Por Carlos Romero Mendoza, 01/04/2016
La crisis en la prestación del servicio de agua potable que impacta la
tranquilidad de la sociedad venezolana y lesiona la calidad de vida de los
ciudadanos, exige que se plantee en la agenda política un debate sobre la forma
como se ha manejado la gestión integral del agua en Venezuela.
El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, fecha que se
ha venido celebrando desde el año 1993, como un acuerdo global en el marco de
la ONU. Este año 2016 el diputado Stalin González reclamó, en el marco de esa
celebración, las contradicciones existentes en el gobierno entre la inversión
aprobada, lo ejecutado y la ausencia de explicación sobre las obras que están
inconclusas, particularmente, en materia de la prestación del servicio de agua
potable y saneamiento.
Mientras tanto el gobierno, en esa materia, mantiene una campaña de
sensibilización sobre la preservación del agua, aplicando un severo racionamiento
de agua y promoviendo a través del Ministerio de Ecosocialismo y Agua la
conformación de un modelo de organización llamada Salas de Gestión Comunitaria
del Agua, que responde más a una estrategia de control político, que de
inclusión social.
La ONU, en el documento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable,
advierte que la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el
inadecuado saneamiento, son aspectos que atentan de manera negativa en la
seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las
oportunidades de educación para las familias mas pobres.
Desde la Conferencia de Naciones Unidas, Rio+20, en el año 2012, se
reconoce que el agua está en el centro del desarrollo sostenible, se destaca su
papel en el desarrollo socioeconómico, para lograr ecosistemas saludables y
para la propia supervivencia humana.
La ONU, en varios de sus documentos oficiales, reitera la necesidad de
gestionar los recursos hídricos de manera sostenible, a los fines de mantener
el suministro tanto para las personas como para el uso económico. Uno de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en septiembre 2015, llama a los
gobiernos a fortalecer y apoyar la participación de las comunidades locales en
la mejora de la gestión del agua y saneamiento.
El debate que debe dar la sociedad venezolana sobre la gestión integral
del agua, reclama una nueva institucionalidad en materia del agua, orientada
hacia el desarrollo y el bien común, sin condicionamientos ideológicos. Ese
debate debe considerar el rol de los municipios particularmente en lo que
respecta a la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, revisando
los compromisos que en ese sentido se habían planteado en el marco legal
vigente. Los municipios deben ser parte actora de una nueva forma de gestión,
según sus propias capacidades y para ello debe diseñarse incentivos,
modalidades y mecanismos para involucrarlos de manera más efectiva en la
gestión integral del agua.
Asimismo y en la búsqueda por concretar el Objetivo de Desarrollo
Sostenible, que plantea la inclusión de los ciudadanos en el tema del agua,
resulta oportuno y más aún, como estrategia para enfrentar la crisis actual en
la prestación del servicio de agua potable, destacar la necesidad de darle vida
a la cooperación vecinal, prevista en la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal.
Ese mecanismo, previsto en el artículo 268 de la Ley Orgánica de Poder
Público Municipal (LOPPM), plantea específicamente, en su numeral 2, que el
Concejo Municipal puede convocar a los ciudadanos para activar una Comisión de
Vecinos a los fines de ejercer un fiscalización y vigilancia sobre el buen
funcionamiento de un servicio público municipal.
Esa comisión de vecinos, como estrategia de cooperación vecinal, debe
ser impulsada por el Concejo Municipal, a través de su facultad reglamentaria,
prevista en el artículo 54 de la LOPPM.
Esa comisión de vecinos, se presenta como una herramienta legal e
institucional que en la actualidad facilitaría la inclusión de los vecinos en
el problema del agua, ayudaría a comprender la magnitud de la crisis del agua
en Venezuela y permitiría unir esfuerzos en la búsqueda no solo de mayor
transparencia en el manejo de la situación por los entes responsables, sino
también, en la promoción de un debate amplio sobre el rol del municipio en la
gestión integral del agua.
Asimismo, activar una Comisión de Vecinos, podría ser una figura
adecuada para el ejercicio de la contraloría social sobre el plan de
racionamiento, cuyo resultado, permitiría evaluar la necesidad de un plan de
contingencia municipal para enfrentar la crisis hídrica, que además, encuentra en
el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) el espacio institucional para
su aprobación.
Resulta coherente que el Concejo Municipal, en respuesta a su mandato
legal de promover los mecanismos eficientes, suficientes y oportunos de
participación en materia de gestión pública, y atendiendo a un tema tan
sensible y de profundo impacto en la calidad de vida de sus vecinos, impulse la
comisión de vecinos como espacio institucional, que le es propia, por lo tanto,
es expresión de su autonomía municipal a los fines de incluir a los ciudadanos
en la problemática del agua.
Es claro que la cooperación vecinal no trae consigo que el agua vuelva
de inmediato a los grifos de manera continua y menos aún, que sea potable; pero
sí podría contribuir en la construcción de consensos sobre un diseño de gestión
que responda al bien común, utilizando la institucionalidad que la ley nos
permite y rescatando al municipio como actor del desarrollo.
Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.
@carome31
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