Venezuela: Los nuevos escenarios y la lucha opositora

ARMANDO CHAGUACEDA 11 DE ENERO DE 2013*

Han pasado 14 años desde que alcanzó su primera victoria, en elecciones presidenciales, el líder venezolano Hugo Chávez y, con esta victoria, llegó la del proyecto bolivariano.

El hastío ciudadano con la corrupción política y la exclusión de los pobres –afectados por políticas neoliberales– constituyó un frente electoral que llevó al teniente coronel a un resonante triunfo ante los otros candidatos.

A partir de ese momento, el nuevo gobierno enfrentó la férrea resistencia de los partidos tradicionales, así como de una alianza de medios de comunicación masivos y clases medias y altas urbanas que apelaron durante 2002 y 2003 a estrategias desestabilizadoras, incluyendo un fallido golpe de Estado, que el gobierno logró capear, remontando las cotas de legitimidad nacional e internacional en sucesivos procesos electorales entre 2004 y 2006.

Para superar los déficit de la IV República (1830-1998), el gobierno de Chávez expandió en Venezuela la participación ciudadana y puso la agenda social en el centro del debate.

Financiadas por la renta petrolera, las políticas sociales crecieron, generando procesos de inclusión de los marginados. Estos elementos, sin duda positivos, coincidieron con la redefinición del marco normativo –nueva Constitución y leyes– y con la recuperación del rol del Estado como agente activo en la vida nacional, delineando los rasgos centrales del proyecto (auto)identificado como “bolivariano”.

Pero desde el 2006, el efecto democratizador del gobierno de Chávez se vio paulatinamente matizado por un creciente personalismo y por la burocratización política. Se consolidó un régimen hiperpresidencialista, una organización política dominante –el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)– y se desarrollaron mecanismos de participación –los Consejos Comunales– que operan como factores de control y de movilización política.

El encumbramiento del liderazgo carismático de Hugo Chávez fue acompañado por el uso discrecional de los recursos estatales, así como por el acotamiento de los otros poderes nacionales, tanto los político-partidarios como los societales (movimientos, organizaciones) y fácticos (medios de comunicación); tanto los identificados con la burguesía como los de actores populares y de izquierda autónomos.

Con la difusión de la idea del “Socialismo del Siglo XXI”, el impulso a una nueva Ley Habilitante que daba al presidente la posibilidad de aprobar decretos con fuerza de ley, la propuesta de reforma constitucional y la creación del PSUV, se produjo un avance de las tendencias autoritarias y estatizantes, particularmente visibles en las instituciones públicas, en el modelo económico y en la arquitectura jurídica de la nación.

La concentración de poderes, que convergen en la figura del presidente Hugo Chávez, apela a una relación líder-masa y a la confrontación con el enemigo (opositores) dentro de una estrategia que tiende a desconocer, cada vez más, la normatividad vigente, incluida la propia Constitución. Y que conlleva la instrumentalización de la justicia, el control y vigilancia sobre los medios de comunicación y graves retrocesos en el respeto a los derechos humanos. Se restringen también, dentro de las propias filas bolivarianas, las opciones para disentir y participar en la construcción del proceso, con constantes apelaciones al léxico militar (batalla, campaña, misiones) y a los estilos de “ordeno y mando” implementados dentro de la estructura vertical del chavismo y su comandante-presidente.

El Poder Ejecutivo, con el auspicio de la bancada oficialista que controla la Asamblea Nacional, ha ido imponiendo, de 2008 a la fecha, una serie de decretos que retrotraen los avances en materia de descentralización y enajenan competencias de otros poderes públicos, con la intención de erosionar la base material de los gobiernos regionales opositores y garantizar el control y la lealtad de aquellos dirigidos por cuadros chavistas.

En realidad, esto significa la sustitución de un régimen democrático que permite la representación plural de identidades políticas y preferencias ciudadanas por un esquema piramidal de baja calidad participativa, que incrementaría el control material, político e ideológico del gobierno nacional no sólo sobre los poderes locales, sino también sobre cualquier forma de organización autónoma ciudadana, sea adversaria o aliada.

Así, aunque se preserva una anatomía democrática (elecciones, oposición, prensa libre) ésta va siendo sustituida por una fisiología autoritaria que contradice, sin suprimirlos, los fundamentos mismos de la soberanía popular.

La oposición: balance y retos

Frente a estos escenarios es interesante explorar cual ha sido (y será) el papel de la oposición. Si tomamos como referencia las coyunturas abiertas por las victorias oficialistas en los procesos electorales del último trimestre de 2012 (presidenciales del 7 de octubre y regionales del 16 de diciembre) es un hecho que la oposición –en tanto alternativa realmente existente– tiene ante sí el reto y la responsabilidad de, defendiendo sus espacios, contrapesar el poder del chavismo y, con ello, garantizar en buena medida un entorno sociopolítico plural para toda la ciudadanía. La oposición debería interpretar las recientes victorias electorales del chavismo no sólo como mero efecto de sus políticas clientelares y del control del aparato estatal, sino como una expresión del peso que sigue teniendo la lacerante deuda social –y su solución– y la representación simbólica de los pobres y mestizos –usufructuada por Chávez– dentro de la población tradicionalmente excluida de Venezuela. También deberá pasar balance del estado de las mutaciones su base social, y de los puentes tendidos a sectores populares.

En particular, hay que pasar balance de la existente entre el fenómeno movilizativo y las agendas opositoras. Durante los últimos años, la oposición ha reconocido la importancia (para ella y para toda la convivencia democrática en una sociedad ideológicamente plural) de conquistar y defender espacios en los poderes del Estado y en los gobiernos regionales. Ha hecho justo balance de los costos pagados por privilegiar (de 2002 a 2005) estrategias violentas que desconocían el orden legal y político erigido después de 1999 (Constitución) y sus mecanismos institucionales (electorales, representativos, participativos) como vía para consolidarse como opción política.

Hoy en todo el espectro de actores que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) existe conciencia que una mayor presencia en estos ámbitos haría más lento y/o potencialmente reversible el proceso de centralización y concentración de poderes que el oficialismo ha impulsado en los últimos cinco años, en procura de la hegemonía política nacional.

Sin embargo, en un escenario de asimetría de poderes como el que vive hoy Venezuela, la oposición tampoco debería apostar en exclusiva a desarrollar su agenda desde los espacios institucionales conquistados dentro del Poder Legislativo y los gobiernos regionales. La existencia de árbitros (poder electoral y Judicial) cuyos veredictos casi siempre benefician –por acción u omisión– al oficialismo; y la vigencia de leyes que son formalmente respetadas pero fácticamente vulneradas (mediante la aprobación de decretos y poderes ejecutivos que las rebasan) hacen que las posibilidades de éxito de cualquier política más allá del chavismo (proveniente de la actual oposición o de una hipotética –y poco probable– tercera vía) deba apelar a la movilización ciudadana, pacífica, masiva y respetuosa de los derechos garantizados por la Constitución de 1999.

Éxitos como los obtenidos frente a la propuesta oficialista de reforma constitucional (2007) y de Ley de Universidades (2010) se debieron, en buena medida, a movimientos protagonizados por actores sociales (estudiantes, trabajadores, etcétera) que rebasaron las estructuras partidarias y los sectores tradicionales de la oposición. Estos se posicionaron en el espacio público concientizando a la sociedad sobre cambios legales e institucionales promovidos por el chavismo (implantación de un poder comunal que vaciaría de recursos y competencias a las autoridades locales y regionales electas, nuevo modelo educativo “socialista”, etcétera) que supondrían una merma de derechos y libertades de toda la ciudadanía, con independencia de su orientación política.

La oposición deberá avanzar en términos numéricos y de presencia en zonas y estratos poblacionales otrora dominados por el chavismo; y sus simpatizantes hacer conciencia que una estampida migratoria, hija del derrotismo, sólo favorecerá al oficialismo. No basta con mejorar sus resultados electorales: los opositores tienen que combinar su presencia institucional con una mayor acción colectiva –manifestaciones, foros, campañas públicas– desarrollada de acuerdo con la legalidad vigente, para aislar las tendencias golpistas –dentro y allende de sus filas–, presionar pacíficamente al oficialismo y ampliar su base social. Únicamente si el gobierno nacional siente que los costes de imponer una política chocará con la resistencia activa de sectores importantes de la población (en las calles y espacios públicos) la existencia de una oposición parlamentaria y partidaria no significará un adorno legitimador con escasa capacidad de influencia. Las lecciones derivadas de la interacción entre los actores del sistema político y la presión y movilización sociales en varias naciones del hemisferio (como es el caso de Bolivia) resulta en ese sentido especialmente reveladora.

“Al estilo del PRI”

Con independencia de cómo quede redefinido el ajedrez político venezolano, la necesidad de una mayor movilización y una defensa activa de derechos son clave para defender la amenazada democracia venezolana. Un mapa electoral más plural es garantía de sobrevivencia incluso para los movimientos sociales autónomos que rechazan subordinarse a la MUD o el PSUV. Si el oficialismo derrota en toda la línea a la oposición, tendrá más fuerzas para ir sobre los otros actores sociales y disciplinarlos –como ha intentado con la ley de ONG y el acoso a las organizaciones defensoras de derechos humanos– y para consolidar su modelo hegemónico y políticamente excluyente.

El balance de los procesos electorales vividos por el país en los últimos 14 años apunta a una división del voto ciudadano, con 55% afecto al oficialismo y otro 44 % identificado con la oposición. En ese escenario, tanto cualquier intento de establecer un control político total por parte del oficialismo como cualquier resistencia opositora que sea percibida por aquél como amenaza a su autoridad, serán motivos de graves convulsiones políticas. Sin embargo, en ausencia de una opción totalitaria y de los debidos contrapesos opositores, algunas interpretaciones sugieren que la situación parece configurar un esquema de gobernabilidad autoritario con algunas similitudes al establecido bajo el régimen priista mexicano: un presidencialismo fuerte montado sobre una formación partidista dominante en fusión con el aparato estatal, una oposición leal y testimonial, una relativa libertad de expresión y organización (siempre que no amenazase el orden vigente), unidos estos a mecanismos de cooptación extensos y formas de represión selectivas y bien planificadas para los sectores contrahegemónicos. Un esquema donde se mantienen ciertas formalidades y espacios democráticos –elecciones, prensa, oposición– siempre que, insisto, no altere el status quo autoritario; y donde permanecen abiertas las oportunidades para hacer buenos negocios, siempre y cuando al empresariado no se le ocurra meterse en el mundo de la política, transmutado en feudo exclusivo del partido dominante. Aunque, en el caso venezolano, el factor militar, unido a la influencia ideológica y geopolítica cubanas, podría sugerir una mayor radicalización del proceso político.

La superación de la polarización vigente y la construcción de otras referencias sociopolíticas en Venezuela es una precondición para la real superación de la crisis del modelo de desarrollo basado en la democracia representativa-delegativa y la renta petrolera, del cual el chavismo es una continuación y no una ruptura. Porque bajo la polarización no hay cabal autonomía para las iniciativas sociales y populares. Y porque será la transformación cultural y societal inducida por los diversos actores y movimientos sociales, mediante la difusión de valores y prácticas contrahegemónicas, las que modificarán estructuralmente las realidades, más allá de la (mejor o peor) administración del status quo que hacen los gobiernos y los partidos.

* Politólogo e historiador de la Universidad Veracruzana. El autor agradece el intercambio sostenido con diversos colegas venezolanos (en particular Margarita López Maya, Rafael Uzcátegui y Luis Vicente León) previo a la elaboración del texto.

Tomado de: http://www.proceso.com.mx/?p=330386