Por Vanessa Davies
La Plataforma por la
Auditoría Pública y Ciudadana calcula un presunto desfalco de 259 mil millones
de dólares en capitales fugados y 216 mil millones de un supuesto faltante en
la estatal petrolera
Los "Panama
Papers", documentos del bufete panameño Mossack Fonseca que evidenciarían
el desvío de dinero hacia paraísos fiscales por parte de personalidades y
políticos del mundo, han generado conmoción a escala mundial. La Comisión de
Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) anunció que sumará este caso a las
investigaciones por corrupción que ya adelanta. Dirigentes de la oposición y
del chavismo han planteado que los documentos de los "Panama Papers",
más de 11 millones, deben ser analizados a fin de determinar si los
funcionarios o exfuncionarios venezolanos que allí aparecen efectivamente
incurrieron en hechos de corrupción.
Lo que se ha filtrado sobre
Venezuela hasta este momento indica que un exjefe de seguridad del presidente
fallecido Hugo Chávez, Adrián Velásquez, y su esposa, la extesorera Claudia
Díaz, se habrían beneficiado del apoyo del bufete Mossack Fonseca para
"blindar" una fortuna que nunca declararon. También figura el
excomandante del Ejército y expresidente del Fondo de Desarrolllo Urbano,
Víctor Cruz Weffer, quien -según los documentos difundidos- habría adquirido
una sociedad en Seychelles.
Los partidos políticos
opositores como Copei, Alianza Bravo Pueblo y Voluntad Popular subrayaron este
lunes que los papeles deben ser analizados y determinar las responsabilidades a
las que haya lugar. Similar solicitud formularon organizaciones del chavismo,
como Unidad Popular Venezolana (UPV). "Que se expongan los corruptos y que
tomen las acciones necesarios para que no sigan dañando la Revolución",
sostuvo la periodista Eva Golinger, vinculada con el chavismo.
Los que rompieron el
silencio antes
Las denuncias de presuntos
hechos de corrupción durante la Quinta República no son nuevas ni se limitan a
los "Panama Papers". Organizaciones vinculadas con el chavismo
crearon la Plataforma por la Auditoría Pública y Ciudadana, que se cansó de
solicitar ante instancias como la Contraloría General y el Ministerio Público
(MP) que se investigara el presunto desfalco a la nación y fuga de capitales
durante las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Voceros de la
Plataforma, que formaron parte del gabinete del expresidente Chávez (como los
exministros Ana Elisa Osorio y Héctor Navarro), señalaron el control de cambio
como una de las vías por las cuales los corruptos habrían sacado del país más
de 259 mil millones de dólares. Pero además habría un "faltante" de 216
mil millones de dólares en las cuentas de Pdvsa.
"Los mecanismos a
través de los cuales han sido dilapidados esos recursos son diversos:
sobrefacturación de importaciones, empresas que se beneficiaron de Cadivi,
especulación mediante bonos y mecanismos financieros relacionados con la
deuda", enumera Gonzalo Gómez, dirigente de la Plataforma y uno de los
fundadores del portal web Aporrea.
El objeto de la Plataforma
es investigar, detectar y emprender acciones para detener el desfalco, la fuga
de capitales, el pago de deudas ilegítimas y hacer frente a la corrupción, tal
como lo registra un documento público de la organización.
Gómez detalló a Contrapunto
que las acciones de este grupo para exigir transparencia en las finanzas
públicas comenzaron en 2013, con "una movilización popular que coincidió
con el asesinato del cacique Sabino Romero". En esa oportunidad el
colectivo introdujo un documento ante el Ministerio Público, sobre las empresas
de maletín, que nunca obtuvo respuesta. Posteriormente la Plataforma pidió el
pronunciamiento de la Contraloría, instancia que declaró que la denuncia
"no era procedente" porque presuntamente era genérica, rememora
Gómez.
Pero el equipo no se amilanó
por la respuesta de la Contraloría. Por el contrario, decidió acudir al Consejo
Moral Republicano -constituido por la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y
el MP- y la única respuesta que consiguió fue que no había lugar para el
reclamo. "Nosotros introdujimos otro escrito y recordamos que el Consejo
Moral Republicano debía responder. Me llamaron la semana pasada para
informarnos que debemos buscar otra notificación sobre el caso", comenta
Gómez.
La Asamblea Nacional (AN),
cuando estaba bajo el mando del PSUV, "abrió una investigación que al
parecer nunca concluyó y nunca brindaron información pública sobre sus
resultados". El Parlamento "tenía que darle respuesta al pueblo
venezolano", enfatiza.
La Plataforma mantiene su
posición: hay que investigar lo que presumen que fue robado a la nación, al
igual que las denuncias de los "Panama Papers". "Creemos
que debe ser una auditoría pública y ciudadana porque el Estado no puede
investigar sus propios chanchullos; tiene que haber participación ciudadana. El
sector privado también tiene que estar alejado de eso, porque ha sido beneficiario
del otorgamiento de divisas", precisa el vocero.
Percepciones
A pesar del escándalo
generado con los "Panama Papers", la realidad es que no todas las
encuestas muestran que la corrupción sea percibida como uno de los graves
problemas del país. El 83% de la población considera que ha empeorado, de
acuerdo con una encuesta de Keller y Asociados. Sin embargo, el
desabastecimiento y la escasez son evaluados como los principales obstáculos de
la nación, por encima de la corrupción, según la encuestadora Instituto
Venezolano de Análisis de Datos (IVAD). La corrupción es el sexto problema en
orden de prioridades para la mayor parte de las venezolanas y los venezolanos,
tal como lo evidencia un trabajo de Hercon Consultores. Los papeles panameños, no
obstante, volvieron a poner el dedo en la llaga.
06-04-16
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