Por Simón García
La decisión contra Voluntad
Popular no es democrática. Es el manotazo primitivo del jefe que saca su
pistola al oír la palabra oposición. El objetivo es intimidar a otras
organizaciones e instituciones. Encubrir razias represivas contra opositores y
protestas ciudadanas.
Los que defendemos que la
oposición proponga con prioridad un plan conjunto para afrontar el covid-19, el
hambre y las calamidades que destruyen a la gente; que insista en el
entendimiento para resolver pacíficamente un empate que perpetúa a Maduro; que
construya viabilidad a un gobierno integrado por chavismo y oposición y procure
consenso en torno a un CNE para realizar las elecciones parlamentarias y
presidenciales, no compartimos la militarización del conflicto entre la
sociedad y el régimen o cualquier forma de un extremismo opositor que solo
siembra fracasos.
En VP han existido, según
nuestra visión, manifestaciones de esta desviación política. No respaldamos los
episodios en los que ella se ha expresado. Pero no admitimos que sea imputada
por “violencia premeditada y con motivos políticos perpetrada contra objetivos
civiles”, como define al terrorismo la legislación norteamericana, para citar
una de tradición democrática.
El plan oficialista no
demuestra que VP actúe clandestinamente para perpetrar lesiones corporales o
muerte a población civil o que realice al azar atentados con propósitos
intimidatorios.
La decisión forma parte de una operación gubernamental para bloquear acuerdos y ganar un escalón en su desesperada batalla por el poder perpetuo. Pretende criminalizar el derecho a resistir a un régimen que vulnera la Constitución. Es una medida que inclina al gobierno al terrorismo de Estado, en contra de sectores chavistas que aspiran a convivir en las diferencias. A su vez, nos deslindamos de golpes de Estado o de invasiones de ejércitos extranjeros que releven a la dirigencia opositora de sus deberes. No vamos a callar frente a los dos extremismos que socavan la legalidad y la paz.
