Un delito de revolución

Por Veneconomía.com, 02/12/2011

Transparencia Internacional presentó esta semana en Berlín el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2011, un índice que desde 1995 mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en los países en estudio. El IPC es un índice compuesto, que se basa en encuestas a expertos, analistas y empresarios. Este año, 182 países fueron evaluados, arrojando la región un pobre resultado, donde sólo tres de las 20 naciones de Latinoamérica aprobaron la evaluación (Chile, Uruguay y Puerto Rico).

Lamentablemente, como ya viene siendo tradicional en estos últimos años, la calificación obtenida por Venezuela sigue siendo “tan mala” como en años anteriores, con 1,9 puntos sobre 10, para ocupar la posición número 172 de 182, bajando ocho escaños del puesto 164 ocupado en 2010. Sólo estarían peor que Venezuela nueve países en el mundo, entre ellos el devastado Haití.

El crecimiento continuo sobre la percepción de corrupción en Venezuela se basa primordialmente en la destrucción de la institucionalidad democrática en el país y en la concentración acérrima de poder en el Ejecutivo Nacional que no rinde cuenta de actuación alguna a ningún otro poder público.

Como explica la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, la situación de Venezuela es preocupante pues “siguen pasando los años y no hay acciones anticorrupción conocidas, institucionales, sistémicas y proporcionales en relación con la debilidad del sistema de integridad y el cumplimiento de la ley y las convenciones internacionales que marcan el deber ser de las políticas de transparencia y que son norma en nuestro país”.

Un ejemplo, de los cientos que existen, del porqué crece la percepción de corrupción en Venezuela, sería el muy opaco manejo que el Gobierno Nacional le está dando a los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de China pagaderos con petróleo. Un endeudamiento que preocupa no sólo por las docenas de millardos de dólares que están hipotecando el futuro de los venezolanos, como tantas veces ha explicado VenEconomía, sino también por la falta de información sobre lo convenido entre las partes. Al país no se le ha informado clara y cabalmente los términos, los plazos, las tasas de interés ni el cálculo del precio del petróleo que contiene el convenio chino-venezolano. Lo poco que se conoce viene por terceras vías o por informaciones no oficiales. Una de ellas, proveniente de Singapur según la cual, petróleo venezolano con el que se está pagando a China se estaría vendiendo con primas sustancialmente mayores a las convenidas en el contrato. Tal vez exista una explicación lógica para estos manejos, pero al no darla a conocer se generan suposiciones de manejos corruptos.

Es la falta de transparencia la que genera la percepción de que en un negocio hay gato encerrado.

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