Por Emma Sánchez Álvarez
Para los directores del Foro
Penal venezolano, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob Santomé, la situación de
represión en Venezuela se debe a la incapacidad del Gobierno de responder a las
causas de las protestas y presentar soluciones viables que garanticen la paz,
la libertad y la justicia. “El Gobierno recurre a la violencia y a la represión
como herramientas de control social”, aseguran.
Igualmente consideran que el
Sebin “ha crecido en todo el país y se ha convertido en una industria
represiva”. Ambos directivos hablaron para esta entrevista
con Contrapunto acerca del trabajo que vienen realizando desde 2002.
“Hemos representado a 7 mil personas detenidas”.
"Pero lo más importante
–agregaron los abogados– es que si no existiese esta maquinaria de activistas del
Foro Penal, ni siquiera sabríamos la cantidad de detenidos que ha habido y que
hay en el país. El Foro Penal Venezolano es un reflejo de la verdadera
situación de la represión, y es que bloquea de alguna manera la violencia,
porque identifica no solo a los agresores sino a las víctimas. Hemos venido
registrando uno por uno los casos en sus distintas modalidades. Estamos
preparados para lo que es la reestructuración del sistema de justicia social y
de paz. Contamos con abogados reconocidos a nivel nacional que creen en la
justicia como fórmula de paz y no de corrupción o persecución política".
No hay una voluntad real de
resolver las crisis
–¿A qué se debe ese alto
número –según Foro el Penal Penal más de 1.000 personas– de arrestos en las
protestas en Venezuela?
–GHS: Básicamente lo que
está sucediendo es que el Gobierno ha sido absolutamente incapaz de responder a
las causas de las protestas, de presentar soluciones viables frente a los
requerimientos de la ciudadanía y, además, está empeñado única y exclusivamente
en mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Lo que ha hecho es recurrir a
la represión y al miedo como herramientas de control social. No cuenta con
ninguna otra herramienta. No sabe manejarse en ningún otro escenario que no sea
el de la imposición y la violencia. Yo creo que por eso estamos viviendo esta
situación, porque además en este momento particular de la historia, el Gobierno
está profundamente dañado por todo lo que han sido sus errores en políticas
públicas y de conducción de una nación. En consecuencia, ante esta debilidad, y
la evidencia cada vez más patente y clara de que no cuenta definitivamente con
apoyo popular, sino con una pequeña minoría de personas que todavía militan en
el proceso revolucionario, usa la represión, la violencia y el miedo para
tratar de disuadir a las personas.
"Hemos visto en estos
últimos 15 días, las declaraciones de los voceros oficialistas en los medios de
comunicación que han sido muy agresivas e intimidantes, instigan al odio y
promueven una guerra fratricida entre los venezolanos. Esto nos demuestra, en
primer lugar, que no hay una voluntad real de resolver las crisis que estamos
padeciendo a través de los canales democráticos, y en segundo lugar nos aclara
que el Gobierno está profundamente débil y, como bestia débil que es en estos
momentos, opta por sembrar miedo para resolver los conflictos. Pero esto no le
está funcionando. Si yo tuviera la oportunidad de aconsejarles, les
recomendaría lo contrario", agrega.
–AR: A estas personas que
actúan arbitraria y abusivamente siempre se les va a descubrir, y más ahora que
hay cámaras por todos lados. Lamentablemente el Gobierno tomó esta vía.
Tristemente Nicolás Maduro se ha dejado llevar por los radicales y tiranos. Lo
que es cierto es que la represión ha aumentado desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo. Hemos encontrado más cantidad de tratos inhumanos,
torturas, maltratos y abuso.
Alfredo Romero / Foto: Foro
Penal Venezolano
Tenemos a más de 2.800
activistas en todo el país
–¿Y cómo hace el Foro Penal
Venezolano para atender todos estos casos?
–AR: Para nosotros,
atender todos estos casos no es un beneficio, sino una consecuencia. El Foro
Penal ha crecido enormemente. Estamos hablando de más de 2.800 activistas que
llamamos defensores activos, que no son abogados, sino amas de casa,
estudiantes, trabajadores… Estas son las personas que identifican el lugar de
detención, que atienden a los familiares, los teléfonos, que suministran
alimentos y agua, y que apoyan a los abogados. Y paralelo a esto, tenemos a más
de 200 abogados en todo el país. Foro Penal es una maquinaria de paz y de
atención gratuita impresionante que, de alguna manera, ha sido consecuencia,
porque, si antes en Caracas se producían la mayor cantidad de actos represivos,
hoy en día también se dan en todas las provincias.
Ahora la ciudadanía marca la
agenda y pauta a los líderes políticos
–¿Creen ustedes que la
sociedad civil se encuentra ahora más galvanizada y que se presenta como la
protagonista de la búsqueda de soluciones?
–AR: Para que un país se
conduzca hacia la transición, la paz y la justicia requiere de tres elementos
fundamentales desde el punto de vista de derechos humanos: uno, una sociedad
civil consciente de la situación existente, que sepa que debe defenderse así
misma a través de las manifestaciones, protestas o reclamos; dos, no puede
haber una sociedad civil actuando sola sin conducción política, creo que es
esencial. He notado que ahora se ve una conducción política y una sociedad
civil en la calle. Y tres, se requieren funcionarios, instituciones y gobierno
que actúen en concordancia con los reclamos de la sociedad civil y la
conducción política.
–GHS: Yo creo que a la
sociedad civil en Venezuela le ha costado madurar. Luego de muchos golpes, tuvo
que darse contra una pared de incomprensión por parte del operador político.
Muchas veces se percibía que el operador político iba por un lado y la sociedad
civil iba por el otro, pero ahora la sociedad civil ha aprendido por sí misma a
reclamar sus derechos, sin necesidad de que haya alguien que le marque el ritmo
que va a bailar. Sin embargo, esto también ha tenido una contrapartida, y es
que también el operador político ha madurado y ha trabajado para poder
hermanarse con lo que son las verdaderas necesidades e inquietudes de la gente,
debido a que la ciudadanía es la que le marca la pauta y la agenda a los
líderes políticos, y estos asumen la tarea con responsabilidad, conducción… Eso
lo vemos, por ejemplo, en el liderazgo joven.
–¿Han visto un cambio en el
comportamiento desde que se inició este proceso de la sociedad civil?
–AR: Más allá. El Foro Penal
viene trabajando formalmente desde 2002. Nosotros vivimos la marcha del 11 de
abril. Había para el momento mucha ingenuidad de la sociedad civil. Ahora no la
vemos tan ingenua, por el contrario, la vemos consciente de que no es tan
manipulable desde el punto de vista político, de las banderas falsas que crea
el Gobierno, y a veces, de algunos grupos de la oposición. Es mucho más
exigente, y tiene un poder que es el de conducir a los políticos. Hoy día
tenemos una sociedad civil consciente de cómo marcha, de cómo protegerse y de
cuáles son sus derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.
Nuevas estrategias de
represión
–¿Por qué ocurre tantas
detenciones en las manifestaciones?
–GHS: Porque, a la par de la
evolución del carácter crítico y consciente de la ciudadanía, evoluciona
también la forma represiva; es decir, el Gobierno no se queda cruzado de
brazos. El Gobierno represor de 2002 no es el mismo de hoy en día, ni está
equipado igual. La fórmula de reprimir también va evolucionando en la medida en
que la forma de protestar va cambiando. Por eso siguen pasando las cosas que
pasan, incluso, peores. Esto se constata con el inmenso gasto que se realiza en
equipos antimotines. No era un gasto que se hacía ni en 2002 ni en 2004.
Para el Foro Penal, lo que
pasa es que el descontento general ha venido creciendo, la masa opositora
también y la protesta se ha venido cohesionando en torno a objetivos muy
precisos, siendo por ello mucho más efectiva. Por su parte el Gobierno ha
tenido que desarrollar y asesorarse en sus fórmulas de represión, porque el
problema es que el gobierno no está dispuesto a enfrentar las causas de la
protesta. Esto es lo más delicado. El gobierno, lejos de decir “oye, déjame ver
por qué esta gente esté protestando y qué puedo hacer”, lo que decide es
reprimir a todo aquel que piense distinto, criminalizarlo y calificarlo de
terroristas y apátridas.
Consideran que el gobierno
evitaría todo el costo nacional e internacional que le está generando la
represión, si sencillamente dejara que las marchas cumplieran sus objetivos,
por ejemplo, entregar un documento en la Defensoría del Pueblo.
Gonzalo Himiob / Foto: Foro
Penal Venezolano
Ahora el que proteste es
terrorista
–¿Es una estrategia del
Gobierno entonces?
–GHS: Es una estrategia de
guerra dirigida a la consolidación del miedo como factor de control social.
–AR: Aquí los soldados, los
policías e incluso los comandantes operativos son unos grandes esclavos de la
represión. Son personas a las que les pagan muy poco, pero le dan unos equipos
muy sofisticados para que ellos, siendo parte del pueblo, repriman a sus
propios familiares. Aquí los ciudadanos son sobrevivientes de la represión y
luchan para que no exista. En el momento en que el esclavo y el sobreviviente
de la represión se unan, la represión desaparece. No hay quien cumpla las
instrucciones del tirano.
"Me pregunto: ¿por qué
no dejan que los manifestantes lleguen a los puntos específicos para entregar
documentos, como fue el caso de la Defensoría del Pueblo? Porque el Gobierno
tiene un discurso: hay enemigos y amigos. El enemigo es todo aquel que
manifieste. Por eso ahora hay una narrativa muy peligrosa, y es que todo aquel
que proteste o manifieste es terrorista. El Gobierno le da esta justificación
al policía o al guardia nacional para agredir al ciudadano y hermano",
expresa Romero.
–GHS: Los estás
crucificando. Le quita el carácter de ser humano y, con esa narrativa, lo convierte
en un concepto: terroristas.
–AR: Pero, fíjate, el
Gobierno al pagarles muy poco a esos policías y guardias nacionales –en un
esquema de degradación económica y de empobrecimiento global– los convierte en
esclavos, literalmente. Yo creo que estamos en un momento muy importante en el
que la sociedad civil debe concientizarse a sí misma: hacerles saber a estos
funcionarios que los reprimen, que lo que están haciendo es a favor de una
oligarquía que los está utilizando como esclavos de represión.
–¿Y cómo se puede lograr que
esos policías y guardias nacionales entiendan que la represión no es la vía
para solucionar los problemas del país?
–GHS: Hay que buscar
estrategias de acción no violentas para encontrar la forma en que esos hilos
conductores que existen entre todos los venezolanos, independientemente de
cuáles sean sus ideas políticas, se activen para que recordemos que al final
del día estamos todos en el mismo bando. Tenemos que tratar de comunicarnos, no
desde lo que nos separa sino desde lo que nos identifica; es decir, de aquello
en lo que encontremos un terreno común. En esta polarización es muy difícil,
pero podemos coincidir en el amor que todos tenemos por nuestras familias.
"En las manifestaciones
no están marchando terroristas sino padres, madres, hermanos, hijos e hijos,
artistas, médicos, etc. No hay distinción económica. En las marchas que se han
realizado, hemos encontrado un mosaico de gente de diferentes partes. Lo que sí
no podemos hacer es comenzar la comunicación desde la confrontación",
exhorta Himiob.
–AR: Ahora estamos hablando
de una guerra de David contra Goliat. Goliat tiene mucho dinero, y para usarlo
no necesita siquiera pasar por la Asamblea Nacional ni el Banco Central. Esos
funcionarios dependen de esta estructura y, lamentablemente, este es un punto
que hay que definir. Del lado de la oposición, quieren democracia. Esta es la
diferencia. En la oposición hay competencia y en el Gobierno no la hay, no la
desea, porque el objetivo es el control a toda costa.
El Sebin se convirtió en una
industria represiva
–¿Han visto un cambio en el
comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado, en la actuación frente a
estas protestas recientes?
–AR: Hay cambios
cuantitativos y cualitativos. En lo cuantitativo, por ejemplo, me refiero a que
el 19 de abril hubo 565 arrestos y, en 15 días, más de 1.000 arrestos. Eso no
había pasado nunca. Entiéndase: la protesta está asociada a la impopularidad.
Más protesta, mayor impopularidad. El Observatorio Venezolano de Conflictividad
Social ha venido registrando un promedio de 19 protestas diarias, o sea en el
orden de 500 al mes. Ya no solamente es que el que protesta no le gusta Maduro,
sino que además reclama por la falta de alimentos, medicinas, seguridad. Esto
evidentemente está asociado a la represión. Tú tienes dos opciones: o mediar
con los opositores para tratar de solucionar el problema global, o los atacas
quitándoles las propiedades, reprimiéndolos y persiguiéndolos. El Gobierno tomó
esta última opción.
"Paralelo a ello, tuvo
que apertrecharse de una máquina represiva, y vamos a encontrar que el Sebin ha
crecido en todo el país, es como una industria represiva. En todos los estados
hay una dependencia del Sebin. Pero además observas cómo se ha invertido en
represión. La sofisticación de la represión ha sido importante y lo estamos
viendo en los equipos que usan. Esto es nuevo, desde el año pasado".
–GHS: Si comparamos el tipo
de protestas de 2002 a las de 2017 las diferencias son impresionantes, y esto
tiene que ver con la evolución del carácter crítico de la ciudadanía que está
protestando, porque ahora está mucho más preparada y consciente. Yo creo que
esas cicatrices que han dejado su huella a lo largo de estos años han generado
también madurez, pero también evoluciona la represión. Por ejemplo, las redes
sociales no eran lo mismo en 2002 que lo que son ahora.
–¿No creen ustedes que la
solución está en manos de los menos radicales del Gobierno para abrir caminos a
la solución de la crisis de Venezuela?
–GHS: Si el gobierno
accediera a las peticiones generales en el corto plazo, es decir, la liberación
de presos políticos, el cese de la persecución política, la apertura de las
opciones y canales humanitarios y el respeto a la autonomía de la Asamblea
Nacional, comenzaría el camino a la solución de la crisis. Pero a pesar de que
la solución está en manos del poder, dígase Gobierno, no tiene disposición a
hacerlo. El Gobierno se ha revelado ya como una entidad que lo único que le
interesa es que unos pocos, muy poquitos, continúen en el poder a costa de lo
que sea. Yo no veo viable, incluso con esa apertura de posibilidades que se ha
visto en algunos voceros oficialistas, esa salida. Es lamentable porque sería
lo ideal. No lo veo a corto plazo posible.
Foto: Jonathan Lanza
Los tribunales son más
represores que el Ministerio Público
–¿Qué pasa con el Ministerio
Público en el caso de las protestas?
–GHS: Hemos notado, no solo
desde ahora, sino desde hace un tiempo para acá, que la actitud del Ministerio
Público, sin dejar de ser una actitud irregularmente persecutora, ha
sido menos agresiva. Me refiero a que ya no se solicita, con esa laxitud,
la privativa de libertad. Ahora solicita medidas cautelares. No quiere decir
que las personas no quedan criminalizadas, pero no hay esa disposición a
dejarlos presos a costa de lo que sea.
–¿Por qué creen que los
tribunales no acatan las decisiones del Ministerio Público?
–GHS: Yo creo que las
recientes manifestaciones del Ministerio Público contra las decisiones del
Tribunal Supremo de Justicia, en su sala constitucional, han producido un sismo
y una especie de luchas y contradicción de poderes en los cuales,
lamentablemente, quienes están atrapados en esa línea de fuego son los
manifestantes. Es decir, lo que la defensa pide nunca se nos concede. Esto hace
que los tribunales ahora sean más represores que el Ministerio Público. Y los
rehenes son los manifestantes.
–AR: Se está considerando al
manifestante como enemigo. Esto es una guerra para el Gobierno, que califica a
los ciudadanos como enemigos o amigos.
"Nadie sabe qué es el
Plan Zamora"
–¿Qué es el Plan Zamora y
qué consecuencias represivas abarca?
–AR: Nadie sabe qué es el
Plan Zamora, porque no hay ningún tipo de documento que lo explique. Creo que
el Plan Zamora es una amenaza donde se establece, repito, que no hay
manifestante sino enemigos terroristas. Esto es lo peligroso porque justifica
el ataque. El Plan Zamora intenta crear esta narrativa. Para mí es más una
narrativa represiva que un manual de carácter legal y legítimo. Pero hasta
ahora la Fiscalía no ha imputado a nadie por terrorista ni siquiera por
asociación para delinquir.
–¿Usted no cree que esa
puerta la abrió la declaración de la Fiscal General de la República?
–GHS: Sí… pero una cosa es
abrir la puerta y otra es cruzarla. Yo creo que, aunque esa puerta está
abierta, no veo, en el alto gobierno por lo menos, ninguna disposición a tender
esos puentes para solucionar la crisis.
–¿Cree usted que en el
Gobierno tienen mucho miedo?
–GHS: Posiblemente, pero es
que hay razones para que tengan miedo. Lo que ha venido pasando desde hace
muchos años, no solamente ahora, es algo que definitivamente coloca en los
hombros de estas personas, que están hoy en el alto poder, responsabilidades
legales y penales muy evidentes.
Ojalá el Gobierno recapacite
–A la luz de hoy, ¿cuál es
la perspectiva que ustedes ven de toda esta situación que se está planteando?
–AR: Yo no te puedo decir la
perspectiva, pero creo que evidentemente la conducción política tiene que
establecer objetivos claros, que es una de las cosas que la gente espera. Yo
creo que hay una sociedad civil que de alguna manera volvió a la calle y está
en combinación con la conducción política.
Pienso que el civil está conduciendo
al político. Ojalá que el Gobierno recapacite. Le hago un llamado a Maduro para
que no se alíe con los tiranos y radicales, sino con aquellos que le propongan
soluciones inteligentes. Yo creo que ya no es la brutalidad de la represión
sino la brutalidad en la actuación. Ya ni siquiera se mantienen las
apariencias. Ya no se mantiene las apariencias en los tribunales ni en la
decisión judicial. Ya se apresan a personas sin necesidad de decisiones
judiciales. Hay casos con órdenes de excarcelación y se les deja presos. Ya no
se rigen por la Fiscalía para tomar declaraciones, como fue en el caso de los
morochos (Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez).
–GH: Eso de que un cuerpo
policial se niegue a tramitar una orden de excarcelación no había sucedido
nunca. Ahora tenemos que el Sebin tiene 19 o 20 órdenes de excarcelación, y no
le da la gana de cumplirlas, y lo que es peor, no hay tribunal que sea capaz de
imponer autoridad y ordenarles que las cumplan porque si no, van presos. Ya las
formas no se respetan. Ya ni siquiera ahora se realizan las audiencias de
presentación. Ya no hay ni siquiera un parapeto de juicio.
30-04-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico