ALFREDO MEZA Caracas 1 JUN 2014
Iván Simonovis, cuya
liberación es negociada entre Gobierno y oposición, fuerza con su ayuno que un
tribunal decida su excarcelación
El
excomisario venezolano de policía Iván Simonovis, considerado por la
oposición como un preso político del chavismo, anunció este domingo que
suspenderá la huelga de hambre que había iniciado el martes pasado. Simonovis
dejó de ingerir alimentos como medida de presión a un tribunal que debía
decidir su excarcelación por motivos de salud pero que se estaba demorando en
exceso. Aunque la juez que lleva el caso la negó la libertad, el preso decidió
dar marcha atrás en su reivindicación porque al menos había recibido una
contestación.
La oposición ha puesto su liberación
como una de las condiciones para retomar el diálogo con el Gobierno, que fue
suspendido a principios de mayo. En abril las partes acordaron que se formara
una junta médica para que al certificar sus padecimientos se procediera a
liberarlo. Aunque en un principio aceptó, el régimen ha decidido recular por
temor al impacto que de esta medida en su menguada popularidad, que se ha
venido a menos en las últimas semanas debido a la crítica situación económica.
La negativa del Poder Judicial, cuya independencia siempre ha sido cuestionada
por la oposición y por organizaciones como Human Rights Watch, también coloca
obstáculos para que se reinicien las conversaciones.
La negación de libertad no ha sido la
respuesta que Simonovis y su familia esperaban. La jueza Eda Armas, del
Tribunal Primero de Ejecución del estado Aragua (en el centro de Venezuela), ha
negado la medida bajo el alegato de que el prisionero se encuentra “en
condiciones generales estables”. Su esposa, Bony, y sus abogados afirman que el
ex funcionario de la policía científica local sufre de serios trastornos de
salud que amenazan su vida.
La defensa de Simonovis, quien fue
condenado a 30 años de prisión en 2009 como uno de los responsables de las
muertes ocurridas en la víspera de un golpe de Estado contra Hugo Chávez en
abril de 2002, informó el viernes que la jueza Armas había decidido sin tomar
en cuenta los exámenes que consignó la defensa, ni el criterio de la junta
acordada por las partes. Al rechazar la decisión, el abogado José Luis Tamayo
denunció que en el expediente solo cursan los informes médicos hechos en
septiembre de 2013.
Desde entonces la salud de Simonovis
se ha empeorado. En enero fue internado de emergencia en el Hospital Militar de
Caracas aquejado de enterocolitis aguda y deshidratación. Los médicos
recomendaron operarlo, pero no lo hicieron para evitar complicaciones en su
salud. El comisario volvió a su celda de la cárcel de Ramo Verde, a las afueras
de la capital venezolana, donde también está detenido el líder opositor
Leopoldo López.
El padecimiento de Simonovis ha dejado
de ser un asunto exclusivo de sus familiares para concertar la atención de todo
el país. El ex comisario fue detenido en 2004 junto a la jerarquía de la
extinta Policía Metropolitana de Caracas. Su juicio fue calificado como el más
largo de la historia judicial del país y el expediente acumuló cerca de 8 mil
folios de actuaciones. La defensa aseguró que el Estado nunca pudo probar la
responsabilidad de su defendido en dos de las muertes de aquel 11 de abril de
2002. Ese punto de vista parece haber quedado posteriormente refrendado cuando
el magistrado del Supremo que revisó la sentencia, Eladio Aponte Aponte, hoy
prófugo de la justicia venezolana, aseguró en una entrevista que el fallecido
Chávez había ordenado condenar a Simonovis y a otros ocho funcionarios
policiales.
El chavismo pareció preparar el
terreno para la medida dictada el viernes. En las últimas emisiones de su
programa “En contacto con Maduro”, el jefe de Estado venezolano ha invitado a
los familiares de las víctimas de abril de 2002 para que expongan cómo
sobreviven a la ausencia de sus muertos. “Justicia es lo que tiene que haber
aquí”, afirmó el gobernante en su último programa el 27 de mayo. Los deudos
agrupados en la oficialista Asociación de Víctimas del 11 de abril se niegan a
que el Gobierno amnistíe a Simonovis.
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