Por Roberto Patiño
En medio de la crisis más
profunda que ha atravesado el país, el actual gobierno deNicolás Maduro se
distancia cada vez de las necesidades primordiales de las grandes mayorías
venezolanas, hasta llegar al punto de atentar contra su mínimo bienestar y
supervivencia. Esto se ve sobre todo, en el tratamiento informal e
irresponsable que se ha venido sucediendo en lo referente gerencia de políticas
públicas para la educación.
En el último año la grave
crisis económica y alimentaria, sumada a las alteraciones producidas en el
servicio eléctrico y de agua, han contribuido a empeorar de forma
sostenida el desempeño escolar en los niveles de educación primaria y media. La
dificultad para conseguir materiales escolares y su costo, la irregularidad en
los horarios debidos a los racionamientos energéticos y el impacto de la crisis
alimentaria en el desempeño y el día a día de alumnos, padres y profesores, son
algunas de las razones, entre muchas otras, que han afectado negativamente en
índices de desempeño y asistencia escolar.
El retraso del inicio a
clases, anunciado con informalidad irresponsable por el ministro de
Educación, no fue explicado posteriormente. Se adujeron razones que tenían
que ver con la preparación del calendario escolar 2016-2017 y cambios en el
pensum. Por supuesto, no se presentó ningún plan de apoyo o alternativo a las
comunidades.
Tenemos que resaltar acá
el papel fundamental que tienen los colegios y planteles en los sectores
populares. No se trata sólo de la formación educativa: los planteles son puntos
neurálgicos de convivencia, donde se encuentran los distintos miembros de la
comunidad. Son espacios seguros donde los niños y jóvenes pueden estar más
protegidos de influencias negativas y violentas en sus zonas y en donde las
actividades extracurriculares ofrecen oportunidades de esparcimiento y
superación en ambientes propicios. Son el apoyo de los padres, que
pueden dejar allí a sus hijos y cumplir con sus horarios laborales y, son una
ayuda inestimable para las familias en los muchos casos en que los planes
de alimentación constituyen la principal fuente de alimentación (o la única) de
niños y adolescentes.
Imaginemos lo que un
retraso de 10 días en el inicio de clases significa entonces para una
comunidad.
El gobierno no ha
tomado medidas (ni creemos que conciencia) de la escala del problema y los
efectos de la crisis económica y alimentaria sobre este tema. Por ejemplo
Alexis Ramírez, asesor de Fenosapadres, estima, para este año, una migración de
al menos 100.000 alumnos, procedentes de las escuelas privadas, a los planteles
públicos, ante la imposibilidad de los padres de cubrir los aumentos en las
mensualidades de los colegios particulares. Estamos hablando de salones de
hasta 60 alumnos (cuando el estándar internacional es de 25),
una previsión imposible para planteles que, además, ya están
incapacitados, espacial y materialmente, para el número actual de alumnos.
Un informe utilizado por la
comisión presidida por el diputado Miguel Pizarro, en la elaboración
del proyecto de Ley de Alimentación Escolar, arroja datos significativos
de la situación. Al preguntar a los encuestados cual es la razón más frecuente
por la cual sus hijos no asisten a clases, el 48, 1% responde que se debe
a temas relativos a la crisis alimentaria: no han comido y están muy
débiles, ahorraron el dinero de los pasajes para invertirlos en alimentos,
estaban haciendo colas, etc. Un 38,1% de los padres declara que sus hijos deben
dejar de ir algún día a la escuela porque no hay suficiente comida en su hogar
y un 11,9% que la única comida del día de sus hijos es la que le dan en su
escuela, liceo o colegio.
Esto lo hemos podido ver de
primera mano en nuestra iniciativa de Alimenta la Solidaridad. Reconociendo la
importancia que en las comunidades tienen las escuelas, pudimos articularnos
con planteles y la gente, para poder ofrecer durante las vacaciones un almuerzo
diario en sectores del Municipio Libertador. Es claramente evidente la
necesidad de iniciativas que ataquen directamente este problema y el apoyo del
Estado a los colegios y es la alarmante la negación del problema o su
incapacidad y voluntad para enfrentarlo por parte de este gobierno.
Para la puesta en práctica
de nuestro Programa Alimenta la solidaridad hemos calculado el costo de una
comida diaria por niño en 500 bolívares. El programa se ha mantenido por ocho
semanas (y contando) y alimenta a más de 500 niños en comunidades de la
Vega y San Agustín. Para agosto de este año, según datos de la Asamblea
Nacional, elEstado Venezolano dedicaba menos de 15 bolívares por comida diaria
al actual plan de Alimentación Escolar. Recordemos que el anuncio del retraso
en el inicio de clases del ministro Rudolfo Pérez se hizo no por una cadena o
un medio masivo sino por un tuit.
Menos de 15 bolívares y un
tuit. Esa parece ser la importancia que este gobierno le da no solo a la
gente que, en estos momentos, atraviesa esta profunda crisis, sino también el
valor que para él tiene el futuro y la formación de los niños y adolescentes
del país.
Coordinador de Movimiento Mi
convive
Miembro de Primero Justicia
20-09-16
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