Lunes 3 de octubre de 2016
Queridos hermanos,
jesuitas y laicos:
La gravedad de la
situación actual venezolana nos exige un discernimiento permanente desde
nuestra vocación de servicio al Pueblo de Dios. Nuestro compromiso con la gente
en muchas comunidades populares, con jóvenes y profesionales, con
organizaciones sociales, nuestro trabajo educativo y nuestro servicio pastoral,
nos sumerge en las muchas angustias que sufre el pueblo venezolano.
Como compañeros de
Jesús de Nazaret, al servicio de su misión, nos sentimos convocados al análisis
del momento que vivimos y a dar nuestro mejor aporte para transformación de las
estructuras de pecado y de muerte que golpean a nuestro pueblo. Desde este
Espíritu, habiendo escuchado las inquietudes de muchos compañeros jesuitas y
siguiendo las directrices del P. Provincial, convoque en mi carácter de
Viceprovincial una “Consulta Ampliada” para el análisis de la situación actual
del país y de sus exigencias para nuestra misión apostólica. A tal efecto, nos
reunimos conjuntamente la Consulta Canónica de Provincia y el Equipo Apostólico
el pasado 30 de septiembre. Esta carta, aprobada por el Provincial, expresa la
reflexión y los lineamientos que creemos deben orientar nuestra acción en este
momento que vive el país.
El momento presente
El presente es tiempo
de tragedia para Venezuela. El país padece problemas que no habían sido
conocidos por las últimas generaciones de venezolanos. La mayoría de la gente
vive con gran esfuerzo en una situación de sobrevivencia que empuja a vivir en
trance, en shock, perdiéndose todo sentido de normalidad en la cotidianidad.
La sensación con la que
se vive es de rabia y frustración. El empobrecimiento es masivo. La escasez y
la incapacidad de adquirir lo poco que distribuyen las redes comerciales se
traduce en hambre y miseria para la gran mayoría. La inseguridad crece en una
violencia diseminada e impune. El autoritarismo político y la hegemonía
comunicacional pretenden imponer un mundo demagógico y falso. El tejido social
se desvanece y la institucionalidad es sinónimo de corrupción, opacidad e
impunidad.
Organizaciones
internacionales y muchos Estados del planeta hablan de crisis humanitaria en
Venezuela y de violación de derechos humanos elementales. Las encuestas señalan
que el 94% de la población dice que el país está muy mal y que más del 70% está
a favor del Revocatorio al Presidente de la República.
Venezuela es una olla
de presión con las válvulas tapadas. La situación no sólo es insostenible, es
insoportable. Los economistas a coro señalan que el desabastecimiento va a ser
mayor y la inflación también durante los próximos meses. Es previsible que los
saqueos y las protestas sigan en aumento, al tiempo que el discurso vacío de
los voceros oficiales, la represión y las políticas erradas prosigan avivando
el fuego.
La crisis venezolana es
de carácter fundamentalmente político. Se ha roto la legitimidad del gobierno,
quedando en minoría electoral pero detentando el control de casi todos los
poderes públicos nacionales con excepción de la Asamblea Nacional, a la cual
margina sistemáticamente. Mientras, la oposición ciudadana al gobierno
representa la gran mayoría y la oposición partidista ocupa espacios muy
restringidos dentro del Estado venezolano.
La crispación y la
polarización entre gobierno y oposición partidista es cada vez mayor e
imposibilita alcanzar los acuerdos básicos que deben existir entre la sociedad
y el Estado para lograr los fines consagrados en la Constitución Nacional. Para
contener la oposición, el gobierno actúa cada vez más ejerciendo una cruel y
dura represión contra la disidencia, violando los más elementales derechos
humanos, situación ésta denunciada por organismos internacionales de reconocida
solvencia. Cualquier opción de diálogo y entendimiento se hace cada día más
difícil.
Ante esta situación, la
mayoría de la población venezolana, más allá de las identificaciones
partidistas, cree que la opción de referendo revocatorio presidencial, puede
ser el inicio de un proceso de transición política pacífica, democrática y
constitucional eficaz. Como muy bien ha señalado el Episcopado Venezolano:
“Ante la gravísima crisis política del país, el referéndum es la solución menos
traumática y más conveniente… de no darse el referéndum la crisis se hará cada
vez peor.” Somos conscientes que el revocatorio es sólo un paso (que
consideramos necesario en la presente circunstancia) de un largo y complejo
camino que requiere de muchos esfuerzos de negociación, acuerdos y consensos para
la superación de la actual crisis, en donde todos los actores son necesarios.
Vemos con indignación
como el Consejo Nacional Electoral (CNE), desde los inicios de la activación
del proceso del revocatorio, ha jugado un papel claramente sesgado hacia los
intereses del gobierno, retardando los lapsos, imponiendo normas no
establecidas ni en la Constitución ni en las leyes respectivas y maltratando al
pueblo venezolano al obligarlo a participar en condiciones de extrema
dificultad.
La última decisión del
CNE sobre el proceso de recolección del 20% de voluntades es inadmisible, ya
que tergiversa el sentido literal del artículo 72 de la Constitución Nacional,
estableciendo que este porcentaje no es sobre el total del registro electoral
nacional sino proporcional a la población electoral de cada Estado. Además,
prácticamente se establece como fecha para que se realice un eventual referendo
revocatorio presidencial, el mes de marzo de 2017; amén de las condiciones
operativas establecidas, que resultan muy desfavorables para la participación.
El convocante del
referendo revocatorio, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), respondió que
acudiría a la cita establecida para la recolección de las firmas, pero que no
aceptaba las condiciones impuestas. Obviamente, el escenario planteado para los
días 26 al 28 de octubre, fecha establecida para la recolección, será altamente
conflictivo y profundizará la inestabilidad y la zozobra política.
Nuestros retos
La crisis del país es
de carácter orgánico, toca todos los aspectos de la vida nacional. El cuerpo
social avanza cada vez más hacia condiciones de vida menos humanas. Nuestra
situación bien puede caracterizarse como de violencia institucionalizada y de
pecado estructural. La dignidad humana, el don de la vida y de la paz están
gravemente amenazados.
En este año centenario
de la presencia de la Compañía de Jesús en Venezuela hemos renovado nuestro
horizonte apostólico, que nos propone trabajar en la transformación superadora
de esta dolorosa situación, desde lo que hemos aprendido en este tiempo de
acompañamiento al pueblo venezolano, promoviendo la fe y construyendo la
justicia que brota de ella. Es este un momento especial para el discernimiento
vigilante y el compromiso con todos los venezolanos y entre ellos con los más pobres.
A nivel personal es
tiempo de cultivar nuestra fortaleza espiritual, desde el silencio y la
contemplación, dejar que el evangelio nos interpele directamente y nos dé el
tono necesario para adoptar una actitud perceptiva ante la realidad y de apertura
ante sus retos y exigencias. Es un tiempo para oír los clamores de nuestra
gente y acogerlos para presentarlos al Padre a fin de responder a su voluntad
de redención en la historia.
En nuestras comunidades
es clave garantizar encuentros para el discernimiento y la deliberación sobre
la realidad y de cómo esta situación nos afecta en lo personal, en lo
comunitario, en lo apostólico y en nuestras relaciones familiares. Así cómo
para el diseño de estrategias y acciones que nos ayuden a canalizar adecuadamente
nuestras preocupaciones, desde los medios de que disponemos.
Como cuerpo de jesuitas
y laicos, agrupados en obras, sectores y redes apostólicas, es necesario
diseñar estrategias de incidencia en nuestros respectivos campos de acción,
promover el análisis compartido, acompañar a nuestros equipos de trabajo y a la
gente a quienes servimos y promover espacios de encuentro para la acción con
otros actores que realizan tareas similares a las nuestras.
Una preocupación
permanente que nos debe movilizar es el diseño de planes conjuntos como
Provincia, en unión con la Iglesia y su jerarquía, así como con otras
organizaciones sociales, para promover:
- La formulación de
horizontes, sustentados en diagnósticos especializados y rigurosos que permitan
la formulación de políticas públicas en diferentes ámbitos para viabilizar la
orientación de nuestras grandes opciones apostólicas. Pensar este país y sus
posibilidades es una responsabilidad apostólica propia de Compañía de Jesús
para con la Iglesia y la sociedad venezolana.
- La defensa de los
principios democráticos y de la institucionalidad consagrada en la Constitución
Nacional de la República, en especial de los derechos humanos.
- La atención a las
víctimas de la represión política.
- La atención a la
crisis alimentaria y de salud, que se concreta en el apoyo al corredor
humanitario propuesto por la Conferencia Episcopal entre otras iniciativas.
- El fortalecimiento de
la convivencia ciudadana frente a la viole diseminada en toda la sociedad.
- El acompañamiento a las
organizaciones sociales, ONG, instituciones educativas, en cuanto actores
relevantes en la construcción de alternativas para el país
- La participación en
iniciativas tendientes a favorecer nacional, que promuevan el diálogo y la
concertación, el reconocimiento de todos y la expresión soberana y democrática
del pueblo venezolano.
El momento que vivimos
nos llama a robustecer la relación con Dios nuestro Padre, su Hijo Jesús y el
Espíritu Santo, de quienes nos decimos sus seguidores y bajo cuya bandera nos
hacemos constructores de su reino de libertad, dignidad y justicia. Que la
fidelidad a nuestra vocación y misión nos guíen en este discernimiento
permanente de lo que debemos hacer en esta tierra que tanto amamos.
Hermano en Cristo.
Francisco José Virtuoso,
SJ
Viceprovincial
Tomado de:
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