Trino Márquez 14 de abril de 2016
La
representación parlamentaria opositora de la Asamblea Nacional ha desarrollado
una encomiable labor desde el pasado 5
de enero, cuando el Cuerpo se instaló. Ha discutido y aprobado un número
significativo de leyes: Ley de Propiedad para los beneficiarios de la Misión
Vivienda, Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, Ley del Banco Central, Ley
de Cesta Tickets para Jubilados y Pensionados, Ley de Producción Nacional, Ley
de Referendos, Reforma de la Ley
Orgánica del TSJ. Estos instrumentos forman parte del amplio programa
legislativo ofrecido por los actuales diputados durante sus campañas electorales.
Además, el Parlamento encaró la vasta corrupción perpetrada por el régimen a lo
largo de 17 años. Los parlamentarios están colocando la lupa en el saqueo
cometido en Pdvsa, la CVG, Cadivi, el sistema eléctrico y numerosas empresas
estatizadas. Ejercen con eficacia las labores de legislación y control
contempladas en la Constitución.
La
bancada oficialista se ha limitado a torpedear las tareas de la alternativa
democrática. Ha quedado descolocada y confundida, luego de haber dominado a su
antojo el Palacio Federal durante tres lustros, la etapa más oscura del
Parlamento desde la era gomecista, cuando los diputados del Congreso eran
títeres del tirano de La Mulera. El Gobierno ha complementado la opacidad de
sus diputados, descalificando y anulando todas las acciones del Poder
Legislativo. El ariete ha sido la Sala Constitucional del TSJ, que forma, junto
con el alto mando de la FAN, la columna sobre la que se apoya la dictadura
legalista existente en Venezuela desde
cuando Hugo Chávez aún vivía
El
desconocimiento de los acuerdos y la demolición de los instrumentos legales
aprobados por la mayoría democrática de la AN, persistirán. Nicolás Maduro y
sus socios desprecian la institucionalidad republicana. Están conscientes de
que les resulta demasiado costoso respetar los preceptos constitucionales.
Bloquearán todas las alternativas contempladas en la Carta Magna para resolver
la crisis política, salvo que haya una presión nacional que les obligue a
entrar en el redil.
En el
campo estrictamente parlamentario y legal, la oposición tiene pocas
posibilidades de derrotar a la autocracia madurista. La acción parlamentaria ha
sido y será fundamental, pero debe formar parte de una estrategia global
conducida por una dirección política que le dé sentido y coherencia a la
actividad de los diputados. Para los parlamentarios, por sus compromisos y
obligaciones inmanentes, les resultará imposible conectarse con todos los
sectores descontentos por las nefastas políticas del gobierno: obreros,
sindicatos, gremios profesionales, federaciones empresariales, transportistas,
ligas campesinas, movimiento estudiantil, organizaciones de la sociedad civil
que agrupan a quienes carecen de agua, medicinas, electricidad o son acosados por el hampa y la inseguridad
personal. Estos sectores, donde la insatisfacción es profunda y la
desesperación puede convertirse en violencia desatada (como ocurre con los
linchamientos), carecen de la guía que solo pueden darle un núcleo político que
asuma la crítica al régimen de forma integral y aparezca como opción de triunfo
frente a la arrogancia y la indolencia.
Conviene,
entonces, diferenciar entre actividad parlamentaria y dirección política. La
lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez carecía de diputados, pero
contaba con la Junta Patriótica, que a pesar de ser clandestina pudo darle una
conducción estratégica al reclamo popular por restablecer la democracia. Ahora
ocurre que tenemos una amplia y sólida representación en el Parlamento, pero
carecemos de ese órgano rector con capacidad de galvanizar el descontento,
propiciar las luchas populares e imponerle al Gobierno medidas que no necesiten
contar con el aval del TSJ, del Poder Electoral o del Poder Moral, y ni
siquiera del alto mando. Nadie vio a Hugo Chávez en el 99 pedirle autorización
a Cecilia Sosa, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para exigir e
imponer la Constituyente, a pesar de que la figura no estaba prevista en la
Carta de 1961. La fuerza que representaba en aquel momento, luego de su triunfo
en diciembre de 1998, le dio el poder suficiente para imponer su voluntad.
Tenía en sus manos la dirección política del país.
El
gran reto de la oposición en la actualidad reside en reconvertir la MUD en el
cerebro de la lucha por recuperar la democracia y la Republica, y colocar la
actividad parlamentaria al servicio de esa causa.
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