La paz sea con nosotros por @Paugamus

Por Paulina Gamus

Hay un dicho cuyo origen se atribuye a los chilenos: «La manzana siempre cae cerca del árbol«, con el se significa que un hijo o hija han heredado inteligencia y otras virtudes de sus padres, pero también sus defectos. Cuando el hijo no ha heredado ni lo uno ni lo otro, cuando es un ser amorfo («que carece de personalidad y de carácter propio», según el diccionario de la RAE). Nos estamos refiriendo a José Vicente Rangel Avalos, aparentemente alcalde del municipio Sucre del estado Miranda.

El padre José Vicente Rangel Vale fue quizá una de las mentes más lúcidas de la política venezolana en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros 20 años del XXI. Pero esa lucidez, esa inteligencia fuera de lo común estuvieron unidas a una malicia, malignidad, perversidad, vileza, crueldad, inmoralidad, falsedad, iniquidad, corrupción y depravación también fuera de lo común.

Para dar solo un ejemplo de los niveles de cinismo e hipocresía del susodicho, baste con saber que fue el autor de un libro muy popular al ser publicado en 1972 y que inventariaba y reseñaba los crímenes cometidos por la policía política en los años 60. Años de la guerrilla castro-comunista que a su vez cometió no pocos crímenes.

Pero en sus 20 años de apoyo irrestricto a la causa chavista jamás denunció uno solo de los asesinatos, desapariciones forzosas y torturas contra opositores políticos cometidas, primero durante el mandato de Chávez, y con mayor intensidad y descaro durante el régimen de Nicolás Maduro. El chavismo en sus dos etapas lo adoró, J.V. Rangel les prestaba la inteligencia que les faltaba y avalaba la maldad que les sobraba.

En cuanto al hijo solo el apoyo del padre pudo lograr que fuera constituyente en 1999, perteneciente al sector mudo de esa Asamblea; luego mediocre alcalde del municipio Sucre del estado Miranda y —aquí viene la tragedia—: viceministro de Relaciones Interiores designado por el recién estrenado presidente Nicolás Maduro. Al flamante viceministro no se le ocurrió mejor idea que combatir la delincuencia fomentándola. Así lo hizo al crear o decretar en septiembre de 2013 las llamadas «zonas de paz». Esas zonas con tan bello y sugerente nombre eran aquellas tomadas por la delincuencia, a las cuales no debían entrar ni por equivocación los cuerpos policiales. Ningún asesino, atracador o secuestrador podría ser aprehendido mientras estuviera en su zona de confort.

Una de esas «zonas de paz» es ahora la Cota 905 en el oeste de Caracas, el sector con mayor cantidad de bandas delictivas.

Aquí el expediente negro no escrito por J.V Rangel (el papá) recibió el emblemático nombre de «Operación Liberación del Pueblo». Los efectivos de seguridad hacían seguimiento a los delincuentes de la zona con prontuario criminal y eran ajusticiados. En 2017 se realizaron 25 operativos de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en la Cota 905, siendo uno de los sectores de Caracas donde se han realizado más operativos especiales (asesinatos) de ese cuerpo parapolicial sin que la criminalidad hubiese disminuido.

Los habitantes del barrio y la comunidad delictiva del lugar firmaron un acuerdo en agosto de 2017 con autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores y policiales. La Cota 905 fue declarada «zona de paz». Dos semanas después del acuerdo fue asesinado un joven prospecto del baloncesto, secuestraron a un empleado de la embajada de Estados Unidos y al hijo de un general.

En esos barrios pobres: Cota 905, El Cementerio y La Vega viven unas 300.000 personas y allí se ha posesionado la mayor pandilla de la capital —el Coqui y su banda— con un armamento que incluye lanzagranadas, drones y motos de alta velocidad. Esos delincuentes están mejor armados y gozan de mayores ingresos que la mayoría de las fuerzas de seguridad venezolanas. Son además discípulos de Robin Hood: compran medicinas y alimentos a los más necesitados; donan útiles escolares y hacen fiestas de cumpleaños a los niños, con castillos inflables incluidos.

Han sustituido al gobierno y a la policía. Toman medidas contra la pandemia, como obligar el uso de mascarillas, y castigan a los vecinos que cometen delitos fuera de las normas que ellos han establecido.

Según Isayen Herrera y Anatoly Kurmanaev (The New York Times)»hay varios sectores del país que han caído en manos de delincuentes e insurgentes. Pero el control de las pandillas de la Cota 905 y las barriadas circundantes, situadas a solo tres kilómetros del palacio presidencial, son una prueba del gobierno de Maduro ha perdido el control incluso en la ciudad capital.

«Los agentes de policía afirman que la pandilla que controla la Cota 905 cuenta ahora con unos 400 hombres armados con el producto del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, y que ejerce un control total sobre al menos 20 kilómetros cuadrados del corazón de la capital». «Después de monopolizar el comercio local de drogas, la banda de Cota 905 impuso normas estrictas a los habitantes a cambio de poner fin a la violencia y los delitos menores antes endémicos». Muchos residentes ven con buenos ojos su línea dura contra la delincuencia: «Antes, los matones robaban», dijo un su vecino de la Cota 905 pero ahora son ellos los que te devuelven cualquier cosa que te roben. Las muertes violentas en los barrios pobres de Caracas se han reducido a la mitad desde mediados de la década 2010, cuando la capital venezolana era una de las ciudades con más asesinatos en el mundo…”.

 «…. los académicos y analistas que estudian la delincuencia en la ciudad sostienen que el descenso de los homicidios habla del creciente poder de las pandillas caraqueñas frente a un gobierno cada vez más débil. El desequilibrio, según los expertos, coloca al gobierno y a la población en una posición cada vez más peligrosa y vulnerable. La transferencia de poder se hizo evidente en abril, cuando la pandilla del Coqui disparó contra un patrullero de la policía y se adueñó de un tramo de la autopista que atraviesa Caracas. La zona estaba a cinco minutos en auto del palacio presidencial y el bloqueo paralizó la capital durante varias horas. Pero el gobierno permaneció en silencio durante todo el proceso. Las fuerzas de seguridad nunca acudieron a retomar la autopista. Una vez que la banda se retiró, la policía tranquilamente se llevó el patrullero destrozado…».

Si tomamos en cuenta que ya una parte importante de la ciudad capital no pertenece a la nomenclatura urbana de la misma y que igual cosa sucede con estados como Apure, en manos de la narcoguerrilla colombiana y otros que van por el mismo camino, me parece una buena idea estudiar la organización por cantones que existe en Suiza. Está claro y probado que no somos suizos, pero quién quita que quienes aún no hemos sido tomados ni por las FARC, ni el ELN, ni el Coqui, podamos organizarnos con nuestra propia legislatura y, por supuesto, nuestra propia fuerza armada y policial reclutada entre gente que nada haya tenido que ver con los actuales en servicio. Es solo una idea.

Paulina Gamus es abogada, parlamentaria de la democracia. 

13-06-21

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