EFE 10 de octubre de 2016
La
oposición venezolana confía en la presión que se ejerza tanto en Venezuela como
en el exterior para que se convoque un referéndum revocatorio contra el
presidente Nicolás Maduro y haya nuevas elecciones, y para ello apelan a la Constitución
del país.
“No
planteamos un golpe de Estado o la insurrección popular”, sino “una solución
constitucional”, dijo hoy Carlos Texeira, secretario general de la Mesa de
Unidad Democrática (MUD) en el estado de Vargas, que participó en una rueda de
prensa en Madrid.
El
opositor venezolano insistió en que el referéndum debe celebrarse en 2016, ya
que “no planteamos un cambio de presidente sino un cambio de gobierno”.
Una
consulta más allá del 10 de enero de 2017 se traduciría en una sustitución del
presidente Maduro por el vicepresidente, pero no habría elecciones a la
Jefatura del Estado, según los plazos que marca la ley venezolana.
“El 80
% de población quiere un cambio de gobierno y la salida de Maduro del poder”,
“hay un sentimiento nacional de cambio”, insistió el líder opositor.
En
este sentido, se mostró confiado en que los próximos días 27, 28 y 29 recabarán
las firmas necesarias para que se celebre el revocatorio, que la ley fija en el
20 % del censo electoral, gracias a una gran movilización ciudadana.
La
misma - dijo - que hizo posible que el Gobierno reconociera los resultados de
las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, que dio a la oposición
la mayoría en la Asamblea Nacional.
Para
ello, considera que “la organización es clave”, en un proceso “casi
sincronizado” para conseguir los cuatro millones de votos necesarios y poder
superar los obstáculos que, según Texeira, pondrá el oficialismo.
Respecto
al papel de la comunidad internacional, el dirigente de la MUD se congratuló de
que el Vaticano haya sido invitado a mediar en la crisis política venezolana,
tal como la oposición había solicitado, lo que significa que el Gobierno le
reconoce “un poder de interlocución”.
Destacó
también al papel de Luis Almagro, secretario general de la OEA, que ha
denunciado la situación interna de Venezuela y mencionó los contactos que la
oposición mantiene con diputados españoles y miembros del Parlamento Europeo.
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