Transparencia en la gestión pública, información pública y participación ciudadana

Por Carlos Romero Mendoza

La XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en el año 2009 reconoce a través de su declaración final que la información pública debe estar al servicio de los ciudadanos para así garantizar el principio de la transparencia en la gestión pública y además destaca en su contenido, que debe ser éste el principio que oriente la relación que existe ente la Administración Pública y los Ciudadanos.

El documento final de la XIX Cumbre se tituló Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y en su contenido se reconoce que el acceso a la información es un derecho que sustenta el adecuado funcionamiento de la democracia puesto que es condición para garantizar otros derechos y, en particular, el de participación ciudadana en la gestión pública. En consecuencia, se presenta al principio de transparencia en la gestión pública como uno de los requisitos indispensables para la participación ciudadana.

Para garantizar la transparencia en la gestión pública los Estados Iberoamericanos han quedado obligados en ese documento oficial a promover mayor participación ciudadana a través de la máxima divulgación de la información pública, para ello se han comprometido expresamente a crear sistemas de organización y producción de información básica sobre su gestión, para entonces así, facilitar esa participación sin obviar que en esa estrategia las tecnologías de la información y la comunicación juegan un importante rol de apoyo.

Es importante destacar que ese sistema de información pública, tiene algunos criterios que fueron señalados de manera clara en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y que exige que la información pública debe ser: veraz, oportuna, sencilla, actualizada, comprensible, completa y de masiva divulgación. Nuria Cunill en su trabajo titulado: La transparencia en la Gestión Pública, ¿Cómo construirle viabilidad?(1) , nos recuerda que “mientras más especializada sea la información menores son las probabilidades que ella sea asequible por la ciudadanía concernida.”

Pero la información pública no se limita al contenido de las políticas públicas sino que también el documento incluye expresamente la obligación de asegurar al ciudadano, vía legislativa, la suficiente información sobre el propio derecho a la participación ciudadana en la gestión pública, su contenido, las formas y procedimientos para su ejercicio y los entes y órganos de la respectiva Administración Pública competente con la que se pueden relacionar para participar.

Así mismo deben las Administraciones Públicas garantizar información sobre los servicios y prestaciones que ofrecen, sus requisitos, condiciones, trámites y plazos de los procedimientos administrativos, así como también los medios para acceder a ellos.

En el contenido de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública se reconoce que el ciudadano para hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública podrá:

1.-Acceder a la información que obre en poder de la Administración Pública, sin que para ello estén obligados a demostrar algún tipo de interés en particular.

2.-Acceder a los archivos y registros de la Administración Pública.

3.-Ser asistidos en su búsqueda de información.

4.-Recibir la información solicitada en los plazos máximos establecidos en las normas respectivas.

5.-Recibir la información de una forma o en un formato accesible para quien la solicita.

6.-Conocer las razones por las cuales no se otorga en su totalidad o de manera parcial la información requerida y en el formato adecuado.

La protección jurídica al acceso a la información pública, permite crear reglas de juego claras en la relación entre Administración Pública y Ciudadanos, para así promover mayor confianza en la gestión pública y generar mecanismos que impulsen a los ciudadanos a informarse e involucrarse más en los asuntos públicos. La confianza del ciudadano en la gestión pública es un elemento esencial para sostener la democracia y construir en ella una ciudadanía responsable que asuma la participación como una tarea permanente.

La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública es una extraordinaria contribución política de los jefes de estado y de gobierno en Iberoamérica porque han plasmado allí una serie de lineamientos aprobados oficialmente por los propios Estados con los cuales se aspira a fortalecer la participación ciudadana a través del principio de transparencia en la gestión pública. Luego de este documento queda que tanto Administración Pública como Ciudadanos hagan uso de sus derechos y deberes para ir consolidando una cultura participativa en la cual la transparencia sea la base fundamental de esa relación.


Referencia:
(1) CUNILL, Nuria. La transparencia en la Gestión Pública, ¿Cómo construirle viabilidad?. En :Estado, gobierno, gestión pública: Revista Chilena de Administración Pública, Nº. 8, 2006 , págs. 22-44. Recuperado el 20 de enero 2011 en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2315250