Carolina Alcalde 07 de julio de 2021
@caroalca
Expertos
estiman que informe de Bachelet reitera que la persecución a las ONG continúa
siendo una realidad presente en Venezuela.
Activistas
de derechos humanos aseguran que la actualización oral sobre violaciones a los
Derechos Humanos en Venezuela, presentada el lunes por la Alta Comisionada de
la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que la persecución
sistemática a las ONG que denuncian las violaciones a los derechos
fundamentales no ha cesado.
A
juicio de Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, el hecho de que
Bachelet haya solicitado el respeto a los derechos humanos de los tres integrantes
de la ONG FundaRedes detenidos el viernes, deja en evidencia que
las “fallas estructurales” del Gobierno venezolano y las violaciones a los
derechos humanos continúan siendo una realidad.
“Pone
de manifiesto la falta de sustento fáctico de el maquillaje institucional que
el Ministerio Público había intentado realizar en días pasados para hacer ver
que en Venezuela el sistema de justicia funciona y que sanciona a los
responsables de los derechos humanos, todo para que la fiscalía
de la Corte Penal Internacional cierre el examen preliminar
venezolano”, sostiene.
Para
Juan Francisco García, coordinador de FundaRedes en Apure, el pronunciamiento
de Bachelet sobre la detención de los activistas fue “muy débil” y considera
que “falta mucha presión internacional” para que las cosas sean distintas en
Venezuela.
“De
nada sirven todas las leyes internacionales, las medidas internacionales si no
se cumplen. El derecho internacional y las instituciones democráticas tienen
que voltear la mirada y tomar acciones contundentes contra este régimen que día
a día nos oprime y que es capaz de todo”, dijo a VOA.
Previamente,
Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, había asegurado que,
si bien el informe ratifica que en el país continúan violándose
sistemáticamente los derechos fundamentales, a su juicio, el organismo sigue
siendo “tímido” en cuanto a definir y rechazar claramente la existencia de
presos políticos en el país.
“Yo
creo que la diplomacia no puede servir para de alguna forma promover la
impunidad y que se multipliquen los perpetradores”, expresó.
En tanto,
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, a través de un comunicado,
rechazó el contenido del informe al que calificó de “falaz” y “tendencioso”.
“Este
informe es el resultado de una Resolución impulsada por un minúsculo grupo de
gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, que
se complotaron para satisfacer la política de “cambio de régimen” impulsada por
los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela”, destaca el texto.
La
cancillería agregó que el gobierno venezolano “ratifica su voluntad de mantener
canales de comunicación y diálogo” con la Oficina de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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