Por
Marco Negrón
Los
aires nuevos que desde enero pasado circulan con fuerza por pasillos y salones
de la Asamblea Nacional, han animado a muchos compatriotas a presentar
propuestas que ayuden al país a dar finalmente el tan postergado salto al siglo
XXI.
En
nuestras últimas columnas hemos insistido en la necesidad de aprovechar la
ocasión para abordar a fondo el tema de la gobernabilidad de Caracas, pendiente
desde la década de 1980 y que en este siglo ha conocido dos intentos fallidos:
la Ley Especial del Distrito Metropolitano de Caracas aprobada por la Asamblea
Constituyente en 2000, sustituida en 2009 por la Ley Especial del Área
Metropolitana de Caracas cuando la Asamblea Nacional la derogó.
La
primera de ellas adolecía de escasa visión de futuro y abundaba en lagunas y
contradicciones legales, por lo que, aunada a la empecinada resistencia del
Ejecutivo Nacional a permitir un mínimo de autonomía a los gobiernos locales,
muy poco contribuyó a garantizar la gobernabilidad. La segunda fue simplemente
una coartada para anular a la Alcaldía Metropolitana recién conquistada por la
oposición democrática.
Un
aporte significativo al debate es el Plan “Recuperemos Caracas”, presentado
hace pocos días a la Asamblea por los alcaldes Ocariz y Muchacho y que, como lo
proponen expresamente, debería “servir como agente desencadenante de una serie
de discusiones y debates en el seno del Legislativo”. Aceptando la invitación, a
continuación se adelantan unos primeros comentarios.
En él
se atribuyen los problemas de Caracas al “crecimiento exponencial” de la
población, que, aunado a la inadecuación del modelo de gestión, ha hecho que la
expansión de la demanda de bienes y servicios urbanos supere la capacidad del
sistema para satisfacerla.
Ciertamente,
el modelo de gestión, incapaz de asegurar la coordinación necesaria entre los
múltiples ámbitos de gobierno que convergen en Caracas y que ninguna de las
leyes ensayadas hasta ahora ha sabido enfrentar, es parte muy importante del
problema, pero no la única.
Para
empezar hay que subrayar que no hay tal crecimiento exponencial de la población
de Caracas: desde 1980 ella se mantiene alrededor de los 3 millones de
habitantes, muy similar a la de ciudades como Buenos Aires o París y mucho
menor a la de Bogotá, Lima o Santiago de Chile. Ese crecimiento, en verdad,
está ocurriendo en las llamadas ciudades dormitorio de la Región Metropolitana
que dependen de ella de manera desproporcionada en empleo y servicios: la de
Caracas representa el 64% de la población de la Región, pero en ella se
concentran el 80% del empleo y el 90% de los servicios especializados en salud,
educación y cultura. Esto da origen a movimientos pendulares de población entre
Caracas y dichas ciudades, generando impactos colaterales sobre otros
servicios, en particular el transporte.
Si
esta realidad no es reconocida (y así ocurría en las dos leyes mencionadas,
pero la ausencia también persiste en el documento que se comenta) los problemas
de Caracas seguirán sin encontrar cabal solución.
Es
imposible en el espacio disponible agotar en su totalidad el Plan comentado,
pero sí merecen destacarse sus importantes aportes en materia de competencias y
de ingresos del gobierno metropolitano. En cambio, no parece lo más acertado,
como allí se plantea, reformar la funesta ley de 2009: esta, simplemente, debe
ser derogada para recuperar, con los ajustes que la experiencia recomiende, la
propuesta original presentada en 1999 por la Fundación Plan Estratégico Caracas
Metropolitana a la Asamblea Constituyente y que esta tergiversó. Aprovechemos
la oportunidad avanzando hacia un planteamiento realmente novedoso y con visión
de futuro, no remendando un instrumento cargado desde su origen de las peores
intenciones.
22-03-16
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