Revista SIC 795
Junio 2017
El Gobierno venezolano ha
conducido al país a un desastre nacional que se expresa dramáticamente en todas
las dimensiones de la vida cotidiana. Si el Ejecutivo nacional, con el respaldo
de las Fuerzas Armadas, sigue empeñado en imponer su proyecto
político-económico a contra vía del marco constitucional y del sentir de todos
los sectores del país, este desastre se profundizará hasta convertirse en una
catástrofe humanitaria con epicentro político: “la dictadura”. Estamos ante un
sistema que no solo niega las mínimas condiciones de vida a la población, sino
que la reprime salvajemente cuando esta expresa su malestar y descontento; por
ello, desde nuestra fe, cabe señalar este hecho de “pecado estructural” o
“pecado institucional”.
En lo económico, según datos
de Ecoanalítica, Venezuela vive la mayor depresión sufrida por cualquier país
de América Latina con un crecimiento económico cercano a cero. Los indicadores
son alarmantes: una acelerada inflación y pulverización del poder adquisitivo
de la moneda; por ejemplo, desde enero de 2014 hasta enero de 2017 la inflación
(subyacente) se ha incrementado en 1.240 %, lo que indica un fracaso
rotundo en la política de control de precios. En tiempos de las vacas
gordas se quebró el aparato productivo y se vivió de importaciones y ahora
ante la depresión de los precios en el mercado petrolero, nos encontramos con
el aparato productivo desmantelado y con un fuerte recorte en las importaciones;
pero en vez de rectificar, en el marco de los reiterados e
inconstitucionales decretos de emergencia económica, se ha procedido a la
liquidación de activos; es decir, se ha ido desmantelando y vendiendo parte de
la musculatura productiva, especialmente en el sector petrolero.
Esta realidad económica se
expresa en la realidad social en una vertiginosa depresión en la calidad de
vida de los venezolanos. Nos hacemos eco aquí de los resultados del estudio
sobre pobreza hecho por las universidades en 2016, el cual señala que el 81,8 %
del total de hogares se encuentra en situación de pobreza de ingresos, el 51 %
del total de hogares se encuentra en situación de pobreza extrema y la pobreza
estructural (que combina ingresos + condiciones de vida) alcanza el 31 %. Esto
en la vida cotidiana se expresa en una situación de hambre que está afectando a
gran parte de la población donde los más vulnerables son los infantes,
adolescentes y adultos mayores. Ante esta hambruna, el Gobierno ha
respondido militarizando el pan a través de los CLAP que, más que una
alternativa, es un arma de chantaje y extorsión política para desmovilizar a la
población. En cuanto a esta táctica alimentaria, cabe destacar que si bien el
50 % de potenciales beneficiarios declara no haber comprado la caja o bolsa de
comida en los CLAP en los últimos treinta días, esta política de chantaje
funciona cual efecto lotería; es decir, “algún día me tocará”. Sin embargo, en
medio del chantaje, encuestas recientes señalan que casi siete de cada diez
entrevistados dice que el Gobierno no está haciendo nada para resolver los
problemas.
Por otra parte, en el área
educativa, tan fundamental para la rehabilitación de nuestro país, hay más de 1
millón de niños y adolescentes entre 3 y 17 años desescolarizados. Todavía la educación
inicial está fuera del alcance para casi la mitad de la población de 3 a 5
años, en el quintil más pobre. En las edades de 12 a 17 años es más intenso el
rezago escolar. Llega a 15 % el grupo en rezago escolar severo.
Lo más grave de todo es que dada
la pauperización de la calidad de vida del docente, las escuelas de educación
en nuestras universidades han venido cerrando sus puertas pues nadie quiere
estudiar educación. Recordemos que la hora de trabajo de un docente no alcanza
para comprar una cebolla en el mercado. La depresión es general, los
niños y jóvenes no encuentran incentivos para estudiar en un país que les va
cerrando el futuro y donde el empleo honesto y productivo no es rentable. Todo
tiende a la informalización e irregularidad de la subsistencia.
También en el sector salud se
evidencia una grave crisis en la infraestructura hospitalaria; en la falta de
insumos y equipos médicos; en el abastecimiento de medicinas; en las
condiciones laborales y de vida de los trabajadores de la salud; en la
seguridad del personal en los hospitales y centros de salud; en la muerte de
neonatos y mujeres parturientas; en la clara política de
desinformación por parte del Estado al suspender los boletines
epidemiológicos con la pretensión de ocultar la realidad y montar sus
propagandas de Estado.
Y si nos adentramos al área de
seguridad ciudadana, nos encontramos que para el 2016, el Observatorio
Venezolano de la Violencia (OVV) registró 28.479 muertes violentas, que
equivale a una tasa de muertes violentas de 91,8 por cada 100.000 habitantes.
Para 2017 todo señala un repunte en estos indicadores.
Esta crisis, que requiere de
decisiones políticas sensatas y concertadas con todos los sectores, ha sido
agudizada por el empeño del señor Presidente de atornillarse en el poder,
desconociendo la voluntad popular y cerrando todos los canales democráticos; al
cortar el hilo constitucional y dar un golpe de Estado continuado que se
consuma en la Asamblea Constituyente inconsulta. Los datos de la encuestadora
More Consulting, para el primero de mayo, después de un mes de protesta, son
reveladores: el 79,9 % de la población evalúa negativamente la gestión del
presidente Maduro; 72,9 % considera que estamos en una dictadura; 71 % dice
estar de acuerdo con que el presidente salga de su cargo; y solo el 10 % está
de acuerdo con la propuesta de Asamblea Constituyente en los términos
propuestos por el Presidente.
La militarización, la
pretensión dictatorial y la impopularidad del Presidente, han activado un
proceso de protestas a lo largo y ancho del territorio nacional, cuyo sujeto
rebasa a la oposición política, lo que Provea ha caracterizado de rebelión
pacífica. En ese movimiento convergen: las manifestaciones cívicas con
dirección política y el accionar de grupos anarquizados que actúan por cuenta
propia y declaran expresamente no responder a líneas partidistas. Pero el
Gobierno, a quien le interesa el caos y la confusión, a través de una
estrategia paramilitar ha venido protagonizando actos vandálicos a gran
escala con el objeto de distorsionar la estrategia de la no violencia
activa, única capaz de evidenciar las acciones criminales y violaciones
sistemáticas a los DD.HH. por parte del Estado y el para-Estado. A raíz de esta
caotización y ola represiva el país está de luto y hasta el momento se cuentan
alrededor de 53 asesinatos políticos a causa de la represión, cientos de
torturados, miles de heridos y centenares de civiles detenidos y procesados
injustamente por tribunales militares.
En los últimos días, la
estrategia represiva y paramilitar del Gobierno, ha encontrado sintonía en un
sector extremo de la oposición que se autodefine como “resistencia” desmarcada
de la conducción política de la Mesa de la Unidad (MUD) y de las organizaciones
y redes sociales convencidas de la no violencia activa como camino de
lucha. De tomar fuerza esta tendencia, este fenómeno nos coloca en un
escenario de anomia y anarquía muy peligro, tal como lo ha venido señalando la
fiscal general Luisa Ortega Díaz; quien ha asumido una posición constitucional
al servicio del país. La violencia, venga de quien venga, es un camino ciego
que solo nos conducirá a la autodestrucción como pueblo y profundizará las
heridas y resentimientos entre hermanos, fortaleciendo este sistema y su
dinámica de “pecado estructural”. Pero, queremos dejar claro, que cualquier
desenlace violento y fratricida tendrá como responsables principales al señor
presidente Maduro con su equipo de gobierno quienes se han empeñado en
desconocer sistemáticamente la soberanía popular y, en complicidad con el
Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el defensor del
Pueblo; quien preside el Poder Ciudadano, imponen una Asamblea Constituyente
antidemocrática y fascista por su carácter corporativo, excluyente e inconsulto.
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21-06-17
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