Por
Ismael Pérez Vigil, 25/11/2016
Ya
vemos en las tres semanas transcurridas desde la última ronda de diálogo que es
más fácil “proclamar calle”, que lograr que ésta se movilice. Son muy pocas o
ninguna las actividades de calle que hemos visto y ninguna de parte de aquellos
que se rasgaron las vestiduras cuando la MUD suspendió el juicio al Presidente
y la marcha a Miraflores y se adentró en la complicada opción del diálogo.
La
oposición ahora tiene que “subir la apuesta” en la Mesa de Diálogo para
acorralar al Gobierno y obligarlo a hacer concesiones, sobre todo después de lo
que ha pasado con los resultados de la segunda ronda que han creado un ambiente
muy pesado contra los negociadores y la MUD, que dificultan la convocatoria a
cualquier movilización.
Simultáneamente,
es necesario acometer “acciones periféricas” o de apoyo a los negociadores de
la MUD. Hay que insistir en dos de las fortalezas de la oposición que siguen
siendo: la arena internacional y por supuesto la Asamblea Nacional.
En
la arena internacional, la AN y la MUD deben insistir más formalmente, con más
fuerza, en la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y –de no concretarse
la exclusión de Venezuela del Mercosur el 1 de diciembre– en la aplicación del
Protocolo de Ushuaia, sobre el compromiso democrático. Sobre todo porque
internacionalmente ya es conocido el talante dictatorial de este régimen.
Pero
la arena internacional tiene otros espacios que también deben ser utilizados,
como son los diversos organismos que velan por los derechos humanos (DDHH). Los
diputados, de la MUD y las ONGs venezolanas, dedicadas a la materia, deben
denunciar y presentar en esos organismos especializados de DDHH, de la ONU, de
la OEA, los casos de violación de los DDHH en Venezuela, la violación del
“debido proceso”, la situación de los presos políticos, la violación de
derechos políticos (voto, manifestar, etc.), la actuación de PNB y GN, armados
y usando sustancias tóxicas, en manifestaciones pacíficas, etc. Casos, que
hasta los momentos solo han sido presentados por abogados y familiares de los
afectados y a los que se debe dar mucha más difusión institucional.
En
cuanto a la AN, se deben dejar ya las simples amenazas y reanudar cuanto antes
el “llamado juicio político” al Presidente de la República, la aplicación de
los artículos 222 y 232 de la Constitución Nacional. Pareciera que la AN no
estuviera consciente de su propia fuerza, que va más allá de tener la mayoría
parlamentaria y de estar apoyada en un inmenso caudal de votos el 6D de 2015.
Por
más que el Gobierno pretenda desconocerla y anularla a través del TSJ, el
Gobierno necesita que, en materia internacional, la AN conozca y apruebe los contratos
de interés nacional y los convenios internacionales que está adelantando o que
eventualmente podría adelantar, con gobiernos y entidades extranjeras (art.
187.9 de la Constitución); por ejemplo, de financiamiento, de explotación de
recursos naturales, etc. Aunque el TSJ se “apropie” de esa atribución o se la
“conceda” al Presidente de la República, los otros Estados o entes firmantes se
cuidarán de hacerlo sin que la AN lo apruebe, por la posibilidad de que en
algún momento, a futuro, se declare ilegal o inconstitucional ese acuerdo o
contrato. Aquí reside la fuerza de la AN frente al Gobierno. Esto es algo que
el Gobierno de Maduro no puede desconocer o ignorar, ni usar para ello al TSJ,
pues depende del reconocimiento de los otros países, de las legislaciones
internas de los socios políticos y comerciales de Venezuela.
Sobre
la derrota del Gobierno y su régimen de oprobio podemos pensar que es
inminente, lo que no quiere decir que sea inmediata y el país se debe preparar
para esa circunstancia, mucho más el llamado “país político”. La oposición debe
estar pensando, además, en que pronto le tocará gobernar y el chavismo en cómo
será su situación cuando deje el poder y tenga, probablemente, que explicar al
país, rendirle cuentas al pueblo, acerca de su paso por el gobierno desde 1999,
sin los mecanismos y recursos que ahora le brinda el poder.
En
ese sentido, los dirigentes del chavismo deben tomar en cuenta cómo será ese
“tránsito” hacía la oposición. Si el chavismo sale del poder a través de una
negociación en la mesa de diálogo le será posible negociar un proceso de
“amnistía” para sus dirigentes –que no hayan cometido delitos de lesa humanidad o contra los DDHH– que
eventualmente les permita continuar en el país y continuar con su actividad
pública o política; pero, si salen como producto de una derrota electoral en el
2018, no será posible esa “amnistía”, pues no habrá en la oposición ningún
aliciente o presión para acordarla y les tocará enfrentar juicios de diversa
índole o enfrentar exilio forzado. Muchos dirigentes y militantes del
oficialismo saben, o sospechan, que eso podría ocurrir y que es una delicada
circunstancia que no pueden dejar al azar.
La
oposición sabe también esto y debe manejarse con tolerancia. Estoy
perfectamente consciente de la polvareda que levantó al plantear una amnistía
para quienes han hecho todo tipo de tropelías y cometido buena cantidad de
delitos. Solo los delitos contra los derechos humanos no podrán ser perdonados,
pero en los demás, al enemigo “puente de plata”; facilitar una transición en
paz para recuperar la democracia, para salir sin más traumas de este proceso,
será beneficioso para todos.
Así
ha ocurrido en todos los países del mundo que han salido de dictaduras, en
procesos más o menos largos; muchos que se vieron perjudicados en sus bienes o
actividades y que legítimamente podrían tener derecho a reclamar una justa
reparación, debieron posponer esa aspiración pues era indispensable erradicar
el odio y la violencia que pudo haberse desatado, por el bien del país y su
futuro.
Por
el momento el diálogo continuará sin que sepamos muy bien que rutas y
derroteros tomará, por tanto debemos trabajar en firme sobre lo ya logrado y
que el Gobierno no ha cumplido, denunciando esta conducta en la mesa de diálogo
ante los mediadores y facilitadores.
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