro
país.
Ismael Pérez Vigil
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