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lunes, 7 de agosto de 2017

PRIMERA PRUEBA CON LA ASAMBLEA INCONSTITUCIONAL, por Humberto García Larralde



Humberto García Larralde 06 de agosto de 2017

Una de las implicaciones del fraude groseramente perpetrado el domingo pasado contra la República es que pone al descubierto que los que quedaron en la asamblea inconstitucional no fueron en verdad electos por quienes acudieron a votar. Si estos no pasaron de 3 millones, los 5 millones de votos que añadió Tibisay borró totalmente la relación entre elector y elegido. ¿Cuáles votos designaron a qué delegados? Emerge como probabilidad realista que la asamblea estuviese previamente designada por las mafias que controlan el poder y que se estafó abiertamente a los escasos electores que se presentaron. Sus consecuencias son perversas.

Además de haberse violado los artículos 5, 63 y 347 de la Constitución -entre otros- que señalan que la soberanía reside en el pueblo, que solo éste puede convocar a una Asamblea Constituyente y que el sufragio debe ser siempre libre, universal, directo y secreto, tal designación entierra definitivamente toda pretensión de legitimidad para la asamblea espuria. Pero el fascismo se empeña, de todas maneras, que ésta disponga de poderes supra-constitucionales para hacer y deshacer.

Nicolás Maduro se ha transformado en dictador, pero no le ha resultado fácil. Ha pagado un costo político elevado por su violación masiva de derechos humanos, el asesinato de más de un centenar de manifestantes en los últimos cuatro meses, y por desconocer a la Asamblea Nacional, además de su aquiescencia con el saqueo del país. Es decir, los remanentes del Estado de Derecho, ante una opinión pública nacional e internacional que exige su cumplimiento, lo obligó a incurrir en subterfugios para intentar cobijar el escamoteo de sus preceptos. Pero ahora, una asamblea inconstitucional sacado de la chistera por los capos que controlan el poder pretende pasarle la aplanadora al país sin siquiera molestarse por aparentar su apego a la ley, ¡a cuenta de que se arroga unilateralmente ser plenipotenciaria! Un asalto aún más vulgar a la institucionalidad democrática que la ejercida hasta ahora.

Debe rechazarse tajantemente cualquier decisión que pretenda imponer esa asamblea inconstitucional. No es que las fuerzas democráticas deben “lidiar con una asamblea con la cual discrepa en cuanto a su legitimidad”, como si eso fuese un asunto a aclarar. No. Esta asamblea simplemente no existe en términos legales y no tiene legitimidad ni potestad alguna para hacernos creer que sus decisiones deban ser acatadas. Como se ha repetido hasta el cansancio, el pueblo venezolano debe acogerse a lo dispuesto en los artículos 333 y 350 de la Constitución, que rezan, respectivamente:

(art. 333) “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”  

(art. 350) “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”

La desobediencia civil reside precisamente en eso, en desconocer órdenes o decisiones ilegítimas que violan los preceptos básicos sobre los cuales se sustenta la convivencia democrática. El liderazgo opositor pagó muy caro la pifia de no haber respondido de inmediato y de manera contundente a la designación fraudulenta de leguleyos fascistas en el Tribunal Supremo, quienes prostituyeron sus funciones a favor de las mafias que controlan el poder. Creyó que podría dirimir este conflicto apelando al derecho, pero con los mismos farsantes que lo habían secuestrado. Y mira el terrible daño que han hecho. Ese tsj es responsable directo de las lamentables muertes de decenas de ciudadanos que protestaban por que éste les negó sus derechos a una salida pacífica, constitucional y electoral. No se puede hacer lo mismo ahora. Debe rechazarse toda pretensión de legitimidad de la asamblea espuria. Esto tiene, incluso, connotaciones de lenguaje muy precisas. No se puede hacer referencia a una Asamblea Constituyente, aun para descalificarla, porque no es tal. Es una asamblea inconstitucional y así debe ser referida.

Toca blindarnos, detrás de un liderazgo resuelto, en el desacato de toda disposición que nos intenten imponer salida de ese cuerpo. Si la defensa del orden constitucional es la base de las alianzas que deben construirse entre venezolanos demócratas para derrotar a la dictadura, no podemos transigir cuando ésta se violenta tan descaradamente. Esto envuelve riesgos personales. Pero la única fuerza que tenemos en este momento -además del apoyo internacional cada vez más comprometido- está en rechazar, como un sólo ser, los atropellos y arbitrariedades del fascismo. Hagamos inviable, inoperante, su pretensión totalitaria negándonos a obedecer. Inspirémonos en Gandhi, que tantos gustan invocar.

Al respecto, ya se ha presentado la primera prueba a la que debemos someternos: la destitución ilegal y abusiva de la Fiscal General por parte de esa asamblea espuria y la imposición de otras sanciones (inhabilitación, prohibición de salida) por quienes se arrogan la jefatura del poder judicial. Además de la defensa resuelta de la Fiscal, no debe dirigirse gestión alguna relacionada con sus atribuciones a quien pusieron en su reemplazo. La fiscalía, para los demócratas, seguirá estando en manos de Luisa Ortega Díaz hasta que los mecanismos constitucionales existentes dispongan otra cosa. Entre paréntesis, ¿se ha visto cosa más absurda que designar a quien funge de defensor -Tarek Saab- también comoacusador (fiscal)? Sólo es posible bajo el totalitarismo. Definitivamente, Tarek carece de personalidad, dignidad, de principios y de amor propio.

Para el dictador Maduro, la asamblea inconstitucional iba a asentar la paz en el país. Pero la primera decisión que toma es ésta. Por demás, quien resultó electa como presidente -dotada, según las aspiraciones totalitarias, de más poder que el propio Maduro- no es precisamente alguien que se ha destacado por su ponderación y disposición a la paz, al encuentro con el otro, al entendimiento.

Debe recordarse -y me perdonan por lo reiterativo- que para el fascismo la política es una guerra. No reconoce freno moral, ético, legal ni político a la hora de atropellar. Cede y negocia sólo ante razones de fuerza. No caigamos en la ilusión, porque la razón constitucional y ética está de nuestro lado, de que podamos convencer a los Diosdado y los Maduro de que desistan de su impostura despótica. Es menester forzar a que desistan, encontrando la forma de que sus pretensiones se hagan inviables y que tengan que pagar un alto costo político por quererlas imponer. Estrechar el apoyo internacional para aislar aún más al régimen, consolidar acuerdos con el chavismo democrático y formular propuestas claras a la Fuerza Armada para que se inhiba de prestarse a la imposición represiva de los diktats de la asamblea espuria y defienda la constitución, debe marcar las acciones de la oposición en el futuro inmediato. Decenas de miles de militares que formaron parte del Plan República son testigos de que pocos fueron a votar y que la jornada resultó un fraude descomunal.

En esta estrategia, no puede abandonarse los espacios de lucha disponibles. Las fuerzas democráticas deben inscribirse para las elecciones regionales y dar la pelea para que éstas se den debidamente, en forma imparcial, acorde con el ordenamiento constitucional. Pero esto es asunto de otras reflexiones.