DECLARACIÓN DE CODEVIDA, ORGANIZACIONES ALIADAS Y
PERSONAS AFECTADAS, POR LA SITUACIÓN EXTREMA DE DESABASTECIMIENTO GENERAL DE
MEDICAMENTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD EN VENEZUELA
31 de marzo de 2016 Caracas, Anfiteatro Altamira Sur
Las personas y organizaciones presentes en esta asamblea que
suscribimos este documento, nos hemos unido con el propósito de manifestar
nuestra indignación ante los extremos niveles a los que ha llegado el
desabastecimiento de medicinas, insumos y servicios esenciales para proteger la
vida, la integridad y la salud de la población en toda Venezuela, luego de
haber agotado todos los canales y gestiones administrativas a nuestro alcance a
través de las instancias competentes del Estado, desde el año 2013 hasta hoy,
para encontrar vías de solución a los problemas que han causado el estado de
privación al que estamos siendo expuestas actualmente, sin que se hayan
adoptado las medidas necesarias para corregir y evitar esta inaceptable situación.
El gobierno nacional y todas sus instituciones y funcionarios han
contraído la indeclinable obligación de garantizar el derecho humano a la
salud. Las circunstancias actuales amenazan la vida de miles de personas o
están causando lesiones irreversibles a su condición física y mental, pues no
están tomándose las medidas exigidas para brindar la protección requerida o el
acceso sin demora a los mecanismos necesarios para evitar más daños a la salud
o la pérdida de vidas. La violación de estos derechos acarrea responsabilidades
individuales, por acción u omisión, que pueden reclamarse judicialmente en las
instancias de derecho interno y del derecho internacional de derechos humanos.
Las autoridades deben establecer de inmediato los mecanismos para
afrontar una situación que afecta a toda la población: los inventarios de
medicinas se han reducido en 80%, y los de insumos básicos, médico-quirúrgicos
y reactivos para diagnóstico, en 70%, provocando que los centros de salud, en
su mayoría públicos, ya no puedan prestar ni siquiera una atención mínima
adecuada y oportuna. Estos centros están en precarias condiciones y enfrentan
serias dificultades para continuar funcionando, debido al desfinanciamiento del
que han sido objeto, el retiro de 50% de su personal médico calificado, el
deterioro de su infraestructura y el cierre o parálisis de salas de cirugía y
unidades de tratamiento.
Cumplir con esta obligación implica, por parte del gobierno nacional,
el reconocimiento público de la grave magnitud y alcance del problema en todo
el sistema sanitario del país, que afecta a miles de personas, y tomar todas
las medidas necesarias y urgentes, con el máximo de los recursos de los que
disponga, incluyendo los de la cooperación internacional, para garantizar sin
demora la disponibilidad y acceso universal, permanente e ininterrumpido, a
medicamentos, insumos y servicios esenciales en salud requeridos. El gobierno
debe garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos,
abstenerse de aplicar medidas de racionamiento, y considerar los niveles de
riesgo que corren las personas según sus afecciones, lugares de donde se
encuentran y barreras para su movilización.
La comunidad internacional está al tanto de esta situación y tiene el
legítimo deber de ofrecer los mecanismos de ayuda humanitaria y cooperación
internacional de los que pueda hacer uso, y el gobierno nacional tiene el deber
de informar y coordinar todos los esfuerzos exigidos para hacer frente a esta
crisis, vistas las condiciones de fragilidad del país desde el punto de vista
jurídico, institucional, social y económico, usando los medios que garanticen
una respuesta rápida, asistencia técnica adecuada, así como la total
transparencia en los criterios y procesos destinados a la adquisición y distribución
de medicamentos e insumos, conforme a normas y estándares internacionales.
Señores Nicolás Maduro, Presidente de la República; Arístóbulo Istúriz,
Vicepresidente; Jorge Arreaza, Vicepresidente del Área Social, Luisana Melo,
Ministra de Salud; Carlos Rotondaro, Presidente del IVSS; Luisa Ortega Díaz,
Fiscal General; Manuel Galindo, Contralor; y Tarek William Saab, Defensor del
Pueblo; son ustedes los principales responsables de garantizar y proteger los
derechos a la salud y la vida de la población en Venezuela, utilizando todos
los recursos a su alcance, incluyendo los de la cooperación internacional. De
no hacerlo, los daños a la salud y la pérdida de más vidas serán también su
responsabilidad.
Venció el tiempo de espera, la solución es
impostergable
La salud y vida de miles de personas están en juego
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