La Red Electoral Ciudadana ha
expresado reiteradamente que, tanto la celebración oportuna y eficaz del
Referendo Revocatorio como de las elecciones regionales, son mecanismos
constitucionales, democráticos y legítimos que garantizan oportunidades justas
para que los venezolanos ejerzan su derecho a la participación y expresen su
voluntad a través del voto, en acciones decisivas para el país.
La medida de suspender, de
forma indefinida, el proceso de activación del Referendo Revocatorio y de
postergar, sin justificación alguna, la celebración de elecciones regionales
para 2017, previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
para el 2016, amenaza la institucionalidad democrática del país y la paz de la
República.
La noche del 20 de octubre el
CNE suspendió el cronograma pautado por el propio ente, estableciendo un
precedente sumamente grave que atenta contra la participación y los derechos
políticos de los venezolanos. A través de nota de prensa publicada en su
portal, el CNE informó sobre el acatamiento a la decisión de cinco tribunales
penales regionales (Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas) que el propio 20
de octubre, de forma simultánea, admitieron denuncias sobre un supuesto fraude
en la recolección del uno por ciento de manifestaciones de voluntad, necesarias
para constituir a la MUD como grupo promotor del Referendo Revocatorio
Presidencial. En consecuencia, el proceso de recepción del 20% de las
manifestaciones de voluntad, previsto por el propio ente para los días 26, 27 y
28 de octubre quedó “paralizado hasta nueva orden judicial”.
Si bien la administración
electoral había mostrado evidentes retrasos, en la ejecución de las fases
previstas para la realización del proceso referendario, el anuncio de un
cronograma oficial para solicitar la convocatoria del Revocatorio, mantenía la
ruta democrática pautada en la constitución, y pese a las críticas y denuncias
fue aceptado por el grupo promotor. La paralización indefinida del Referendo,
desconoce un proceso de verificación, anulación y validación diseñado y
ejecutado por el propio ente electoral.
Además, pone en evidencia un
retroceso no sólo en lo relativo a la normativa sobre referendos sino en la
independencia y la autonomía propias del Poder Electoral, al acatar una
decisión de un organismo judicial sin competencia en materia electoral, creando
una franca amenaza a la debilitada democracia venezolana.
Desde la Red Electoral
Ciudadana expresamos nuestro rechazo a esta decisión porque atenta contra la
Carta Magna, contra la institucionalidad democrática y contra el estado de
derecho en Venezuela y hacemos un llamado a los Poderes Públicos, a las organizaciones
de la sociedad civil, a los organismos nacionales e internacionales, y a los
individuos concernidos con los derechos ciudadanos a que, en aras de garantizar
la paz del país, exijan y hagan cumplir lo establecido en la Constitución para
así garantizar la ruta democrática en Venezuela.
En Caracas, a los veinticuatro
días del mes de octubre de 2016
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