Trino Márquez 07 de julio de 2021
@trinomarquezc
La
Conferencia Episcopal, numerosas organizaciones de la sociedad civil y
distintos sectores académicos y políticos han alertado sobre los peligros que
encierra el proyecto de Ciudades Comunales entregado hace algunos meses por
Nicolás Maduro a su Asamblea Nacional. La iniciativa la toma a pocos meses
de las elecciones regionales, cuando el gobierno supuestamente trata de
refrescar su imagen frente a la comunidad internacional y busca legitimar las
autoridades locales, tan devaluadas durante los años recientes. Un paso
adelante, dos atrás. En unas ciudades donde la descentralización fue
derogada, y no funcionan ni siquiera los semáforos, Maduro se muestra muy
interesado en que los habitantes se organicen en comunas, sueño de Hugo Chávez,
quien asomó la idea en la fallida reforma constitucional de 2007.
Los
obedientes diputados maduristas ya discutieron la primera versión del proyecto,
que consta de 59 farragosos artículos. Luego pasaron a ‘consultar’ al
pueblo. En la Exposición de Motivos se insiste en que la ciudad comunal
constituye la base de una nueva organización político territorial. Sus
principios se orientan a la construcción del socialismo, el autogobierno
comunal y el fortalecimiento del poder popular, con el fin de desarrollar la
democracia directa y participativa de la cual habla la Constitución.
Ninguno
de los artículos de la CRBV se refiere al poder popular, ni al modelo
socialista. Se dibuja sí una nación laica, diversa, inclusiva. Ni
capitalista, ni socialista, ni comunista. Al referirse al modelo
económico, se destaca el carácter mixto de la economía, con la participación y
cooperación de los sectores público y privado. En cambio, en el proyecto
de Ciudades Comunales se bosqueja una sociedad confesional. Quien no sea
socialista pierde sus derechos civiles. La ciudad comunal es como un
enorme monasterio medieval, dirigido por monjes encargados de vigilar la
correcta aplicación de los principios socialistas. Carlos Marx no se
habría atrevido a escribir un texto tan monacal.
El
proyecto de ley es un bazar de ideas decimonónicas. Entre los valores
socialistas se encuentran la honestidad, la solidaridad, la inclusión, la
democracia y el respeto a los derechos humanos. Irreal percepción de lo
que ocurre en Venezuela desde hace más de dos décadas. La honestidad no es
un valor que guíe el ejercicio de la función pública. Los asaltos a Cadivi
y Pdval quedaron impunes. Lo ocurrido con la modernización del tendido
eléctrico es otro episodio turbio de cómo se han manejado los fondos públicos. Los
informes de Transparencia Internacional Venezuela son demoledores. En una
nación donde rigió por años la Lista Tascón, se exige el Carnet de la Patria
para conseguir las bolsas CLAP o recibir las miserables transferencias
monetarias que da el régimen, hablar de inclusión y democracia resulta una
ironía obscena. De los derechos humanos, basta con citar el caso de
Fernando Albán. En realidad, las Ciudades Comunales están concebidas para
segregar y excluir a todo aquel que no se identifique con el credo socialista.
La escogencia
de la complicada burocracia que se propone para cada ciudad comunal
-Arts. 8 y 14- se ejecutará sin respetar el derecho al voto popular
directo y secreto, establecido en la Constitución y en la Ley del
Sufragio. La elección de los representantes comunales es de segundo grado
y en asambleas, a mano levantada, lo que garantiza el control de los comisarios
del PSUV. La propiedad privada también es colocada en la picota.
Uno de
los objetivos de la comuna consiste en combatir el ‘espíritu capitalista’ y
sustituirlo por el ‘espíritu socialista’. Con ese fin, se estimulará la
‘propiedad social directa’, Arts. 56 y 57.
La
Ciudad Comunal es un proyecto diseñado para desmontar la descentralización, tal
como esta fue diseñado por la Copre hace un poco más de tres décadas. Las
gobernaciones y los municipios quedan anulados. En la práctica perderían
toda importancia. Maduro retoma los conceptos contenidos en la ‘Nueva
Geometría del Poder’, proclamados por Hugo Chávez en 2007. Se empodera a los consejos
comunales dotándoles de recursos financieros e, incluso, de una policía comunal
-versión venezolanizada de los CDR cubanos- cuya misión real consiste en espiar
a los opositores del socialismo; es decir, del gobierno.
Más
que contribuir a crear un Estado comunal, el proyecto introducido en la AN se
dirige a armar un Estado descomunal, más autocrático y centralista que el
existente en la actualidad. A través de las ciudades comunales se atomiza
la fuerza de la ciudadanía. Se le fragmenta en miles de microorganismos, administraciones
las instituciones regionales (gobernaciones) y locales (municipios) se
debilitan, y la cúspide del Estado (el Ejecutivo) se fortalece. El
Presidente pasa a ser omnipresente y omnipotente.
La
ciudad comunal agravará todos los problemas existentes en el país. No es
una solución al déficit de los servicios públicos, sino un costoso y dañino
capricho del régimen. Un guiño a los sectores más radicales del
oficialismo, que acusan a Maduro de neoliberal. No le auguro un destino
luminoso a ese desatino. Sin embargo, está allí. Pronto podría ser
aprobado por la AN, especialmente si la obtiene obtiene un buen número de
gobernaciones y alcaldías. Conviene desenmascararlo y enfrentarlo desde
ahora. ¡No a las ciudades comunistas!
Trino Márquez
@trinomarquezc
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