Luis Loaiza Rincón 20 de abril de 2016
La
autoridad es un concepto central, tanto de las ciencias jurídicas como de las
políticas, para comprender los fenómenos de poder y se refiere específicamente
a un poder legítimo, del cual se deriva estabilidad y disposición a obedecer.
Por tanto, se entiende que la obediencia incondicional a los mandatos o a las
directivas provenientes de una determinada fuente, depende de su legitimidad.
Pero, ¿qué pasa cuando el poder es ilegítimo o se deslegitima en su desempeño?
Con Mahatma
Gandhi y su teoría de la Satyagraha (aferrarse a la verdad) cobra importancia
la idea de asumir la desobediencia como un deber moral y como un derecho. En
sus mismas palabras: “la desobediencia civil es un derecho inherente a cada
ciudadano y aquel que renuncia a este derecho deja de ser un hombre”.
En la
tradición política occidental, mucho antes de Gandhi, ya se aceptaba que es
justo resistir las decisiones de un régimen que abusa de sus poderes, que
incumple sus compromisos o actúa con injusticia. En esta perspectiva, la
injusticia siempre justificará la resistencia, dado que no necesariamente se
deben cumplir las decisiones gubernamentales que nieguen las libertades
básicas.
En la
teoría política democrática contemporánea, es ya un lugar común aceptar que el
disenso es necesario, que la mayoría puede equivocarse y que, con más
frecuencia de lo que se piensa, el gobierno puede llegar a no representar la
voluntad de la mayoría.
Estos
temas, apenas expuestos en sus más gruesos contornos, encuentran eco en la
realidad venezolana de nuestros días. El caso es que no basta con asumir,
conforme a la dinámica democrática institucionalizada, un disenso justificado.
Se trata, por el contrario, de impulsar cambios sustantivos, ante una realidad
marcada por una muy profunda crisis política y social.
En
Venezuela el gobierno no sólo abusa del poder sino que hace alarde de ese abuso
anulando la institucionalidad del Estado y las competencias que la Constitución
le asigna a esas mismas instituciones, con el único objetivo de mantener a
cualquier precio en el poder a los responsables de la estafa política más
grande de toda nuestra historia republicana.
Un
gobierno abrumadoramente rechazado por los ciudadanos que se encuentra, además,
impedido de invocar una legitimidad de ejercicio, que perdió gracias al
desastre de su pésimo desempeño, ¿qué obligación de respeto y acatamiento puede
exigirle a la sociedad? ¿Qué gratitud puede sentir el ciudadano por un gobierno
que degradó su situación hasta el punto de imponerle una batalla cotidiana por
la sobrevivencia? ¿Puede considerarse justo un sistema que encarcela al que
piensa distinto pero le da poder a los delincuentes que roban y asesinan?
Finalmente, ¿puede alguien resultar indiferente ante esta realidad?
La
gente sabe que el gobierno no es parte de la solución sino del problema y hasta
el pueblo chavista se siente traicionado y utilizado porque sabe que los
poderosos utilizan los recursos del país en su provecho y en el de la camarilla
de enchufados que exhibe abiertamente su enorme y mal habida riqueza, mientras
el pueblo sufre con infinitas calamidades.
Sin
embargo, el poder no da muestras de rectificación ni manifiesta disposición de
respetar la voluntad de la mayoría que se expresó el 06 de diciembre de 2015.
Por el contrario, se aferra al poder con la pretensión de seguir mandando, ya
no sobre la base de la autoridad sino del autoritarismo. Por ello, cada vez se
hace más evidente el uso de la represión para lograr la obediencia que no se
alcanza con legitimidad democrática y eficaz desempeño.
Vivimos
una auténtica desgracia en Venezuela. El daño del tejido social es profundo. No
ha quedado nada sano de esta nefasta experiencia que lleva ya más de tres
lustros. La promesa de bienestar y de niveles superiores de felicidad
colectiva, gracias a la acción revolucionaria, hace rato se quebrantó.
El
referéndum revocatorio nos da la posibilidad de construir un cambio en la
dirección correcta. No perdamos el rumbo.
Luis
Loaiza Rincón
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