Por Carlos Romero Mendoza,
17/03/2017
En el año 2016, Valencia, España
fue elegida Capital Mundial de la Alimentación 2017, reconocimiento que se hace
en el marco del Pacto Mundial sobre la Política Alimentaria Urbana. Enrique
Yeves, director general de comunicación de la FAO, justificó esta elección
señalando que “Valencia se ha caracterizado en el último año por un profundo
cambio de política en el que ha puesto el tema de la alimentación como uno de
los ejes fundamentales en la gestión municipal con grandes resultados que ya se
están viendo”[1].
Una de las actividades que
Valencia desarrollará en el marco del año 2017, en su condición de capital
mundial de la alimentación, es el Encuentro Mundial de Alcaldes,que se
presenta como un espacio para compartir iniciativas y soluciones para
garantizar, a través de políticas, el derecho y la sostenibilidad de la
seguridad alimentaria.
En México, específicamente en
Puebla, 15 estados, entre ellos Nuevo León, Chihuahua, Morelos, Zacatecas y
Veracruz, se reúnen y acompañan a más de 200 productores agroindustriales en el
III Encuentro Nacional de Seguridad Alimentaria que se celebra hasta el 15 de
marzo de 2017[2]. Importante
destacar que la Seguridad Alimentaria encuentra un espacio en el Plan de
Desarrollo Municipal de Puebla, cuando el municipio asume el compromiso de
incrementar el valor de la producción agrícola en el Municipio, como una forma
de cooperar con el objetivo del Estado de impulsar un sistema agroalimentario
eficiente y con el objetivo nacional que prevé construir un sector agropecuario
y pesquero que garantice la seguridad alimentaria en México.
En otras palabras, el tema
seguridad alimentaria incluye a todos los actores políticos y es un tema que
está en el debate permanente de la sociedad en general.
Mientras los municipios, estados
y gobiernos se ocupan en garantizar la seguridad alimentaria a sus ciudadanos,
en Venezuela la política es controlar políticamente a la sociedad a través de
una inseguridad alimentaria sostenida.
En tal sentido, la Asamblea
Nacional acaba de aprobar el 14 de marzo de 2017 una Declaratoria de Crisis
Humanitaria en materia alimentaria. Previamente, el 11 de febrero de 2016, es
decir un año atrás, había aprobado un Acuerdo mediante el cual declaró crisis
humanitaria e inexistencia de Seguridad Alimentaria de la población venezolana.
En este mismo contexto, el 21 de
julio de 2016, la Asamblea en otro Acuerdo condenó y rechazó la represión
política y violación de los derechos humanos, a propósito del ejercicio del
derecho constitucional a la protesta por el hambre y la escasez de alimentos.
Es importante destacar, en el
marco del tema alimentario, que el 8 de febrero de 2017 la Asamblea, mediante
un Acuerdo, registró la situación en materia nutricional de la población
venezolana, elevando una serie de exigencias concretas al Ejecutivo Nacional,
Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República[3] para
enfrentar la crisis nutricional.
En tal sentido, desde febrero de
2016, la Asamblea Nacional exigió al Presidente la presentación ante el
Parlamento de un Plan de Seguridad Alimentaria, que garantizara, entre otras
cosas, el abastecimiento de alimentos a los venezolanos de manera inmediata, a
través del apego a la producción nacional y el uso de divisas en la importación
de materia prima, insumos, agroquímico, repuesto y maquinarias para la
producción agrícola y de alimentos en Venezuela.
Así mismo, desde febrero de 2016,
la Asamblea Nacional también le exigió al Banco Central de Venezuela la
publicación periódica y detallada de las cifras sobre escasez de alimentos. Así
mismo, incluyó en el Acuerdo de febrero 2016 al Instituto Nacional de
Estadística y al Instituto Nacional de Nutrición, exigiendo la publicación
perentoria, periódica y actualizada de cifras relativas a la pobreza, esperanza
de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, desnutrición infantil,
disponibilidad energética en la dieta de los venezolanos, población con acceso
a agua potable, índice nacional de precios al consumidor y costo de la canasta
básica.
En el Acuerdo aprobado el 14 de
marzo, la Asamblea Nacional exigió a los órganos del Poder Público que adopten,
atendiendo a sus atribuciones respectivas, medidas institucionales y urgentes
para combatir el hambre.
Por otro lado ,en esos Acuerdos,
la Asamblea Nacional se había comprometido a levantar información sobre los
acuerdos celebrados en nombre de la República con otros países en materia de
intercambio de alimentos y transferencia de tecnología alimentaria o asistencia
de producción.
También se comprometió a
solicitar información sobre el estado de las operaciones de la Corporación
Venezolana de Alimentos, de todas las empresas del Estado o administradas por
el mismo, dedicadas a la producción agrícola, de alimentos, y materias primas e
insumos para estos sectores, de la superintendencia Nacional de Gestión
Agroalimentaria y la red de distribución pública de alimentos en general, los
planes que aquel ministerio desarrolla y los indicadores que le sirven de base
para su misión.
El Acuerdo de marzo de 2017 creó
una Comisión especial responsable de definir, con participación de todos los
sectores políticos, sociales y económicos y mediante consultas desarrolladas en
el ámbito local, regional y nacional, las acciones que deben emprenderse para
impedir que la crisis alimentaria siga causando perjuicios a veces
irreversibles a los venezolanos y venezolanas.
A esa Comisión se le delegó la
tarea de identificar fuentes de cooperación internacional para combatir el
hambre en Venezuela, incorporando a Caritas de Venezuela a sus actividades y
mediante visitas a delegaciones diplomáticas y a organismos internacionales.
Por último, la Asamblea
Nacional se comprometió a la pronta presentación y discusión de un Proyecto de
Ley sobre la Crisis Humanitaria en materia Alimentaria, que recoja lineamientos
fundamentales dirigidos a proteger a la población frente al hambre. En este
sentido y como forma de contribuir a un debate sobre la producción nacional, el
pasado 30 de noviembre la Asamblea Nacional sancionó la Ley para la Activación
y Fortalecimiento de la Producción Nacional.
El problema del desabastecimiento
de alimentos, una de las expresiones de la crisis humanitaria en materia de
seguridad alimentaria, fue precisamente una de las razones que la Asamblea
Nacional argumentó cuando planteó la responsabilidad política del Presidente
Nicolás Maduro el pasado 13 de diciembre de 2016.
La Asamblea Nacional en aquel
Acuerdo de diciembre expresó de manera expresa que el desabastecimiento es
consecuencia de la agudización de la crisis económica, cuyo único responsable
es el Presidente Nicolás Maduro en su condición de administrador de la hacienda
pública nacional, cuya actuación está sometida a una serie de principios que
están claramente recogidos en la Constitución Nacional.
____________________________________________
[1] Valenciaextra.com
Valencia capital mundial de la alimentación sostenible. 15 de octubre de 2016.
Online en:
[2] El Sol de
Puebla. Inauguran tercer encuentro de seguridad alimentaria. 11 de marzo de
2017. Online en:
[3] Romero, Carlos.
La Asamblea Nacional y su posición frente a la crisis nutricional del país. 9
DE FEBRERO 2017. Online en:
Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero Mendoza
@carome31
Carlos Romero Mendoza
@carome31
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