Por Daniel Fermín
Un zarpazo judicial a la
democracia constituyen las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de
Justicia en días recientes. Desde su instalación, el 5 de enero de 2016, la
Asamblea Nacional se ha visto obstruida en el ejercicio de sus funciones
constitucionales de legislar y controlar por un TSJ conformado por magistrados
cuestionados en su legitimidad de origen y que están, indudablemente y a la
vista de todos, a las órdenes del partido de gobierno.
La dinámica ya nos es
familiar: la Asamblea presenta la ley “x”, para que, seguidamente, el TSJ la
declare inconstitucional. Este ping-pong entre dos poderes, uno electo por 14
millones de ciudadanos y el otro designado con base en criterios de
incondicionalidad revolucionaria, ha desvirtuado la actividad parlamentaria y
triturado la credibilidad del que se supone es el máximo tribunal de la
República.
Esta vez han ido más allá.
Poniéndole fin al ping-pong, el TSJ ha asumido las funciones de la Asamblea
Nacional, en una movida inaudita e inconstitucional. Esto representa una
usurpación de funciones y viola los más elementales principios democráticos de
separación de poderes. Esa semilla ya había sido sembrada en la era Chávez,
cuando la concentración de poder y la idea de “un solo gobierno” se hicieron
política oficial. Basta recordar las declaraciones de la entonces presidenta
del Tribunal Supremo, cuando decía que la separación de poderes era perjudicial
porque diluía el poder del Estado.
La oposición ha denunciado un
golpe de estado. La comunidad internacional ha reaccionado de manera activa en
defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano. Incluso la Fiscal
General de la República, cuyos vínculos al proyecto chavista son notorios, ha
reclamado la inconstitucionalidad de estas acciones del TSJ, calificando de
“deber histórico e ineludible” su pronunciamiento al respecto.
¿Qué buscan el TSJ y el
régimen del señor Maduro con estas sentencias? ¿Por qué ahora? ¿Se acabó la
época de guardar las formas? Intentaremos responder al final de este editorial…
Mucho nos hemos preguntado si
esta encrucijada nos llevará a una transición democrática o si, por el
contrario, nos acerca a la autocratización del proyecto político chavista.
Queda claro que, por ahora, transitamos el curso de la autocratización para
pasar de un autoritarismo competitivo a uno de carácter hegemónico.
¿Por qué ahora? Por la plata
baila el mono, dice la conseja popular. El régimen, habiendo dilapidado los
recursos exorbitantes del mayor ingreso petrolero de la historia, está urgido
de recursos que le permitan sostener su red clientelar y maniobrar paños
calientes a la crisis que ha provocado. Para ello, necesita endeudarse y esa
deuda debe ser aprobada por el Parlamento. Amigo de la discrecionalidad y lo
turbio, con esta sentencia el régimen busca saltarse el control legislativo
para aprobar un nuevo endeudamiento por millones de dólares y la asignación
discrecional de contratos y otras operaciones petroleras que en otra época
habrían sido acusadas por la propia “izquierda” como privatizadoras de la
sagrada industria que es de “todos”.
Las sentencias del Tribunal no
han encontrado a una población dócil y resignada, sino que se han topado con la
fuerza del pueblo en las calles. Estudiantes, partidos políticos, sociedad
civil organizada, diputados de la República, todos han ido a las calles, venciendo
el miedo y la represión abierta, para dejar claro que el pueblo venezolano no
aceptará de brazos cruzados la imposición de la dictadura franca. Muchos han
sido golpeados, otros detenidos, pero no logra el régimen autoritario apagar la
llama de la libertad que arde fuerte en el corazón de cada venezolano de bien.
El presidente de la Asamblea
Nacional ha calificado las sentencias como “basura” y en un mensaje contundente
ha hecho un llamado un sector que sigue, al momento de escribir estas líneas,
silente: la Fuerza Armada Nacional. No es un llamado a la insurrección, sino
precisamente a la defensa de la Constitución. Siendo que, hasta ahora, los dos
pilares del régimen han sido el Tribunal Supremo y la FAN (junto a un CNE que
orwellianamente tiene la misión de impedir la realización de elecciones en
Venezuela), será interesante ver qué postura, si alguna, toman quienes juraron
defender la Constitución y las leyes de la Nación, y en ningún momento a
parcialidad política alguna. ¿Continuarán en el plano del apoyo cómplice e
incondicional a la dictadura?
Quienes sentencian hoy a
muerte a la democracia venezolana olvidan que, lejos de la antigua diatriba
gobierno vs. oposición, en estos momentos lo que existe es un pueblo unido en
el convencimiento de que el gobierno es responsable de la crisis y de la
erosión de la democracia, que constituye un obstáculo al progreso y el avance
de los que habitamos esta tierra de gracia. El régimen, convertido en una
minúscula casta para la rapiña y los privilegios, tiene de frente a un pueblo
decidido a cambiar y determinado a rebelarse contra el grupito que lo pretende
someter. Al final, solo habrá una sentencia que valga: la sentencia del pueblo
venezolano, en uso de su acervo democrático y de su determinación patriota por
la recuperación del país.
Publicado en PolítiKa UCAB el 31 de marzo de 2017.
02-04-17
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