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jueves, 10 de agosto de 2017

Respaldo a la AN y a la fiscal Ortega Díaz en Declaración de Lima adoptada por 12 países por @julepineda


Por Julett Pineda Sleinan


Cerca de seis horas estuvieron reunidos los cancilleres y representantes de 17 países en la ciudad de Lima (Perú) para debatir las medidas conjuntas que tomará la región frente a la crisis en Venezuela. Una vez finalizado el encuentro de este martes, 8 de agosto, los diplomáticos presentaron la Declaración de Lima, un documento suscrito por 12 naciones en el que manifiestan su apoyo a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 y a la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú firmaron la declaración y se comprometieron a “explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela a través de una salida pacífica y negociable“.

Entre los 16 puntos contemplados en la declaración, los países manifiestan su “pleno respaldo y solidaridad” a la Asamblea Nacional de mayoría opositora y señalan que los actos jurídicos que requieran autorización de este organismo serán reconocidos únicamente si éste los aprueba.

En otro punto, se condena la ruptura del orden democrático en Venezuela y se declara que los países firmantes no reconocerán la Asamblea Nacional Constituyente instalada el pasado viernes, 4 de agosto.

Los países manifestaron su apoyo y solidaridad a los trabajadores del Ministerio Público (MP) y a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien fue sustituida en el cargo por el exdefensor del Pueblo, Tarek William Saab, luego de que la ANC lo designara como titular temporal del MP. También pidieron que se apliquen las medidas cautelaresemitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


“Condena la violación sistemática de derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”, indica otro de los puntos de la declaración. También se rechaza el uso de la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza por parte del Estado.

Los 12 países apoyaron la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela del organismo en la aplicación del protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático que debía asumir el país.

El documento finaliza con el compromiso de los representantes y cancilleres de hacer seguimiento a la situación en Venezuela “hasta que sea restablecida la democracia” y celebrar otra reunión, a más tardar, en la próximo sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También manifiestan su apoyo “a esfuerzos de negociación creíbles y de buena fe”, que cuenten con el consenso del Gobierno y la oposición.

A continuación el texto transcrito:

Declaración de Lima, 8 de agosto de 2017

Los Cancilleres y Representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reunidos en la ciudad de Lima, el día 8 de agosto de 2017, para abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada;

Animados por el espíritu de solidaridad que caracteriza a la región y en la convicción de que la negociación, con pleno respeto de las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, el cual no atenta contra los derechos humanos y la democracia, es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias;

Declaran:

1. Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.

2. Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.

3. Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa.

4. Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.

5. Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.

6. Su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y con los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

7. Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.

8. Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

9. Su seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano.

10. Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.

11. Su apoyo a la decisión del MERCOSUR de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.

12. Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.

13. Su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas.

14. Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.

15. Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países.

16. Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.

Lima, 8 de agosto de 2017

08-08-17

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