Por Javier Chicote
ABC publica hoy la prueba
definitiva para acreditar que el partido político Podemos nació como una
prolongación del chavismo en España. El proyecto le costó al Gobierno de de
Venezuela algo más de siete millones de euros, según los documentos a los que ha
tenido acceso este diario. La prueba es un informe titulado «Punto de
cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela», con
fecha 28 de mayo de 2008. Lo redactó el entonces ministro del Poder Popular
para las Finanzas, Rafael Isea, y lo aprobó de su puño y letra Hugo Chávez
Frías.
La clave está en un párrafo,
63 palabras con las que el ministro le dice al presidente de Venezuela que el
dinero entregado a CEPS, el germen de Podemos, no solo va a pagar
las asesorías de la fundación a la que perteneció toda la cúpula de Podemos,
sino que hay un objetivo mayor, la creación de un partido político en España
afín al chavismo: «Adicionalmente, según lo acordado en el referido consejo de
ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación
CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos
representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente
anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas
políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún
más afines al gobierno bolivariano».
«Aprobación de recursos»
El «punto de cuenta al
Comandante Presidente» tenía como asunto «solicitar la aprobación de recursos
para la contratación de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y
Sociales CEPS» para el periodo 2008-2010. El ministro del Poder Popular
para las Finanzas, el citado Rafael Isea, explica
en el documento a Hugo Chávez que las asesorías de
CEPS al Gobierno de Venezuela, que comenzaron en el año 2003, han servido para
«promover los conceptos de emancipación popular, conciencia anticapitalista y
controlaría social».
Un total de 7.168.090 euros
A continuación aborda los
asuntos económicos y cifra en 2.687.390 euros las cantidades satisfechas a CEPS
«en estos años», en referencia al periodo 2003-2007. A partir de ahí solicita a
Hugo Chávez una partida de 1.650.700 euros para el ejercicio 2008 y otros
2.830.000 euros para el periodo 2009-2011. El total asciende a 7.168.090 euros,
una cifra muy superior a la que, en teoría, había cobrado CEPS de Venezuela,
que hasta ahora, según sus memorias económicas, se cifraba en unos 3,7 millones
de euros (CEPS trabajó para el chavismo hasta el año 2012, cuando Pablo
Iglesias ya tenía en marcha su proyetco político, que se tradujo en el registro
de Podemos como partido político en enero de 2014).
El entonces presidente de
Venezuela autorizó destinar esos recursos a la fundación para la que
trabajaban Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos
Monedero, y Luis Alegre, entre otros. De hecho, el actual diputado de Podemos
Alberto Montero Soler, el profesor que entregó la «beca black» a Errejón, fue
presidente de CEPS. Hugo Chávez rubricó el documento con su famosa firma,
conocida en Venezuela como el «rabo de cochino», por la espiral que
presenta y que se asemeja el citado apéndice del cerdo.
Los líderes de Podemos han
intentado desvincularse por activa y por pasiva del chavismo para dar una
imagen moderada que atraiga más votos, pero el documento que hoy desvela ABC
refleja hasta qué punto su fundación afín, CEPS, y el chavismo lo comparten
todo. Los conceptos que promueve la fundación «coinciden y se complementan con
los de la revolución bolivariana y son la razón por la cual el Gobierno contrató
desde hace varios años los servicios de dicha fundación», sostenía el ministro
del Poder Popular para las Finanzas.
ABC ha publicado varios
de los informes de asesoría que realizó CEPS para los gobiernos de Hugo Chávez
y Nicolás Maduro, en los que se evidenciaba que los trabajos
de consultoría pagados con dinero público no servían para el pueblo venezolano,
sino que tenían como objetivo perpetuar el chavismo, incluidas asesorías sobre
cómo combatir a la oposición.
Esto podría suponer un
delito de malversación de caudales públicos, motivo por el que la Asamblea
Nacional de Venezuela ha abierto una investigación que la mayoría chavista la
mantenía bloqueada. Ahora, con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que
aglutina a la oposición al chavismo, controlando el Parlamento venezolano tras
las últimas elecciones, la investigación se ha reactivado, como avanzó este diario
el pasado 26 de enero.
Según las fuentes de la
oposición consultadas por ABC, hay indicios de la comisión de dos delitos: uno
contra la Hacienda Pública y otro de malversación de caudales públicos.
05-04-16
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