Por Francisco Javier Dupla S.J.*, 11/02/2014
Ofrecemos al lector las conclusiones del primero de los temas del
estudio Análisis de las condiciones de vida de la población venezolana
2014, presentado en un foro en la UCAB el 29 de enero. Los demás temas se
irán presentando en la UCV y en la USB a lo largo de este año 2015. Este
artículo será publicado en la Revista SIC del mes de marzo 2015, pero quisimos
brindar con ustedes un adelanto.
La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de
Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB) y el Laboratorio de Ciencias
Sociales (Lacso), iniciaron en abril del año pasado un estudio sobre la
realidad del país, que abarca las condiciones de vida del venezolano en áreas
como: seguridad personal; situación social; misiones; trabajo; nutrición y
alimentación; salud; educación; pensiones; vivienda y servicios; vulnerabilidad
físico-ambiental. La economía, el desarrollo local, el sistema educativo
nacional, la institucionalidad democrática, las condiciones electorales y las
elecciones parlamentarias fueron examinados.
Desde 1998 no se hacía un estudio parecido sobre las condiciones de
vida de la población venezolana. El trabajo presentado en el foro por Luis
Pedro España sobre la situación social y las misiones, Roberto Briceño-León
sobre la seguridad personal y Genny Zúñiga sobre las claves del empleo, se basa
en los resultados de una encuesta de hogares por muestreo –mil quinientos en
todo el país–, realizada en agosto y septiembre de 2014 con apoyo de Cisor,
institución que hizo el trabajo de campo. Los resultados de este trabajo puede
consultarlos el lector en esta
web.
La situación social y las misiones
La situación de pobreza no ha mejorado entre 1998 y 2014, sino que ha
empeorado. Hace 16 años había 45 % de hogares en situación de pobreza, que ha
subido a 48 % en 2014. Un gran total de 3 millones 538 mil 830 hogares, de los
cuales cerca de 1 millón 700 mil están en pobreza extrema. Entre 2004 y 2007 la
pobreza se redujo gracias a la orientación inicial de las Misiones, pero
actualmente el deterioro de la capacidad adquisitiva ha pasado una fuerte
factura a los pobres.
La medición no se refiere solamente a la canasta básica alimenticia,
sino a las condiciones de vivienda y a la salud. “Las familias que no obtienen
suficiente dinero a través del salario, bonos, becas, pensiones, para comprar
cada mes una canasta de alimentos básicos que permitan a cada integrante
ingerir al menos 2 mil 200 calorías diarias son catalogadas como pobres
extremos. Luego, las familias en las que su ingreso no les permite costear una
canasta que añade a los alimentos básicos servicios esenciales como luz
eléctrica y transporte son pobres” (Víctor Salmerón). Como afirmó Luis Pedro
España, “tenemos por delante nuevos pobres, 33 % del país ha caído en pobreza y
la pregunta es qué vamos a hacer con esa población. Si la economía del país
reaccionara saldría con relativa rapidez de la pobreza, pero si eso no ocurre y
seguimos empecinados en cerrar los ojos, este 33 % de nuevos pobres tienen el
riesgo de convertirse en pobres estructurales y eso es lo que hay que evitar”.
La crisis que se manifestó con virulencia a fines de 2014, hará la vida mucho
más difícil en el 2015.
¿Y las Misiones? ¿Han podido reducir la pobreza? Sí, en los años antes
mencionados, pero no ahora. Algo no sabido que revela la encuesta es que apenas
10 % de la población ha sido beneficiado por ellas. Pero algo peor es que las
misiones han cambiado de población a la que benefician: de ser programas de
atención a los excluidos pasaron a ser programas de atención a la generalidad.
El 49 % de los beneficiados no son pobres, y los que viven en pobreza crítica
solo son atendidos en 8,4 %. Es decir, las misiones tienen poca cobertura y hay
muchos infiltrados. Un total de 57 % de los encuestados querrían ser
beneficiarios de las misiones; de estos, 41 % querrían ser beneficiarios de la
misión vivienda.
Los programas de ayuda se han ido politizando, porque se conciben como
un favor a la población y no como un derecho. Cuatro de cada diez encuestados
manifiestan que las misiones son solo para partidarios del Gobierno y uno de
esos cuatro está de acuerdo con esto, que coincide con los sectores más pobres.
En definitiva, las misiones abarcan menos gente de la que se cree. Han
ido disminuyendo en su cobertura y son sobre todo un hecho comunicacional. No
fueron concebidas para la superación de la pobreza porque no mejoran el
esfuerzo productivo, sino que acentúan la dependencia.
La seguridad personal
La seguridad personal es un derecho básico y fundamental que comprende
el derecho a la vida, a la integridad física, a una vida libre de miedos y a la
libertad. Venezuela se ha convertido en uno de los países con mayor inseguridad
en el mundo, con más de 25 mil víctimas mortales el último año, de las cuales
más de 90 % son hombres. Se calcula que por cada muerto hay entre tres y cuatro
lesionados, por lo que habría en el país, en un solo año, entre 75 mil y 100
mil lesionados.
En la encuesta se interrogó a las personas sobre cómo perciben estos
hechos. Ocho de cada diez opinan que la violencia ha aumentado en el país en
general, y seis de cada diez afirman que ha aumentado también en la comunidad
que les rodea. Uno de cada seis manifiesta que ha sido víctima de un delito en
los últimos doce meses. Seis de cada diez delitos no se reportan. Uno de cada
diez hogares fue polivictimizado, es decir, objeto de más de un delito, y en
uno de cada tres hogares alguno de sus miembros fue víctima.
Un total de 50 % manifiesta miedo de ser robado en su casa, cifra que
asciende a 64 % si se trata de la calle. Peor aún: 80 % tiene miedo a ser
asaltado en un transporte público, algo que afecta más –como es evidente– a las
clases populares. Los pasajeros esconden los celulares, las ganancias del día,
cualquier objeto de algún valor cuando se montan en los autobuses urbanos.
Sienten que las actividades cotidianas están amenazadas y tienen que
recortarlas con frecuencia, sobre todo en la calle.
Uno de cada tres siente la necesidad de mudarse de barrio, aunque
muchos luego regresan al ver que es similar la situación en otras partes. El
delito está presente y es cercano, es fácil conseguir la droga. ¿Y qué hace la
policía? El 74 % siente que están desprotegidos, e incluso 15 % cree que la
policía está implicada en delitos.
Nueve de cada diez personas consideran de regular a muy malo el trabajo
de la justicia penal y, como buena noticia, dos de cada tres confían en la ayuda
de los vecinos, lo cual es indicio de aumento de la cohesión social frente a la
amenaza. En el año 1998, por cada cien asesinatos había 118 personas
arrestadas, cifra que ha bajado a ocho por cada cien asesinatos en 2014.
No hay calidad de vida. Como reacción ciudadana, se privatiza la
seguridad y se privatiza la justicia. La gente paga por defenderse o por
vengarse cuando no ven que la justicia actúa. La incapacidad del Gobierno por
defender al ciudadano lleva a la anarquía social.
Las claves del empleo
El empleo debería dar lugar a mejores condiciones de vida y de
desarrollo individual. El desempleo, por su parte, sirve de medición de las
condiciones del mercado laboral; es decir, de la relación entre la oferta y la
demanda.
La medición del desempleo es variada según los países. Estar empleado
puede significar que la persona tiene al menos una hora de trabajo remunerado a
la semana, de lo cual no puede vivir, por supuesto. Estar empleado puede
significar tener un subempleo o empleo precario, una jornada laboral
incompleta, de menos de treinta horas, o también una ocupación parcial de menos
de quince horas a la semana. Por eso las comparaciones no son fáciles.
La encuesta dio que hay 7 % de desempleo, en el que no se cumple ninguna
de las condiciones de empleo anteriormente mencionadas. El desempleo y el
empleo precario están relacionados con el nivel educativo y suben al 20 % de
los jóvenes entre 15 y 24 años, con menos de diez años de escolaridad. De
ellos, 65 % dejó los estudios antes de los 15 años, una tercera parte porque
fueron a trabajar, pero la mayoría por fracaso escolar e inasistencia, caldo de
cultivo para la delincuencia. Hay también sobreocupación de hasta 48 horas
semanales, por razones de baja remuneración. La Ley del Trabajo es restrictiva
para los empleadores, lo que favorece un trabajo de menor calidad, permisos y
ausencias laborales por diversas justificaciones, no siempre verdaderas.
En el sector público está ocupado 36 % de los trabajadores y en el
sector privado 26 %. Hay que decir que en todos los países los asalariados de
los entes públicos son muchos menos que los dependientes de la empresa privada.
Además de los asalariados en nómina, hay 31 % que trabaja por cuenta propia, 17
% vendedores y 13 % de menor rango.
La función social del trabajo es proteger, asegurar la vida de la
persona y su familia. Pero en Venezuela solo 38 % de los trabajadores están
asalariados a tiempo indefinido y 25 % por un acuerdo o contrato verbal, sin
beneficios sociales. Solo 20 % está afiliado a una representación laboral como
el sindicato, que puede promover los derechos del trabajador. Los ingresos de
la mayoría están cercanos al salario mínimo, que cada vez es más insuficiente
para satisfacer las necesidades básicas.
Las conclusiones de este trabajo se
pueden formular de la siguiente manera:
Con relación al primer tema, la pobreza no fue eliminada por las
misiones, sino que esta ha aumentado en los últimos años. Las misiones ayudan a
un pequeño porcentaje de la población y han desvirtuado su población-objeto.
Las perspectivas para el futuro son muy malas, a no ser que cambie la política
económica del Gobierno, que es el responsable principal de la marcha del país.
Se impone diseñar un auténtico plan de superación de la pobreza basado en el
esfuerzo y la productividad de todos, entes públicos y privados, idea que ha
sido combatida por el Gobierno hasta ahora.
En cuanto a la seguridad personal, en Venezuela, unos pierden la vida;
otros, los sobrevivientes, hemos perdido la calidad de vida y la libertad. Hay
miedo y las salidas del hogar son las estrictamente necesarias. No se confía en
la protección de la policía ni en las instituciones de justicia.
La situación del empleo es muy precaria. Es menor el número de personas
ocupadas por la empresa privada que por la pública, lo cual constituye una
distorsión del sistema productivo. Los tipos de desempleo disimulado son
muchos, porque la gente se rebusca como puede, dada la precariedad e
inseguridad de los salarios. La gente se siente desprotegida en este punto.
*Profesor de la UCAB y exdirector de la Escuela de Educación de la
UCAB.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico