El Presidente
Obama emitió hoy una nueva Orden Ejecutiva (EO) donde Estados Unidos declara
la emergencia nacional con respecto a la amenaza “inusual y
extraordinaria” que representa la situación de Venezuela a la seguridad
nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Las sanciones
específicas de esta EO tienen como objetivo: la Defensa de los Derechos
Humanos en Venezuela y la Ley de la Sociedad Civil de 2014, que el presidente
estadounidense firmó el 18 de diciembre de 2014, y también van más allá de los
requisitos de la mencionada legislación.
Estamos
comprometidos con la promoción del respeto de los derechos humanos, la
protección de las instituciones democráticas y la protección del sistema
financiero de Estados Unidos a partir de los flujos financieros ilícitos de
corrupción pública en Venezuela.
Esta nueva
resolución está dirigida a las personas involucradas o responsables de la
erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de los
opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la
violencia, violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad durante
manifestaciones antigubernamentales y también la detención arbitraria o
detención de manifestantes opositores, así como la significativa corrupción de
parte de altos funcionarios del gobierno de Venezuela. La EO no tiene como
objetivo a los venezolanos o ni a la economía de Venezuela.
En concreto, el
EO se dirige a las personas señaladas por el Departamento de Hacienda, en
consulta con el Departamento de Estado, por participar en:
1. Acciones o
políticas que socavan los procesos e instituciones democráticas;
2. Actos
significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o
violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas
en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014;
3. Acciones que
prohíben, limitar o penalizan el ejercicio de la libertad de expresión o de
reunión pacífica; o
4. Corrupción
pública de funcionarios de alto nivel en el Gobierno de Venezuela.
La OE también
autoriza al Departamento de Hacienda, en consulta con el Departamento de
Estado, a sancionar a cualquier persona que sea señalada como:
-. Líderes
actuales o anteriores de una entidad que tenga, o cuyos miembros han o hayan
participado en actividades descritas en esta EO o de una entidad cuyos bienes e
intereses en propiedad están bloqueados o congelados en virtud de la OE; o
-. Ser un
funcionario o ex funcionario del Gobierno de Venezuela;
Las personas
señaladas o identificadas para la imposición de sanciones en virtud de esta OE,
incluyendo las siete personas que se han enumerado hoy en el anexo de esta EO, tendrán
su propiedades e intereses en Estados Unidos bloqueados o congelados, y todo
ciudadano estadounidense tiene además prohibido hacer negocios con los
individuos antes señalados. La OE también suspende la entrada en los Estados
Unidos de personas que cumplen los criterios de estas sanciones económicas.
Vamos a seguir
trabajando en estrecha colaboración con los demás en la región para apoyar una
mayor expresión política en Venezuela, y alentar al gobierno venezolano a estar
a la altura de sus compromisos internacionales, como se establece en la Carta
de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos pertinentes
relacionados con la democracia y los derechos humanos.
El Presidente
impuso sanciones a los siguientes siete personas que figuran en el anexo de la
EO:
1. José Antonio
Benavides Torres: Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral
(REDI) de la Región Central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de
Venezuela (FANB) y el ex Director de Operaciones de la Guardia Nacional
Bolivariana de Venezuela (GNB).
Benavides
Torres es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en
actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o
violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas
en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014.
En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB utilizaron la fuerza contra
manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física grave,
asalto sexual y el uso de armas de fuego.
2. Gustavo
Enrique González López: Director General del Servicio Bolivariano de
Venezuela de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Presidente del Centro Estratégico
de Venezuela de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).
González López
es responsable o cómplice de ordenar, controlar o de alguna manera dirigir,
participando directa o indirectamente en actos significativos de violencia o
conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en
particular contra las personas implicadas en protestas antigubernamentales en
Venezuela en o desde febrero de 2014. Como Director General del SEBIN, que se
asoció con la vigilancia de los líderes de la oposición del gobierno de
Venezuela.
Bajo la
dirección de González López, SEBIN ha tenido un papel destacado en las acciones
represivas contra la población civil durante las protestas en Venezuela. Además
de causar numerosas lesiones, el personal del SEBIN han cometido cientos de
allanamientos forzados y detenciones extrajudiciales en Venezuela.
3. Justo José
Noguera Pietri: El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG), una entidad de propiedad estatal, y el ex Comandante General de la
Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).
Noguera Pietri
es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos
significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o
violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas
en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014.
En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para
reprimir a manifestantes y periodistas, incluida la violencia física grave,
asalto sexual, y las armas de fuego.
4. Katherine
Nayarith Haringhton Padron: Fiscal a nivel nacional de la 20 ª Oficina de
Distrito del Ministerio Público de Venezuela.
Haringhton
Padrón, en su calidad de fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición,
entre ellos el ex legislador de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a
partir de febrero de 2015, el alcalde de Caracas Antonio Ledezma Díaz, por el
delito de conspiración en relación con presuntos planes de asesinato /
golpistas basadas en información poco plausible – y en algunos casos fabricadas
-. La evidencia utilizada en apoyo de los cargos contra Machado y otros era, al
menos en parte, sobre la base de correos electrónicos fraudulentos.
5. Manuel
Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de
Venezuela.
Pérez Urdaneta
es un líder actual de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos
miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que
constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular
contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en
Venezuela en o desde febrero 2014 . Por ejemplo, los miembros de la Policía
Nacional hizo uso de fuerza física severa contra los manifestantes pacíficos y
periodistas en varias ciudades de Venezuela, incluyendo a disparar munición
real.
6. Manuel
Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31 ª Brigada Blindada del Ejército
Bolivariano de Venezuela y ex Director General del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN).
Bernal Martínez
era el jefe del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon
sus armas contra los manifestantes matando a dos personas cerca de la oficina
del Procurador General.
7. Miguel
Alcides Vivas Landino: Inspector General de las Fuerzas Bolivarianas de
Venezuela (FANB) y el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa
Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional de
Venezuela.
Vivas Landino
es responsable o cómplice de ordenar, controlar o de alguna manera dirigir,
participando directa o indirectamente en actos significativos de violencia o
conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en
particular contra las personas implicadas en protestas antigubernamentales en
Venezuela en o desde febrero de 2014.
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