Por Gregorio Salazar
En una verdadera mesa de
diálogo, no las pantomimas dilatorias las que está acostumbrado el gobierno,
veríamos surgir prontamente el punto de partida para el desmoronamiento final
de este gobierno en cuestión de semanas.
La pregunta es que en medio
de posiciones tan excluyentes, sin ningún punto de coincidencia, cuando ambos
sectores paradójicamente se arrogan la defensa de la Constitución y la
emocional tirria opositora al diálogo ¿quién va a poner la mesa “en su santo
lugar”? ¿Podrá el Vaticano?
En momentos en que la patada a la constitución acelera el vaciamiento de poder del gobierno de Maduro, una mesa de conversaciones avalada con la presencia de mediadores aceptados por ambos extremos, con una agenda prioritaria y debidamente jerarquizada, sería un nuevo frente donde el sector oficialista no podría mantenerse por mucho tiempo atrincherado tras sus barricadas de cartón.
¿Por cuánto tiempo puede
seguir manteniendo la tesis de que intentar realizar un referéndum revocatorio
al presidente de la república es un golpe de Estado? ¿A quién pueden convencer
que la protesta y las exigencias de respeto a la Constitución son simples
planes desestabilizadores? ¿Cuánto más podría retrasar las elecciones
pendientes?
Y algo crucial, ¿cómo
justificar ante mediadores imparciales que el TSJ haya emitido una treintena de
sentencias que desconocen a la Asamblea Nacional y no se haya ocupado de cortar
el nudo gordiano que ha conducido la confrontación entre poderes sentenciando
de una vez por todas sobre el caso de los diputados de Amazonas? Resolver ese
último punto en el que sólo caben dos escenarios, ratificar a los diputados de
Amazonas o revocar su elección y convocar a nuevos comicios, conduciría a corto
plazo a la reconstitución plena de los poderes que le entregaron los votantes a
la AN para que pueda entonces proceder sin bloqueos y sin obstrucciones a la
plena reinstitucionalización del país, como ha debido ocurrir a lo largo de
este año.
Recobrar y ejercer como
primeros pasos, por ejemplo, la facultad para elegir los magistrados del TSJ y
sustituir los rectores del CNE con períodos vencidos, introduciría justeza,
equilibrio y adecentamiento del alto tribunal y, en segundo lugar, pondría fin
a todas las manipulaciones, retrasos y omisiones del ente electoral respecto a
las convocatorias de las elecciones estadales y municipales ya que el
revocatorio en 2016 parece burlado.
La Constitución, hoy más que nunca, se ha convertido en una camisa de fuerza para la desaforada tendencia de Maduro y su entorno a actuar arbitrariamente. La fórmula que ha encontrado para actuar a despecho de la carta magna es recurrir a grotescos exabruptos, que a su vez deben ser justificados o mantenidos vigentes con mayores desmanes y desafueros. Eso se pagará caro. En este momento, bajo enorme presión de calle y aislamiento internacional, difícilmente podría mantener en una mesa de diálogo ese doble juego.
No hay que entrar en crisis
porque las fuerzas unitarias exploren la posibilidad de abrir un diálogo que
hoy luce imperioso y cuyos resultados pueden evitar una gran tragedia a
Venezuela. Al gobierno se le agota el tiempo para las fintas, las imposturas y
los dobles discursos. Una mesa de diálogo con todas las reglas de ley se convertiría
en una nueva presión, tal vez la definitiva, para un gobierno asilado
continentalmente, a las puertas de sanciones internacionales y evidentemente
huérfano de apoyo popular.
Para talibanes como
Aristóbulo Istúriz, la AN no existe y ha sido Obama quien ha convocado las
multitudes que colmaron este miércoles las calles de Venezuela. Insulso,
ridículo, insostenible. La MUD tiene la agenda clara: debate parlamentario,
calle y paro. A la presión popular a fondo le falta el frente del diálogo. Las
razones para intentarlo son muchas y muy graves. Ejemplos inspiradores en la
historia sobran.
30-10-16
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