Cerco rojo (y verde)

Por Oscar Lucien
15 Abril, 2011

La abusiva cadena del pasado 13 de abril, inconstitucional en sentido estricto, violatoria del ordenamiento que prohíbe a los funcionarios públicos favorecer parcialidades políticas y la ley sobre la corrupción, con la chocante imagen y el agravante de las botas militares pisoteando lo establecido en el artículo 328 constitucional, me llevó a la relectura de un breve capítulo del libro Cerco rojo a la libertad de expresión titulado: “El año que vivimos en peligro (abril 2002)”, que comparto con los amables lectores que siguen esta columna.

En la tarde del 11 de abril de 2002 una imponente manifestación cívica que avanza hacia el centro de Caracas con el propósito de expresar su protesta ante el Palacio de Miraflores es atacada a tiros.

En medio de la confusa situación generada por los disparos, por la actuación de la Policía Metropolitana, por los grupos oficialistas armados y otros cuerpos de seguridad, por la presunta actuación de francotiradores (tanto el Gobierno como la oposición denuncian la presencia de tales asesinos), el Presidente de la República impone una cadena de radio y televisión que niega la posibilidad a la ciudadanía de un libre acceso al conocimiento de lo que efectivamente estaba ocurriendo en el centro de Caracas: “He tomado la decisión, cuando falta (sic), según mi reloj, 15 minutos para las 4:00 de la tarde, de convocar esta cadena nacional de radio y televisión para enviar un mensaje a todos los venezolanos…”, anuncia el jefe del Estado. Esta providencia del Presidente privó a la ciudadanía del acceso a fuentes diversas y plurales para formarse un criterio cierto de lo que efectivamente estaba ocurriendo en ese momento. Como contrapartida, los canales privados de televisión deciden partir la pantalla en abierto desacato a la imposición de la “verdad” oficial.

En las horas siguientes, hasta el día 13, se suceden una cantidad de eventos que colocan a los medios, oficiales y privados, en el ojo del huracán del profundo y esencial compromiso con las garantías de la libertad de expresión y del derecho a la información de los ciudadanos: constatación de una masacre pública, presunta renuncia del Presidente, gobierno de facto, vuelta al poder del Presidente. Y, aunque al pasar del tiempo unos y otros han tímidamente reconocido los errores cometidos en tan críticos momentos, es indudable que no se han procurado las condiciones adecuadas, las garantías y la serenidad para una evaluación descarnada y sincera que nos permita consolidar esos pilares fundamentales de la vida en democracia: imparcialidad, transparencia y libre acceso a la información.

Las condiciones en las cuales durante esos agitados días los medios de comunicación se privaron de dar información a los venezolanos, por imposibilidad técnica operativa para realizar la cobertura, por la intimidación, por amenazas y agresiones reales, por autocensura, por la sobrevaloración de los riesgos, por sesgo político, constituyen todavía aspectos de la controversia política actual. ¿Con qué derecho y sobre qué legitimidad el Presidente impuso la mencionada cadena? ¿Quién, con qué legitimidad y con qué derecho autorizó la salida del aire de VTV, canal oficial? ¿Por qué los medios de comunicación privados no informaron adecuadamente sobre las contingencias de la vuelta al poder del presidente Chávez? Y aunque en la propia prensa de la época podemos encontrar pistas para el abordaje de tales interrogantes, es insoslayable relanzar el compromiso con los valores esenciales de la democracia: libertad de expresión y derecho a la información.

¿Por qué el reclamo de todos los venezolanos de una auténtica comisión de la verdad, constituida de acuerdo con los parámetros internacionales, independiente ha sido tan obstinadamente desatendida por el Gobierno durante estos largo nueve años? La comisión especial que ahora se saca de la manga la fiscal Ortega Díaz para investigar hechos del 11-A en cuanto a medios se refiere, a contracorriente de experiencias válidas y fructíferas en otros países, no puede ser vista sino como parte del sistemático cerco a la libertad de expresión y las limitaciones al derecho a la información de los venezolanos que hemos tratado de sistematizar en Cerco rojo a la libertad de expresión.

Una mirada retrospectiva de estos once años de gobierno puede mostrar que estamos ante un plan que se ha ido tejiendo amañadamente hasta el momento en que se anuncia a viva voz la pretensión oficial de la hegemonía comunicacional.

Las abusivas 2.125 cadenas presidenciales que hasta diciembre de 2010 coparon el espectro radioeléctrico con un mensaje único y cerraron virtualmente todos los medios de comunicación son expresión palpable del cerco que denunciamos

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