Gobierno contra Estado

Por Luis ugalde

En momentos la política se convierte en puro baile de disfraces. Fidel Castro acaba de confesar que desde muy joven era marxista leninista; se puso un disfraz democrático para no asustar y conseguir el apoyo de la población hasta controlar el poder. Hoy Castro, al confesar que este tipo de socialismo marxista es comunismo, desenmascara al régimen venezolano que quiere ocultarlo bajo un “socialismo” bolivariano y cristiano.

En todo régimen comunista se confunden Estado, Gobierno y partido único; uno mismo es el jefe de los tres, como en Cuba durante el último medio siglo y en Venezuela hoy.

Lo contrario exige la democracia en la que es clave la distinción de Estado, Gobierno y partidos. El Estado es una realidad jurídica superior que expresa el pacto social de los ciudadanos para buscar el bien común. La Constitución, expresión suprema de la sociedad y de su Estado, está por encima del Gobierno; en ella estamos representados todos de manera permanente. Los gobiernos, en cambio, son mandaderos elegidos temporalmente por los ciudadanos, con atribuciones limitadas y ajustadas al derecho constitucional. La sociedad juzga, evalúa y sanciona a los gobiernos a la luz de la Constitución, y viceversa.

En Venezuela hemos heredado la peligrosa manía de llamar estatal a lo gubernamental. Cualquier ciudadano es acusado de atentar contra la Constitución por el hecho de no coincidir con el gobierno o con alguno de sus funcionarios. Se judicializa y criminaliza toda crítica al gobierno y los opositores son “conspiradores” y “delincuentes”, con cárcel o exilio como destino.

En USA habitualmente no es responsabilidad del Estado tal o cual asunto de gobierno, sino de la “administración Obama” o de la “administración Bush”. Los españoles hablan del Estado español, como algo distinto del “Ejecutivo” o del gobierno central y de los gobiernos autonómicos. Oponerse al Gobierno es normal, pero enfrentar al Estado es delito y los conflictos se resuelven con la autoridad de la Constitución.

Hace siglo y medio, las tempranas discusiones marxista llegaron a la conclusión de que el Estado burgués no es convertible en Estado proletario, sino que debe ser destruido en su economía, orden jurídico, fuerza armada y aparato ideológico. Pues bien, en Venezuela estamos en esa delicada transición destructiva.

La gran mayoría de los gobiernistas no es marxista, pero en la actual etapa está mandando una fracción radical convencida de que si no destruyen pronto todo el orden burgués (es decir la democracia, la sociedad y la economía plurales) el “proceso” está sentenciado de muerte. El Presidente un día proclama este camino y meta y otro día lo niega y oculta para no asustar. La Constitución bolivariana, con sus artículos 2 y 3 (y otros) es un obstáculo para una revolución marxista-estatista. Un “revolucionario” marxista considera que esos derechos humanos, la Constitución, la separación de poderes, la iniciativa y propiedad privada, son burgueses y carecen de valor moral; el valor absoluto es la “revolución”. Ni lo legal ni lo constitucional tienen importancia, pues el “proceso” no se legitima por su origen, ni por sus modos legales, sino por sus fines de felicidad total. El régimen fracasó en el referéndum de 2007 para cambiar la Constitución, pero continúa haciendo leyes anticonstitucionales y aplica de facto medidas hacia el total control estatista-partidista. El partido, la Asamblea Nacional, las instancias judiciales… no son más que “correas de transmisión” de la visión y de la voluntad del jefe supremo que encarna la felicidad del pueblo.

Según esta “vanguardia lúcida”, lo prioritario no es hacer buen gobierno con economía más productiva y equitativa, educación de calidad, medios de comunicación libres y socialmente responsables, sino destruir el viejo orden, eliminar toda capacidad de resistencia y asegurar que ya no haya marcha atrás; destruir el Estado desde el Gobierno, desde la dictadura “proletaria”, que es buena porque abrirá el camino al paraíso. El Gobierno tiene que acabar con el Estado democrático constitucional y eliminar los focos de resistencia para luego levantar el paraíso de la felicidad.

Por eso para los demócratas la elección del 26 de septiembre tiene una trascendencia inmensa en esta encrucijada decisiva.

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