¿Comunicación del Poder Popular?

Por Oscar Lucien, 9/12/2011

La introducción del proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular (sic) en la Asamblea Nacional en nada se diferencia de otras propuestas del gobierno del teniente coronel Chávez, y, por el contrario, confirma lo que es imposible dudar que forma parte de la estrategia legislativa oficialista: hacen circular un proyecto apócrifo sobre el tema propuesto en el cual se expresa lo medular del asunto en sus términos más radicales para luego ser desmentido alegando que se trata de un borrador, o de una de las versiones preliminares ya corregidas. Poco después aparece la versión oficial, previo tratamiento cosmético, en la cual se han maquillado los apartes que han causado más preocupación en la colectividad y han edulcorado los artículos más criticados pero en lo esencial se mantiene el propósito y naturaleza del proyecto jurídico: autoritario y centralizador aunque bajo el manto de la retórica democratizadora.

Para detenernos sólo en el campo de la comunicación, así ocurrió con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, con el frustrado anteproyecto de Ley de Delitos Mediáticos, y es lo que ocurre ahora con el proyecto de la así llamada Ley de Comunicación para el Poder Popular.

Con lo difícil que significa expresar una opinión fundamentada sobre este proyecto, que adolece de la mismas maniobras de cambios y modificaciones de artículos y de exposición de motivos, adelanto una versión sumaria del punto de vista que me han solicitado en otros medios tratando de puntualizar cuáles serían los aspectos esenciales que un proyecto de esta naturaleza, desde una perspectiva verdaderamente democrática, no podría eludir.

En primer lugar, el proyecto salda una mora de más de diez años de acuerdo con el mandato del La ley Orgánica de Telecomunicaciones: "El Estado promoverá la existencia de estaciones de radiotelevisión sonora y abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, como medios para la comunicación y actuación, plural y transparente, de las comunidades organizadas...".

En tal sentido, conceptualmente, la existencia de medios comunitarios ofrece la posibilidad real de una radio-televisión de proximidad, garante del pluralismo, en sintonía permanente con necesidades y expectativas de comunicación que no tienen cabida en los grandes aparatos de la difusión masiva condicionada por otros imperativos, entre ellos la rentabilidad, y mucho menos en los medios públicos, controlados por el Gobierno y sometidos a obscenos dispositivos de propaganda y del culto a la personalidad del Presidente. ¿No es acaso una desgraciada realidad la puesta en marcha de un plan del Gobierno que ha desnaturalizado los medios comunitarios en sus propósitos y objetivos originarios, que sólo reciben apoyo si se alinean con el proyecto político del oficialismo y, en consecuencia, carecen de dos de sus rasgos definitorios: independencia y pluralismo? La propuesta de Ley de Comunicación para el Poder Popular, para consolidar y fortalecer el Estado comunal (sic) y construir el socialismo es contraria a la Constitución, es excluyente y discriminatoria. Un proyecto de ley en esta materia, de motivación democrática, tiene que ser plenamente consecuente con los principios del Derecho internacional para la regulación asociada a la libertad de expresión (principio de no discriminación, derecho de asociación, condicionamientos previos relativos a cobertura y potencia, libertad editorial, independencia financiera, entre otros) y con las recomendaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios: "La diversidad y el pluralismo en la radiodifusión es el principal objetivo de cualquier marco regulatorio de radiodifusión democrático".

A pesar de las contundentes críticas que se han hecho al proyecto de Ley de Comunicación Popular, en lo esencial por ser contrario a la Constitución de la República que consagra el pluralismo, el Gobierno ha amenazado con pasar su aplanadora antes del 15 de diciembre y aprobar en segunda discusión una versión que incluso desconocían los parlamentarios de la alternativa democrática en la AN.

¿Se habrá retomado allí lo contenido en el anteproyecto de abril de 2011sobre la asignación de 33% del espectro radioeléctrico al Poder Popular (sic)? ¿En qué queda lo relativo al financiamiento? ¿Habrá una mención concreta a las limitaciones expresas a la potencia irradiada? ¿Seguirán los medios comunitarios condicionados normativa y financieramente por la Vicepresidencia de la República? ¿Se seguirá hablando en la exposición de motivos de "la canalla mediática nacional"? ¿Comunicación popular o hegemonía oficialista?

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