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domingo, 6 de agosto de 2017

Bajo la ilegitimidad y el fraude se funda el Estado totalitario por @silvamichelena


Héctor Silva Michelena


Según la Constitución de 1999, la ANC tiene por objeto “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Transformar significa hacer cambiar de forma a alguien o algo, trasmutar algo en otra cosa. Según la carta magna de 1999, “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Establece, además, en sus Principios Fundamentales que “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

La inconstitucionalidad, de esa ANC convocada por el presidente Maduro, ha sido demostrada hasta la saciedad por nuestros mejores constitucionalistas, por los juristas de la Comunidad Internacional, y, nada menos que por el Ministerio Público, que “estará bajo la dirección responsabilidad del fiscal o la fiscal general de la República… Sus atribuciones, establecidas en el artículo 285 son claras, entre ellas: “Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los caso en que para intentarla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley”; intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, militar, administrativa  o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de su funciones”. Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio del derecho y las acciones que corresponden a particulares o a otros funcionarios.

La fiscal, y otros abogados, intentaron estas acciones, después de comprobar que la convocatoria unilateral y directa, hecha por el presidente, burlaba la opinión del soberano –el pueblo– al no consultarle su opinión mediante el referéndum consultivo, establecido en el artículo 71 de la Constitución, según el cual el  mismo  es obligatorio en las materias de especial trascendencia nacional”. ¿Hay algo de mayor trascendencia nacional que transformar el Estado y crear u nuevo orden jurídico, una nueva Constitución, es decir, nuestra máxima institución, nuestro contrato social, que pauta todos los derechos y obligaciones de nuestra nación, y los derechos y obligaciones con la comunidad internacional? Por si fuera poco, también unilateralmente, el Ejecutivo estableció unas bases comiciales que atentan contra el sufragio libre, universal, directo y secreto, donde “la ley garantizará el principio de personalización del sufragio y la representación proporcional”. Al establecerse arbitrariamente dos tipos de votaciones, la territorial y la sectorial, se viola no solamente la universalidad del sufragio y su personalización, sino que se obvia un principio fundamental de la carta magna: la del “Estado Federal descentralizado”.


¿Qué es un Estado Federal? El Federalismo es una forma de organización del Estado que se origina por la integración de Estados independientes, este es el sentido clásico del término Federalismo, sin embargo, hoy además se admite como una categoría de Estado Federal, aquel en el que se reconoce autonomía política a las regiones que integran un Estado Unitario. Es un proceso a la inversa, en el cual el Estado Federal surge por la integración de Estados independientes; en el segundo se parte de un Estado Unitario en el que da autonomía a entidades locales que pueden denominarse Estados. Siendo la autonomía, un principio fundamental del Estado Federal, la noción de federalismo implica entonces en ese tipo de Estado federal unitario como el nuestro, que se prevea una distribución del poder político hacia las regiones, municipios y estados. Este principio fue violado por el CNE y el Ejecutivo, y ya habían sido aprobados por un TSJ abiertamente ilegítimo: sus magistrados no reúnen los requisitos que exigen los artículos 264 y 265).

El fraude, variado en sus formas, fue denunciado por los técnicos electorales Vicente Bello y Félix  Arroyo, quienes aseveraron que el gobierno aprovechó la falta de auditorías y controles en las elecciones a la asamblea nacional constituyente para “inventar” e “inflar” los 8.089.320 electores que, según el Poder Electoral, participaron en la consulta y que equivalen a 41,53 % del registro electoral. “Simplemente se acomodó la cantidad de votos”, señaló Arroyo.

Tanto Bello como Arroyo destacaron la ausencia de las casi 20 auditorías que se realizaban en otros comicios. Bello indicó que la cifra de participación que manejaba la Mesa de la Unidad Democrática era de 2.483.073 electores, equivalente a 12,4 % del RE, mientras que la firma de inversiones Torino Capital, que algunos ubican como cercana a un sector del chavismo, estimó que esta ascendió a 3,6 millones de ciudadanos, lo que es igual a 18,5 % del padrón. Ambas cifras son más cónsonas con las pocas colas que se vieron en los centros de votación el domingo.

El registro electoral no fue auditado, sin contar con los otros siete “registros sectoriales” que fueron elaborados por el Consejo Nacional Electoral en apenas días, sin control de ningún tipo. Además, el CNE abrió la puerta al voto múltiple, a lo que se suma que no había testigos independientes que pudieran denunciar la ocurrencia de irregularidades. “El sistema de totalización no fue auditado y no se sabe cómo funcionó. No se señaló cómo van a garantizar la participación de personas en el caso de los sectores, cómo se impedía que una persona votara en más de un sector. El ente comicial ni siquiera dio el porcentaje sobre el cual ofrecieron los resultados a la medianoche de este domingo.

En un demoledor pronunciamiento, hecho el 2 de agosto, Smartmatic, la empresa encargada del conteo de votos electrónicos en Venezuela, desestimó los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral en las elecciones de la asamblea nacional constituyente del pasado 30 de julio y alegó que fueron manipulados. El principal jefe ejecutivo de esa empresa, Antonio Mugica, afirmó durante una conferencia en Londres: “No podemos garantizar resultados de la constituyente, creemos que la data para la elección fue manipulada”. De acuerdo con Mugica, existiría al menos una diferencia de 1 millón de votos menos en el resultado final de los participantes en el proceso electoral. Además, le atribuyó la posible manipulación a la falta de auditores de la oposición venezolana.

 Y agregó: "Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de electores”. Mugica dijo al portal de noticias BBC Mundo que los integrantes de la empresa estuvieron los dos últimos días analizando los resultados y que no tienen ninguna duda de que hubo manipulación. Asimismo, reveló que nunca discutió con la autoridades del CNE sobre sus dudas ni sobre la conferencia de prensa. "No sentimos que alertar a las autoridades del CNE antes de hacer esta declaración fuera lo correcto. Pensamos que a las autoridades no les iba a gustar lo que teníamos para decir".

La Fiscalía solicitó a tribunal de control anular instalación de la ANC, la medida está fundamentada en la presunción de delito durante el proceso electoral, tras denuncia de Smartmatic. En relación con esta nueva acción emprendida por el Ministerio Público, la noche de este miércoles la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó sobre la conformación de una comisión integrada por dos fiscales para investigar el “fraude constituyente”. La fiscal informó lo siguiente en el programa Conclusiones de CNN en Español: "Designé dos fiscales para investigar a estas cuatro rectoras del CNE por este hecho tan escandaloso (...) Pedimos que se haga auditoría con expertos nacionales e internacionales".

¿Por qué digo que se fundará un Estado totalitario? ¿Qué es el totalitarismo? El totalitarismo es una forma de Estado, es decir, una forma de organizar los componentes de un Estado (territorio, población, gobierno, poder, justicia). El totalitarismo no es simplemente una forma de gobierno, una organización en cuanto a las personas que ejercen el poder, es toda una forma de Estado. Como forma de Estado es de tipo no democrática y se caracteriza al igual que el autoritarismo en la falta de reconocimiento de la libertad y los derechos del hombre. Sin embargo, se diferencia del autoritarismo en que en el totalitarismo existe una negación de la libertad y los derechos individuales, desconociendo además la dignidad de la persona humana. El totalitarismo solo puede entenderse como la forma de dominación total específica de la sociedad moderna. Solo aparece cuando las fuerzas sociales son ahogadas y sometidas a la opacidad. Representa un proyecto de unificación, de fusión de la sociedad con el Estado, un intento de dominio sin límites y sin derechos.

Considera el Estado como un fin en sí mismo, y por tanto lo maximiza, y debido a que el poder existe para el fin de las cosas, si consideramos al Estado un fin, estos dos componentes de la política son correlativos, como consecuencia un Estado más grande nos da un poder más grande. Así, el poder del Estado totalitario lo puede todo porque el fin lo abarca todo. Mussolini graficó esto en el eslogan "todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado". No es ya el Estado para el hombre, sino el hombre para el Estado. El totalitarismo, en sus formas clásicas, el régimen de Hitler, el de Mussolini y el régimen ruso durante la vida de Stalin, fue una dominación instituida a partir de una interpretación delirante de la realidad y que utilizaba como media la movilización social y el terror masivo. Todos encarnaban proyectos de dominio total sobre la sociedad.

Porque todo apunta a que la nueva Constitución incluya casi todo lo rechazado en referéndum popular en la reforma propuesta por Chávez en diciembre de 2007, luego pasadas como “leyes orgánicas”, en virtud de las leyes habilitantes otorgadas al entonces fallecido presidente, conocidas como leyes del poder popular, decretadas desde el 17 de diciembre de 2010 hasta el 21 del mismo mes y año. Allí, en el Plan de la Patria (convertido en ley), y en el Instructivo del PSUV, emitido a principios de julio, se dice que “la ANC crea el Estado Comunal, que la base del poder es el poder popular, que para elegir los venezolanos deben formar parte de las comunas, que logrará la nueva geometría del poder, para desbaratar las alcaldías y gobernaciones corruptas, y con la participación absoluta del Estado en la inversión privada, “para evitar desvíos”.

En definitiva, la locura de reimplantar al Gran Hermano. Que George Orwell retrató muy bien en libro 1984. Con el carnet de la patria, y su código QR, lo dijo no hace mucho el dictador Maduro, “sabremos todo de todos, hasta si una mujer está embarazada”.

Nosotros, como individuos, seremos irremisiblemente absorbidos por la comunidad, donde seremos transformados en nuestros propios fantasmas. Mas recordemos: mientras hay vida y voluntad, hay esperanza.

05-08-17

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/bajo-ilegitimidad-fraude-funda-estado-totalitario_197216