República
Bolivariana de Venezuela
Jefe del Estado
y del gobierno: Nicolás Maduro Moros
Las fuerzas de
seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas. Decenas de
personas fueron detenidas arbitrariamente y vieron negado su acceso a abogados
y médicos. Se denunciaron torturas y otros malos tratos a manifestantes y
transeúntes. Se siguió utilizando el sistema judicial para silenciar a quienes
criticaban al gobierno. Las personas que defendían los derechos humanos fueron
objeto de intimidación y ataques. Las condiciones de reclusión seguían siendo
duras.
Información
general
El primer año
de mandato del presidente Maduro estuvo marcado por un creciente descontento.
Entre febrero y julio de 2014, Venezuela se vio sacudida por protestas
multitudinarias a favor y en contra del gobierno en diversas zonas del país.
Los manifestantes antigubernamentales y algunos líderes de partidos de
oposición que pedían la dimisión del presidente fueron acusados de intentar
derrocar al gobierno.
Libertad
de reunión
Al menos 43
personas perdieron la vida y más de 870 resultaron heridas –entre
manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes– durante las
manifestaciones multitudinarias a favor y en contra del gobierno que tuvieron
lugar entre febrero y julio. Se tuvo noticia de violaciones de los derechos
humanos y enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de
seguridad y grupos armados favorables al gobierno.1
Más de 3.000
personas fueron detenidas en el contexto de las protestas. La mayoría fueron
acusadas y puestas en libertad al cabo de unos días. Al finalizar el año, más
de 70 personas que habían participado en las manifestaciones continuaban
detenidas en espera de juicio.
Preocupaba el
hecho de que un fallo dictado en marzo por el Tribunal Supremo de Justicia, que
establecía que cualquier protesta debía contar con una autorización previa,
pudiera comprometer el derecho a la libertad de reunión pacífica y de
asociación.
Uso
excesivo de la fuerza
Las fuerzas de
seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas. Entre las medidas
desplegadas figuraron el uso de munición real a corta distancia contra personas
desarmadas, el uso de armas de fuego y materiales antidisturbios inadecuados y
manipulados, y el uso de gas lacrimógeno y balas de goma en espacios cerrados.
Por ejemplo, en
febrero, la estudiante Geraldín Moreno murió tres días después de recibir en un
ojo el disparo de una bala de goma a corta distancia durante una manifestación
en Valencia, estado de Carabobo. Varios agentes de la Guardia Nacional fueron
acusados en relación con su muerte y, al finalizar el año, se hallaban en
espera de juicio. Ese mismo mes, Marvinia Jiménez fue golpeada por policías
mientras filmaba una manifestación en Valencia, y fue acusada, entre otras
cosas, de obstruir la vía pública y alterar el orden. Al terminar el año,
todavía no se había hecho efectiva la orden de arresto contra la agente
responsable de la paliza. En abril, John Michael Ortiz Fernández, de 16 años,
se hallaba en el balcón de su casa en San Cristóbal, estado de Táchira, cuando
un agente de policía le disparó una bala de goma; el impacto del proyectil le
quemó la retina del ojo izquierdo. El caso estaba siendo investigado al
finalizar el año.
Detención
y reclusión arbitrarias
Decenas de
personas fueron detenidas arbitrariamente durante las protestas que se
desarrollaron entre febrero y julio. A muchas se les negó el acceso a
asistencia médica y a un abogado de su elección durante las primeras 48 horas
de su detención antes de comparecer ante un juez.
El abogado
Marcelo Crovato y el defensor de los derechos humanos Rosmit Mantilla fueron
detenidos en abril y mayo, respectivamente, en relación con las protestas. Más
de ocho meses después de su detención, permanecían en prisión preventiva, pese
a la ausencia de pruebas sólidas que respaldaran los cargos en su contra.
Tortura
y otros malos tratos
La tortura y
los malos tratos seguían suscitando preocupación, pese a que hubo ciertos
avances atribuibles a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 2013.2
El estudiante
Daniel Quintero fue golpeado y amenazado con ser quemado vivo mientras estaba
bajo custodia. Lo arrestaron cuando regresaba a su casa tras participar en una
manifestación contra el gobierno celebrada en febrero en Maracaibo, estado de
Zulia. Al finalizar el año, proseguía la investigación sobre las denuncias de
tortura.3
Al menos 23
personas fueron detenidas el 19 de marzo en una operación conjunta de la
Guardia Nacional y el ejército en Rubio, estado de Táchira. Mientras se
encontraban bajo custodia recibieron patadas, golpes y amenazas de muerte y de
violencia sexual. Todas las personas detenidas, hombres y mujeres,
permanecieron recluidas varias horas en la misma habitación con los ojos
vendados. Podían oír cómo eran golpeadas las personas que tenían al lado. Al
menos a una de las personas detenidas la obligaron a mirar cómo otra recibía
una paliza. A Gloria Tobón la empaparon con agua y le aplicaron descargas
eléctricas en brazos, pechos y genitales. La amenazaron y le dijeron que la
iban a matar y a enterrar en pedazos. Al finalizar el año, la investigación
sobre las denuncias de tortura no había concluido.
Wuaddy Moreno
Duque fue detenido en febrero en La Grita, estado de Táchira, por agentes de la
Guardia Nacional que lo golpearon, lo quemaron y lo acusaron de participar en
las protestas. Él y su familia han sido objeto de intimidación después de
presentar una denuncia formal.
Defensores
y defensoras de los derechos humanos
Los defensores
y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo objeto de ataques.
Por ejemplo,
dos integrantes del Observatorio Venezolano de Prisiones sufrieron amenazas e
intimidación en varias ocasiones. El 12 de abril de 2013, Marianela Sánchez y
su familia recibieron una amenaza de muerte anónima. Marianela presentó una
denuncia, pero al concluir el año las autoridades no habían iniciado una
investigación efectiva sobre la amenaza ni habían proporcionado las medidas de
seguridad necesarias y acordes a los deseos de la familia.
Las autoridades
intentaron en repetidas ocasiones desacreditar la labor de derechos humanos
realizada por Humberto Prado, y lo acusaron de estar implicado en actos
violentos durante las protestas y de conspiración para desestabilizar al
gobierno y al sistema penitenciario.
Sistema
de justicia
El sistema de
justicia estaba sujeto a injerencias gubernamentales, especialmente en los
casos que implicaban a personas que criticaban al gobierno o de las que se
consideraba que actuaban en contra de los intereses de las autoridades.
Por ejemplo, la
jueza María Lourdes Afiuni Mora –que había sido detenida en diciembre de 2010,
horas después de ordenar, en una decisión censurada públicamente por el ex
presidente Chávez, la puesta en libertad de un banquero acusado de corrupción–
estaba en espera de juicio al finalizar el año. Había sido puesta en libertad
bajo fianza en junio de 2013 por razones humanitarias.
Leopoldo López,
líder del partido de oposición Voluntad Popular, permanecía recluido a pesar de
la falta de pruebas que respaldaran las acusaciones en su contra, unas
acusaciones que parecían obedecer a motivos políticos. Se enfrentaba a cargos
de incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y
asociación para delinquir, castigados con hasta 10 años de prisión.4 En
agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria afirmó que
su detención había sido arbitraria e instó a que se le pusiera en libertad.
El Grupo de
Trabajo de la ONU también pidió la liberación inmediata de Daniel Ceballos,
miembro de Voluntad Popular y alcalde de San Cristóbal, estado de Táchira.
Daniel Ceballos había sido arrestado en marzo y permanecía en espera de juicio
acusado de rebelión civil y agavillamiento (conspiración para delinquir) en
relación con las protestas antigubernamentales de febrero.5
Justicia
internacional
En septiembre
de 2013, tras denunciar el año anterior la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Venezuela dejó de someterse a la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. A consecuencia de ello, las víctimas de
violaciones de derechos humanos y sus familiares dejaron de poder recurrir a la
Corte Interamericana cuando el sistema de justicia venezolano no garantizara
sus derechos.
Impunidad
La impunidad
seguía siendo motivo de preocupación. Las víctimas y sus familias fueron objeto
de amenazas y ataques.
Por ejemplo,
apenas hubo avances en las investigaciones y los procedimientos judiciales
relacionados con los homicidios de los miembros de la familia Barrios en el
estado de Aragua. La familia Barrios había sufrido amenazas e intimidaciones
durante casi dos decenios por reclamar justicia. Diez miembros de la familia
habían muerto entre 1998 y mayo de 2013 en circunstancias que apuntaban a la implicación
de miembros de la policía. Sólo en un caso, el de Narciso Barrios, dos agentes
fueron condenados. Otros miembros de la familia habían padecido intimidaciones
y ataques de la policía, pese a las medidas de protección otorgadas a la
familia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2004 y, más
recientemente, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.6 Al concluir el año, no se sabía si se habían
iniciado investigaciones sobre alguna de las denuncias de actos de intimidación
perpetrados por la policía.
Condiciones
de reclusión
A pesar de las
reformas del sistema penitenciario, las condiciones de reclusión seguían siendo
duras. Seguían suscitando preocupación la falta de atención médica, alimentos y
agua potable, las condiciones insalubres, el hacinamiento y la violencia en las
prisiones y las comisarías. En los enfrentamientos en los centros
penitenciarios seguía siendo habitual el uso de armas de fuego.
Durante el
primer semestre del año las organizaciones locales de derechos humanos
denunciaron 150 muertes en prisiones y siete bajo custodia policial.
En noviembre,
dos reclusos murieron y al menos ocho resultaron heridos cuando las fuerzas de
seguridad intervinieron para poner fin a un motín en la cárcel de San Francisco
de Yare, estado de Miranda, en protesta por las duras condiciones de reclusión
y los malos tratos a los presos.
En septiembre,
después de tres años y varios retrasos en trasladarlo a un hospital para
evaluar sus necesidades médicas, un tribunal concedió permiso al ex
comisario de policía Iván Simonovis para recibir tratamiento médico bajo
arresto domiciliario. Según la información recibida, padecía varios problemas
de salud causados por las condiciones en las que había permanecido recluido.
1.Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas (AMR
53/009/2014), www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/009/2014/es
2. Venezuela: Informe para el Comité contra la Tortura de las
Naciones Unidas. 53a sesión (3-28 noviembre 2014) (AMR 53/020/2014),www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/020/2014/es
3. Protestas en Venezuela: Derechos humanos en riesgo, personas en
peligro. Caso: Daniel Quintero (AMR 53/015/2014),www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/015/2014/es
4. Venezuela: Líder de la oposición Leopoldo López debe ser liberado(AMR
53/023/2014), www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/023/2014/es
5. Venezuela: Detenido un miembro de la oposición mientras siguen las
protestas (AMR 53/010/2014), www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/010/2014/es
6. Venezuela: La policía amenaza e intimida a la familia Barrios (AMR
53/019/2014), www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/019/2014/es
Para leer el informe completo:
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