AN 10 de marzo de 2016
La
Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que estudia la Ley de la Telefonía
Celular y la Internet en el interior de los Establecimientos Penitenciarios,
estima que en un máximo de 30 días tendrá listo el informe para su segunda
discusión y aprobación, instrumento legal que pretende acabar con los delitos
que se cometen desde las cárceles del país.
Así lo
informó la presidente de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano,
durante la primera sesión de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, donde
fueron recibidos los expertos en la materia penitenciaria los abogados
penalistas Luis Izquiel y Fermín Marmol García, quienes contribuyeron en la
realización de este proyecto legal.
La
presidente de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano manifestó que
el Código Orgánico Penitenciario en su artículo 107 contiene una prohibición de
teléfonos celulares en los recintos penitenciarios, que no se cumple, pero
ahora con esta ley, que fue aprobada en primera discusión por la Plenaria de la
Asamblea Nacional, se van hacer los correctivos correspondientes para evitar
que se sigan cometiendo delitos orquestados desde las cárceles del país:
secuestros, robos de vehículos, extorsiones entre otras fechorías.
“El
propósito de la ley es prevenir que desde el interior de los establecimientos
penitenciarios del país se ejecuten delitos a través de la utilización de
telefonía celular, la internet y, en general, de todos los servicios de voz y
datos que ofrecen las compañías de telecomunicaciones. Así mismo se establece
que el Ministerio para el Servicio Penitenciario deberá adquirir e instalar
equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal
de telefonía celular y la internet en el interior de los establecimientos
penitenciarios del país”.
Por su
parte el presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, Richard
Blanco, indicó que las cárceles en el país no están debidamente atendidas por
el Ministerio para el Servicio Penitenciario. “En reiteradas oportunidades
hemos invitado a la Ministra Iris Varela negándose a acudir a nuestro despacho
con el propósito de coadyuvar en la crisis que aqueja a las cárceles y a los
privados de libertad”.
Mientras
que el abogado penalista Luis Izquiel manifestó que esta ley no cercena
completamente el derecho a la comunicación de los reclusos. “A través de la
CANTV se deben colocar teléfonos fijos en los centros penitenciarios para que
los presos puedan ejercer su derecho a la comunicación externa, pero con una
particularidad esos teléfonos públicos deben tener programada una grabación que
indique al inicio de la llamada el nombre y ubicación del centro penitenciario,
desde donde se origina la llamada. De manera que si una persona que no tiene
nada que ver con penales o presos tenga la opción de no atender la llamada”.
Agregó
que esta ley le va dar respuesta a todas aquellas personas que fueron víctimas
del hampa desde las cárceles del país. Además le va dar un duro golpe a las
“pandillas delictivas” que operan desde los centros penitenciarios. “También
esto les va a cortar el suministro de dinero a los presos, que son destinados
para adquirir armas de guerra, construir piscinas y montar discotecas”.
Destacó
que podrán ingresar ilegalmente los celulares a los centros penitenciarios,
pero no podrán ser utilizados porque serán bloqueados por los equipos que
inhiben las señales de los móviles.
Por su
parte Fermín Marmol García dijo que los diputados de la Comisión Mixta tienen
en sus manos una ley que permitirá reducir el crimen y la violencia que se
genera desde las cárceles. “Los centros penitenciarios deben de dejar de ser
universidades del crimen. Este tipo de leyes han sido aprobadas en otros países
y ha funcionado muy bien, se ha reducido el crimen”.
Aspira
que los diputados de la alternativa democrática como los del oficialismo se
pongan de acuerdo, sin sesgos políticos para proteger a la familia venezolana.
Agregó que una vez que se aplique la ley que los menos que puede ocurrir en los
primeros 18 meses es una reducción del 30 por ciento de los delitos, de las
extorsiones, de las llamadas amenazantes, secuestros entre otros.
La
Comisión Mixta quedó integrada por los diputados Delsa Solórzano, Richard
Blanco, Juan Pablo García, Juan Marín, Teodoro Campos, Juan Guaidó y Mariana
Lerín. Figurarán como invitados permanentes a las discusiones los abogados
Fermín Mármol García y Luis Izquiel.
Prensa
AN
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