Cristian Briceño 10 de noviembre de 2020
@eldiario
El
embajador Claudio Sandoval, representante diplomático del gobierno interino de
Venezuela en Honduras, aclaró para El Diario que el próximo avance del caso
Venezuela I ante la Corte Penal Internacional se dará por parte del próximo
fiscal de la organización, que será electo en diciembre de este año
Prudencia y confianza es lo que pide el embajador
Claudio Sandoval, representante diplomático del gobierno interino de Juan
Guaidó en Honduras, a la hora de hablar sobre el caso Venezuela I en la Corte
Penal Internacional (CPI).
La ruta de la justicia foránea, dice, puede ser un
detonante para lograr una transición democrática en el país. El pasado 5 de
noviembre se dio un paso significativo, cuando la Fiscalía de la CPI determinó que existen bases razonables para creer que
se han cometido delitos de lesa humanidad, correspondientes a la jurisdicción
de la Corte, en Venezuela.
El examen preliminar, denominado Venezuela I, se
refiere a la investigación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos desde abril
de 2017, año de intensas protestas ciudadanas en contra del régimen de Nicolás
Maduro. De este período, 165 personas resultaron asesinadas por la represión
gubernamental.
“Esto sí le quita el sueño a los personeros del
régimen”, asegura Sandoval en exclusiva para El Diario. Pero no
puede ponerle un plazo a esta ruta. Así son los tiempos de los procesos
internacionales: lentos, extremadamente lentos para aquellos que buscan y
merecen justicia. ¿Es este camino un espejismo o hay resultados concretos de su
efectividad?
—¿Qué opinión le merece el pronunciamiento de la
Fiscalía ante la CPI?
—Es una manera elegante y jurídica de reconocer que se
cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela, entre los años 2014 y 2017,
en el marco de un proceso donde están señalados el señor Nicolás Maduro Moros y
otros funcionarios de su cadena de mando en la denominada situación Venezuela
I.
—¿Qué significa que el fiscal designado por la
asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, y el defensor del
pueblo, Alfredo Díaz, hayan sido recibidos por la CPI? ¿Implica eso un
reconocimiento del organismo jurídico internacional al régimen venezolano?
—La CPI envió un comunicado al Estado venezolano en
relación con su pronunciamiento sobre el informe, que determina que ha
culminado la fase II del examen preliminar y que se va a entrar en la fase III.
Los procesos en la corte se dividen en tres fases; la
primera fase es cuando recibe denuncias y evidencias, que se llama examen
preliminar; luego hay una segunda fase que se llama investigación formal y
luego viene la tercera parte que es el juicio.
La situación Venezuela I está en la fase de examen
preliminar. Esa etapa tiene a su vez cuatro fases. La situación de Venezuela I,
hasta el día de ayer, estaba en la fase II del examen preliminar, que versa
sobre la existencia o no de crímenes de lesa humanidad en el país que se
revisa. Acaba de pasar a la fase III, que es sobre la complementariedad, es
decir, si en Venezuela el sistema de justicia está capacitado para juzgar estos
crímenes.
Pero lo cierto es que en Venezuela el sistema judicial
no es independiente. Lo que estamos diciendo es que la CPI debe intervenir
porque el sistema de justicia no va a juzgar a Nicolás Maduro al ser un
apéndice de su régimen.
Lo que ha hecho la CPI es lo que hacen otros
organismos internacionales. Una vez que hacen un informe, lo envían al Estado y
se establece un diálogo. La Fiscalía informó al Estado venezolano que había
culminado la fase II y esperaba sus reacciones. Fue así que el fiscal Tarek
William Saab, írrito, que no tiene validez al ser nombrado por la ANC en lugar
de haber sido designado por la Asamblea Nacional, estuvo allí de facto, y se
retrató con la fiscal, la señora Fatou Bensouda.
—-¿Está de acuerdo, entonces, con el comentario
emitido por el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de
Venezuela, Julio Borges, quien rechazó la reunión entre Saab, Díaz y Bensouda?
—Estoy de acuerdo. Que unas personas que fueron
supuestamente adalides y defensores de derechos humanos en el pasado hoy sean
cómplices de una maquinaria que oprime a los venezolanos es una vergüenza. Es
vergonzoso que estas personas estén en estas instancias de la justicia
internacional con su cara bien lavada… Pero entendemos que ocurrió por procesos
formales.
Pero eso no nos debe quitar el sueño, la noticia no es
que Tarek William Saab estuvo en La Haya, sino que la Fiscalía ante la CPI
confirmó que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
—¿Cuál sería el paso siguiente a partir de este
pronunciamiento?
—La CPI debe determinar que la justicia en Venezuela
no es genuina, que está secuestrada. Que el sistema de administración de
justicia, por incapacidad, no puede investigar y enjuiciar a los perpetradores
de crímenes de lesa humanidad.
La Misión de
Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, en su más reciente informe,
ratificó lo mismo que ha dicho la corte. Pero fue más allá al señalar que Nicolás
Maduro, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, están conscientes de estos
delitos y son responsables de ellos.
Esto es una gran derrota al régimen de Maduro en el
plano internacional.
La expectativa es que, una vez que la corte determine
que la justicia venezolana no va a enjuiciar o castigar al señor Nicolas
Maduro, se aboque, a tenor del principio de complementariedad, a enjuiciarlo,
en caso de que determine que este ciudadano es autor de crímenes de lesa
humanidad.
—¿Cómo efectuará la CPI su verificación de la justicia
venezolana?
—La CPI se nutre de varias fuentes y evidencias.
Pueden usar las fuentes abiertas, open sources, informes de
organizaciones con credibilidad como el caso de la misión de verificación de
hechos. En el pasado, estas misiones han tenido bastante influencia en la toma
de decisión de la Fiscalía para avanzar en los procesos de investigación de
delitos de lesa humanidad.
Hay otra manera que es nutrirse de las denuncias de
las víctimas, o por medio de sus abogados, donde se proveen pruebas y se
revisan sus casos para evaluar si hay impunidad por parte del Estado.
Finalmente, por vía directa, la Fiscalía usa
herramientas para recabar evidencias o para descartar el caso. Trata de
comunicarse con el Estado venezolano, con los distintos poderes públicos, con
los operadores de justicia, de facto o legítimamente constituidos, para
indagar.
En Venezuela el sistema de justicia está amañado, eso
es claro. Se le va a hacer muy cuesta arriba al régimen demostrar que ha
enjuiciado a responsables de crímenes de lesa humanidad. No es solamente
enjuiciar al carcelero, que los funcionarios inferiores paguen los platos rotos.
Hay toda una cadena de mando señalada.
—¿Cuánto tiempo podemos esperar para que concluya la
fase III de la fase preliminar?
—No hay un tiempo estimado a nivel de la CPI. Lo que
nos queda es tratar de conminar, invitar respetuosamente a la CPI a que acelere
el proceso de justicia de lucha en contra de la impunidad. Existen pruebas
contundentes, sólidas, no solo enviadas por las víctimas sino el informe de la
verificación de hechos, para que la CPI, de manera perentoria, concluya que en
Venezuela la administración de justicia está parcializada. Deben avanzar.
Ahora, te digo otra cosa, esta fiscal, Fatou Bensouda,
sale el año que viene. De manera que, a mi modo de ver, el próximo avance en
relación con la situación Venezuela I lo va a dar el nuevo fiscal que se
designe en diciembre y entre en funciones el año que viene.
—¿Cómo deberían tomar las víctimas de violaciones de
derechos humanos este pronunciamiento de la CPI?
—Yo diría que de manera positiva y con mucha
prudencia, toda vez que el proceso aún continua.
Pero esto es una gran derrota al régimen de Maduro en
el plano internacional. Se suma otra organización de prestigio a la larga lista
de instituciones que reconocen que se han cometido crímenes de lesa humanidad
en Venezuela. Estos desagravios son tan evidentes que no pueden ser refutados u
ocultados y no es posible, para otros países, solidarizarse con un régimen
violador de derechos humanos.
—¿Queda algo por hacer por parte de las víctimas ante
la CPI para que avance el proceso de la fase preliminar?
—Las víctimas han hecho todo lo que ha debido hacerse.
Así como lo ha hecho la sociedad civil venezolana, agrupada en organizaciones
no gubernamentales prestigiosas. La Organización de Estados Americanos (OEA)
también ha aportado mediante un informe que recaba violaciones de derechos
humanos, y seis países han hecho una remisión ante la Fiscalía de la CPI de
dicho informe. El gobierno interino de Venezuela también ha hecho su parte, así
como la misión de la ONU.
La pelota está del lado del campo de la CPI para
avanzar en materia de complementariedad. Los distintos actores podemos seguir
dando insumos a la CPI, evidencias, para que la corte no tenga más remedio que
seguir avanzando en este proceso.
—¿Cree que la transición hacia la democracia está más
cerca a partir de este pronunciamiento de la CPI?
—Te diré algo: el presidente de Kosovo renunció a su
cargo el pasado 5 de noviembre para enfrentar imputaciones por crímenes de
guerra ante la CPI.
Somos fieles creyentes de que la ruta de la justicia
internacional, toda vez que en Venezuela no puede obtenerse, puede dar un
cambio en el tablero hacia una transición democrática en Venezuela. Esta ruta
no puede ser descartada o subestimada. Más bien, hay que cultivarla y
recorrerla.
Una acusación en contra de Nicolas Maduro Moros puede
darle un giro a este proceso, a esta lucha por la recuperación de la democracia
en Venezuela.
—El abogado José Ignacio Hernandez advirtió
recientemente que no hay soluciones a corto plazo para la situación
venezolana ante la CPI. Recordó el caso del dictador Omar Hasán Ahmad
al-Bashir, quien permaneció al frente de Sudán luego de 10 años de haber sido
condenado por la Corte…
—La justicia hay que verla caso por caso. Te acabo de
comentar un caso concreto, la renuncia del presidente de Kosovo, eso cambió el
juego.
El caso de Sudán tiene otras connotaciones, sobre las
que no me puedo pronunciar como embajador, pero son connotaciones de orden
interno. Sin embargo hubo claridad política de que el dictador sudanés estaba
violando derechos humanos, de manera que puedo decir que, en ese caso, la
medida tomada por la CPI sirvió para visibilizar y sensibilizar al mundo en
relación con las atrocidades que estaban ocurriendo en Sudán.
En el caso de Venezuela, te puedo asegurar que esto
tiene bastante preocupado a los personeros del régimen. Esto sí les quita el
sueño, y puede ser el detonante para su salida definitiva del poder.
El gobierno interino ante la respuesta de la CPI
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó,
celebró el pronunciamiento de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien
ratificó que se han cometido delitos de lesa humanidad en Venezuela.
«Maduro se encuentra más cerca de la Corte Penal
Internacional por ser un violador de derechos humanos. Hoy, el parapeto de
fiscal del dictador salió con las tablas en la cabeza de La Haya: le dijeron
que están todos los elementos para proceder a una demanda con jurisdicción en
la CPI», dijo a través de su cuenta de Twitter.
Agregó que «más allá del debate sobre cómo alguien
asociado con delitos de lesa humanidad fue recibido en la CPI, solicitaremos a
nuestros aliados que intensifiquen esfuerzos para avanzar a la siguiente fase
en la Corte y se tomen las medidas del Informe de la Misión ONU».
Tomado de: https://eldiario.com/2020/11/08/gobierno-interino-justicia-cpi-venezuela/
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