Por Sofía Nederr
“Frente al derecho que se ha
instaurado en Venezuela por unos magistrados ilegítimos y usurpadores, nos
declaramos en rebeldía para defender la Constitución y no el Plan de la Patria
por el que se ha regido la Sala Constitucional para conducir al gobierno por el
canal rápido del régimen tiránico y autoritario”, afirmó el ex magistrado Román
Duque Corredor.
Duque Corredor y juristas
del Bloque Democrático junto con 20 colegios de abogados del país y las ONG
Foro Penal Venezolano Fundeci, el Frente Amplio Social y Anzoátegui Plural
constituyeron una plataforma para la defensa de la Constitución. Ayer, en una
reunión en el Colegio de Abogados de Caracas, se declararon en rebeldía e
iniciarán una jornada de protestas en todo el país ante la aprobación del
presupuesto de 2017 por el presidente Nicolás Maduro y su consignación ante el
Tribunal Supremo de Justicia el viernes.
“Los dineros públicos son
del pueblo venezolano, el presidente de la República no es sino el
administrador. Quien organiza el gasto público y asigna la suma es el pueblo a
través de sus representantes en la Asamblea Nacional, a través de sus
electores. Aquí lo que está en juego es la estructura de un Estado
democrático”, subrayó el ex magistrado.
Refirió que la carta magna
establece que el presidente es tan responsable de sus actos como
cualquier funcionario. “Las reglas existen y quien haya violado las leyes
y la Constitución, del presidente para abajo, será responsable porque la
justicia tarda, pero llegal”, afirmó.
El abogado calificó de acto
criminal que el jefe del Estado condicione a los gobernadores y alcaldes al
exigirles sumisión a la sentencia que la Sala Constitucional emitió, el martes
en la noche, sobre el presupuesto: “Un presidente que amenace a gobernadores y
alcaldes no merece ser presidente. Eso es una vulgar extorsión y un chantaje”.
Rechazaron que el TSJ avale
el desarrollo de un golpe de Estado continuado, que se quiere imponer un
derecho penal de guerra a favor del gobierno y la modalidad de elaborar
sentencias de forma anónima, en las que no se atribuye el dictamen a un ponente
en particular. Duque Corredor, como vocero de la plataforma de abogados, señaló
que los magistrados han sido pasivos y han permitido que se conculquen los
derechos fundamentales y los principios fundamentales.
Lesa Constitución. El
abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez explicó que la gravedad del acto
presidencial de aprobación del presupuesto del próximo año va más allá de los
delitos de salvaguarda y se ubica en el rango de hechos equivalentes a los de
lesa humanidad.
“El reproche es mucho
más grande que la referencia de artículos, estamos ante verdaderos crímenes de
lesa Constitución, hay una violación flagrante de la carta magna. No tenemos ni
la independencia de los poderes para que aquí se haga efectivamente justicia,
pero los hechos son de una gravedad tal que no tiene precedentes en la historia
política venezolana. Aquí hay una apropiación criminal de los dineros públicos
y eso es más grave que la malversación de fondos; no se trata de
una situación normal ni de un hecho nimio”, subrayó.
16-10-16
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