Rafael Veloz García 10 de noviembre de 2020
@Rafaelvelozg
El pronunciamiento de la Fiscal de la Corte Penal
Internacional (CPI), Fatou Bensouda, el pasado 5 de noviembre, no es cualquier
cosa porque deja en evidencia que para esa Corte hay sólidos fundamentos para
considerar que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa
humanidad en Venezuela.
Sin lugar a dudas, ha sido una de las mejores noticias
en este 2020, en especial para las víctimas, pues se traduce en un gran paso en
el caso venezolano, al superar la segunda fase del examen preliminar. Ahora se
entra de lleno a la fase tres, en la cual la fiscalía debe verificar si el
Poder Judicial venezolano ha juzgado o condenado, o está en proceso de hacerlo,
a los que han sido responsables de estos crímenes, que son de competecia de la
CPI.
Todos sabemos que no ha sido ni será así. También
sabemos quiénes son los responsables y los ejecutores de esos delitos.
Solo basta leer el reciente informe de la Misión
Internacional Independiente de verificación de hechos del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. Allí se insta al Estado venezolano a que debe
exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se
produzcan nuevos actos de esta naturaleza.
En otras palabras, más temprano que tarde los juicios
llegarán para quienes perpetraron estos crímenes y para los que los
planificaron y ordenaron, porque no son solo evidencias sino pruebas tangibles
de la sistemática violación de los derechos humanos y de crímenes de lesa
humunidad cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro.
La CPI a través de su fiscalía va a conocer para
entrar a la fase 3, pues en Venezuela no se ha hecho ni siquiera una
investigación y mucho menos juzgado a los responsables de estos crímenes; se
avocará al caso bajo el principio de complementariedad, es decir, que ante la
falta de justicia está en capacidad de actuar en los mismos tribunales de
nuestro país.
La otra fase que quedaría pendiente es la determinar
si es de interés de la justicia, lo que dejaría luego el camino libre para que
la fiscal solicité formalmente la investigación penal contra los autores de
crímenes de lesa humanidad en Venezuela en la Corte Penal Internacional.
Se ha dicho que la justicia internacional tarda y es
cierto, pero actúa y tengan la seguridad que no quedarán impunes los crímenes
de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.
LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
Nosotros no podemos quedarnos como simples
expectadores. Como parlamentarios desde la Asamblea Nacional estamos obligados
a avanzar. Y así lo hemos hecho. Desde nuestra Oficina Parlamentaria hemos
elaborado un expediente lleno de elementos probatorios que configuran al Estado
venezolano en las categorizaciones de fallido y forajido, condiciones en que se
desprenden los delitos de lesa humanidad y la sistemática violación de los
derechos humanos.
En otras palabras, los crímenes de lesa humanidad son
propios de Estados calificados como fallidos y forajidos.
Este expediente, excelentemente sustanciado y
elaborado por un destacado grupo de juristas y otros profesionales, demuestra
cómo el Poder Judicial venezolano, por completo subyugado a Maduro, ha
contribuido y ha sido cómplice de las atrocidades que se han cometido contra
los políticos de oposición y contra el pueblo llano, cuando este ha salido a
las calles a protestar por sus derechos.
Hemos construido este expediente también con el aporte
de especialistas y profundos conocedores en los conceptos de Estados fallidos y
forajidos, quienes ratifican que el Estado venezolano se ubica en ese grupo,
razón por la cual esperamos que toda la comunidad internacional y en especial
Naciones Unidas comprendan que es hora de invocar el principio del R2P (Responsabilidad
de Proteger), establecido desde 2005 cuando Kofi Annan era Secretario General
de la ONU, para prevenir la comisión de atrocidades en masa y proteger al
pueblo venezolano de tales crímenes, mientras se esperan los juicios a los
responsables. Por tal motivo, ese expediente será presentado a la junta
directiva de la AN y luego será remitido a la ONU, Unión Europea, la OEA y a
diversos organismos nacionales e internacionales que luchan por los derechos
humanos.
Rafael Veloz.
@Rafaelvelozg
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