Por Margarita López
Maya | 12 de febrero, 2015
Retorna
febrero, mes que despierta temores en unos, expectativas en otros. Febrero ha
sido en nuestra historia mes de protestas emblemáticas, que eventualmente han
desencadenado procesos de cambio político.
El
carnaval de febrero de 1928 vio emerger un movimiento estudiantil contra el
dictador Juan Vicente Gómez, cuyos líderes convertidos después en dirigentes
políticos protagonizaron el Trienio Adeco. En febrero de 1936, la huelga de
medios de comunicación y la movilización popular conducida por las autoridades
de la Universidad Central y un liderazgo emergente del movimiento estudiantil
exigieron del Presidente López Contreras el derecho a la libertad de expresión
y otros derechos civiles y políticos. Esa jornada abrió el camino hacia la
modernización económica y la democratización política de Venezuela.
En
medio de agudas escaseces de bienes básicos y de una incontrolada inflación, en
febrero de 1989 estalló el Caracazo. Esta revuelta popular fue antesala del
ocaso de la democracia representativa y del ascenso de una nueva élite política
liderada por el teniente coronel Hugo Chávez. En febrero de 1992, un fallido
golpe de estado liderado por este mismo militar y su Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200, sumergió al gobierno de Carlos Andrés Pérez en una crisis
política de la cual ya no pudo recuperarse. El Presidente fue removido de su
cargo en 1993, abriéndose un período de recomposición del sistema político
venezolano.
En
febrero de 2014, Venezuela una vez más en crisis, volvió a presenciar un
movimiento estudiantil en la calle liderando protestas de descontento popular.
Convergieron con los estudiantes actores políticos disidentes de las
directrices de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la plataforma de
partidos con que las fuerzas opositoras al “socialismo del siglo XXI”, buscan
impulsar un cambio político. El mes fue convulsionado y las protestas se
volvieron virales, promediando en marzo más de cuarenta diarias, prolongándose
hasta mayo, cuando se apagó el fuego. Quedaron como saldos más de cuarenta
muertos, decenas de heridos y torturados, miles de ciudadanos, mayoritariamente
jóvenes, sometidos a procesos judiciales, decenas de presos. Las pérdidas
materiales fueron cuantiosas. El gobierno de Maduro sobrevivió sin abrirse a
ninguna negociación, ni modificar su programa político. Sin embargo, la
popularidad del Presidente ha venido decayendo desde entonces sostenidamente.
En
este ensayo reflexionamos sobre los impactos políticos del “ciclo de protestas”
del año pasado. Buscamos, por una parte, evaluar qué tan factible es su
repetición y por otra, si es conveniente un año después, que las fuerzas
opositoras vuelvan a centrarse en acciones colectivas de calle como principal
instrumento para presionar por el cambio político.
1.
¿Puede repetirse un ciclo de protestas como el de 2014?
Siempre
resulta riesgoso dar una respuesta inequívoca a esta pregunta. Las revueltas
populares o los “ciclos de protesta”, concepto donde mejor encaja el fenómeno
del año pasado, son en general impredecibles. Sin embargo, creo que se puede
negar esa posibilidad. Argumento por qué.
Cambió
el entorno político e institucional.
La
intensa beligerancia de calle se da cuando convergen varios factores además del
malestar socioeconómico. Si bien la crisis económica que hoy padece la sociedad
ha empeorado y constituye, sin duda, un sustancioso combustible para alimentar
la protesta masiva, no garantiza per se que suceda. Otro
ingrediente necesario que también permanece y ha crecido con relación al año
pasado, es la existencia de una “conciencia insurgente” o, dicho en palabras de
Barrington Moore, de sentimientos de “indignación moral” en sectores
significativos de la población. Vale decir, una conciencia que indica que la
situación es profundamente injusta y con movilización es posible modificarla.
Cuando la religión o la ideología inculcan resignación ante las penalidades e
injusticias de la vida, o nos dicen que los males de ahora son sacrificios
necesarios en persecución de un paraíso a futuro, en el cielo o la tierra,
grupos, comunidades, sociedades permanecen aletargadas. No es ésta la situación
de la mayoría de los venezolanos hoy. Al contrario, además de la efervescencia
popular que se constata en espacios públicos, las encuestas señalan un
creciente y consciente malestar con la situación que se vive y la convergencia
de la mayoría en asignarle la principal responsabilidad a Maduro y su gobierno.
Protestas que se viven a diario en las colas, saqueos, abucheos, violencia
social, indican que existen niveles importantes de indignación moral, base para
la desobediencia y la rebeldía. Sin embargo, convocatorias para movilizaciones
políticas masivas han arrojado pocos resultados y la posibilidad de una
conmoción simultánea a lo largo de las urbes del país como el Caracazo no
parece probable. ¿Por qué?
Existen
varios factores que inhiben y frenan ahora la acción de calle. El primero es
que hay una percepción negativa generalizada sobre los resultados de esfuerzos
colectivos anteriores. Como lo señalamos arriba, en 2014 hubo demasiadas
muertes, detenciones, vejámenes. Y lo conseguido no satisfizo las expectativas,
lo que hace ver el costo de salir a la calle muy alto y con escasos resultados.
Las consecuencias de intensas movilizaciones pasadas, como en 2002 y 2004
tampoco estuvieron a la altura de lo esperado por sus participantes.
Por
otra parte, se ha reducido lo que se conoce como la “estructura de
oportunidades políticas”, es decir, factores externos a los actores que los
puedan favorecer. Por ejemplo, las elites civiles chavistas y altos mandos
militares se muestran ahora más cohesionadas en torno al Presidente que antes.
Sostenido por este apoyo, el gobierno de Maduro viene exhibiendo una cara cada
vez más represiva, militarizada y cruel. Las ciudades y carreteras más
importantes del país están altamente militarizadas. Hay una clara estrategia de
amedrentamiento bajo la política de “Patria Segura”. Se publicitan compras de
armas, equipos antimotines, creación de nuevos “comandos” estratégicos, se
repite hasta el cansancio lo de la “alianza cívico-militar”. Se hace declarar a
altos oficiales impúdicamente su apoyo al madurismo. Se dejan impunes crímenes
de grupos armados civiles prochavistas, mientras los castigos a quienes
protestan son ejemplarizantes. Señala la
ONG que hace seguimiento del sector militar, Control Ciudadano, en su página
web, que la reciente resolución 008610 emanada del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa que regula la conducta de la FANB
en las manifestaciones y autoriza en casos extremos el uso de armas de fuego
“mortales”, “constituye un reconocimiento de los excesos cometidos por los
cuerpos de seguridad durante las protestas del año pasado, pero al mismo tiempo
emerge como una amenaza ante el previsible aumento de la conflictividad social
en 2015.”
En
síntesis, los agravios y demandas que impulsaron la protesta del año pasado
permanecen y aún se han profundizado y extendido a una porción cada vez mayor
de la sociedad. Sin embargo, el contexto político institucional es más hostil,
el gobierno logra mostrarse sin fisuras que lo debiliten, y estar más dispuesto
a usar los instrumentos de la represión. En estas condiciones, los actores
sociales y políticos se enfrentan a un ambiente más complejo que el año pasado
para expresar su malestar y desarrollar estrategias de lucha eficientes y de
menor costo. Un desafío que debe ser evaluado y estudiado para encontrar las
formas más seguras y efectivas.
2. ¿Cómo
acertar en las mejores y más seguras formas de protesta?
Constatamos
la existencia de un malestar social y político extenso e in crescendo,
que requiere estrategias creativas y seguras de expresión para encauzar su
energía y que fortalezca sus posibilidades de incidir sobre el actual bloque
hegemónico, para que modifiquen sus políticas, o para que surja una opción
alternativa que la desplace.
Las
protestas de 2014 prendieron por motivaciones concretas y legítimas:
inseguridad, escasez, desabastecimiento, represión. Una vez iniciada por el
movimiento estudiantil, fueron incorporándose múltiples actores con
aspiraciones y demandas muy disímiles, unos protestaban la inseguridad,
mientras otros pretendieron la renuncia del Presidente. La excesiva
fragmentación de actores y dispersión de demandas, la falta de organización y
coordinación entre ellos, debilitó el potencial de la protesta, facilitando su
estigmatización por parte del gobierno, y su aprovechamiento por parte de
intereses particulares. En las últimas semanas del ciclo la protesta se derivó
hacia situaciones cada vez más caóticas, y con aspiraciones temerarias e
irreales. La desproporcionada y en varios casos brutal e ilegal represión del
gobierno, que se hizo además acompañar sin pudor de grupos civiles armados,
sirvió para dejar en la calle a actores radicales con estrategias violentas,
ahuyentando a pacíficos y facilitando con ello la criminalización de la
protesta, debilitando todo el proceso y contribuyendo a sus magros resultados.
Como
aprendizaje debiera quedar claro que no es prudente ahora colocar la
movilización de calle como centro de las estrategias de los sectores que están
luchando por un cambio en las políticas del Estado-gobierno. Pero ciertamente,
tampoco ellas deben ser desechadas o minimizadas por actores políticos
opositores, que buscan un camino pacífico, institucional y eficiente para el
cambio político y de políticas. La protesta de calle debe complementar las
luchas electorales, como un poderoso brazo de concientización política y
empoderamiento ciudadano.
Existe
la responsabilidad y la obligación de los políticos y de los partidos, que
aspiran a cargos de representación este año, de reconocer y acompañar con
estrategias de articulación el fragmentario pero enérgico mundo de los actores
sociales con sus propias agendas y acciones de carácter más institucional. Urge
encontrar espacios para discutir y proponer diseños frescos y novedosos de
acción colectiva, así como multiplicar espacios para el intercambio de ideas y
propuestas. Acompañar y aportar en la evaluación en torno a la idoneidad de
ciertas modalidades de desobediencia civil ante un Estado cada vez más
intolerante, autoritario, represor. Y persuadir de la prudencia a la hora de
poner sobre la mesa metas que la protesta de calle no puede alcanzar. El uso de
la calle para forzar una renuncia del Presidente, o para incitar a su
derrocamiento, como han sido las aspiraciones de algunos actores en estos tres
lustros de la era chavista, han terminado no sólo siendo derrotados, sino
produciendo el efecto inverso al buscado, fortaleciendo al mandatario al
presentarse como víctima de intereses antidemocráticos, minoritarios y/o
mezquinos.
Nada
fácil es la tarea de que converjan actores políticos y sociales en objetivos y
acciones, por la tradicional desconfianza mutua entre los movimientistas y
los políticos. La construcción de vasos comunicantes entre ambos pasan por el
desarrollo de capacidades en sus dirigentes y miembros para trascender
intereses particulares, identitarios o de protagonismo político, enfocándose en
lo que es el bien común para todos como nación: la
construcción de una institucionalidad que garantice la igualdad política en la
diversidad y la diferencia, mediante el respeto a los derechos civiles y
políticos propios de la democracia.
Ante
los insuficientes resultados de las acciones callejeras del 2014, no pareciera
haber duda en que las condiciones sociopolíticas privilegian ahora la
estrategia electoral como el recurso más eficiente para canalizar el
descontento expresando de manera transparente y fuerte la voluntad popular de
desandar el camino autoritario y patrimonialista en curso.
Para
sintetizar, la movilización popular es importante porque crea conciencia
política, solidaridades, identidades e impulsa el empoderamiento de los
ciudadanos. Pero la fuerte deriva represiva del gobierno y las constantes
fallas de la movilización en los años recientes debe convencer a los fans de la
política de la calle de la improcedencia en los actuales momentos de colocarla
en el centro de las estrategias políticas. No se trata de desecharla sino de
ponerla al servicio de un instrumento más fuerte, contundente: el sufragio universal,
directo y secreto. Ha sido un mecanismo irrebatible para salir de férreas
dictaduras, como sucedió en la Uruguay de 1980 y en la Chile de 1988.
Para
que la estrategia electoral sea exitosa, debe contar no sólo con el soporte de
la calle, sino con partidos políticos fuertes, responsables, con coraje. Un
gran desafío para los actuales partidos de oposición y para la MUD, que hasta
la fecha se exhiben débiles y fragmentados por pleitos internos, falta de
preparación de muchos dirigentes, y centrados la mayor parte del tiempo en
reaccionar a las declaraciones y acciones cada vez más surrealistas de Maduro y
los chavistas en todos las instancias de poder. Sólo superando
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