Luis Loaiza Rincón 06 de marzo de 2016
Al
conocer la cronología del caso de persecución política contra Manuel Rosales y
considerar sus seis años y diez mese de clandestinidad, exilio y cárcel, no
queda otra que pensar que nos encontramos frente al ilegal proceder de un
régimen que desconociendo los derechos humanos, la Constitución de la República
y el ordenamiento legal, perdió su legitimidad democrática.
Esta
situación se viene presentando desde el 13 de septiembre de 2004 cuando por la
vía de una investigación del Ministerio Público se desata una situación que
todavía hoy, marzo de 2016, mantiene injustamente en la cárcel a un luchador
social y político que ha enfrentado con dignidad un proceso fraudulento,
sustentado en pruebas falsas, sin acusador y una artimaña de acciones que sólo
han puesto de manifiesto la descomposición de un régimen que niega a los
ciudadanos hasta los más elementales derechos humanos.
En el
caso de Manuel Rosales, y de los presos políticos venezolanos, queda claro el
quiebre de la democracia, del sistema de libertades y garantías consagrados en
la Constitución, lo cual hace responsable al régimen de unos delitos que no
prescriben.
La
garantía y el ejercicio de los derechos humanos se encuentra existencialmente
vinculada al ejercicio de la democracia. Dado que los derechos humanos abarcan
tanto a los derechos de la persona física como a los derechos de la persona
moral, no sólo los hechos de fuerza y de violencia alimentan la violación de estos
derechos. Hay también formas sutiles o no violentas de atentar contra la
condición humana, por ejemplo, cuando se pretende imponer una sola y excluyente
visión de la vida y de la sociedad. También se violan los derechos humanos
cuando el pueblo elige a sus gobernantes en un proceso más o menos democrático,
pero no hay separación real de poderes y no existe estado de Derecho, ni
funcionan los mecanismos institucionales para proteger la libertad de
expresión, de prensa, asamblea, religión y propiedad.
En
Democracia las elecciones no bastan si el sistema que ellas alimentan no
protege la dignidad y la autonomía del hombre contra todo tipo de coerción,
venga de donde venga. Desde esta perspectiva, es indisoluble la relación entre
los valores éticos de la democracia y de los derechos humanos. Por tanto, el
primer valor ético de la democracia es la garantía, el respeto y el progresivo
desarrollo de todos los derechos reconocidos. En otras palabras, el respeto de
los derechos humanos constituye la esencia de la democracia y se debe atender
con especial cuidado tanto de la persona individual como ala social.
No se
puede hablar de derechos humanos si éstos no son efectivos, si no están
respaldados por garantías jurídicas, garantías previas que se ubican en la base
de la estructura sociopolítica y jurídica del Estado. Por tanto, los derechos
humanos no pueden desarrollarse si, finalmente, la separación de poderes, el
sistema de tutela jurisdiccional, el debido proceso, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa y el control político que debe ejercer el
parlamento, se convierten en ficciones. En suma, sólo en democracia hay respeto
por los derechos humanos.
Los
derechos humanos corren peligro cuando se limitan los ámbitos individuales y
sociales de la libertad pero también cuando hay hambre, miseria y cuando se nos
cierran las oportunidades y espacios para pensar distinto. El caso de Manuel
Rosales así lo demuestra.
Tomado de: http://comunicacioncontinua.com/57863-2/
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