AFONSO BENITES 23 de agosto de 2017
Luisa
Ortega, la fiscal general de Venezuela destituída por la Asamblea Constituyente
espurea y enemiga del Gobierno de Nicolás Maduro, dice que el presidente de ese
país y otras altas autoridades del régimen usaron empresas de España y de
México para recibir dinero de la corrupción. En visita a Brasil, donde
participa de un encuentro de fiscales de países sudamericanos, Ortega llevó una
serie de documentos para probar sus denuncias, que prometió compartir con las
justicias de España, EE UU, Brasil y Colombia. Según ella, esas pruebas
involucran directamente a Maduro; al número dos del régimen, Diosdado Cabello,
y al alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, en el cobro de
sobornos.
Maduro,
de acuerdo con la fiscal destituida, está relacionado con una de las empresas
que vende alimentos al Gobierno venezolano llamada Grand Group Limited. Esa
empresa tiene sede en México y sus propietarios, según Ortega, son tres
personas vinculadas al presidente: Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex
Saab. El expresidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello habría recibido
de la constructora brasileña Odebrecht 100 milllones de dólares como soborno.
El dinero, según Ortega, fue pagado a través de una empresa domiciliada en
España, TSE Arietis. Los proprietários de esa firma son, siempre según la
versión de la fiscal, dos primos de Cabello: Luis Alfredo Campos Cabello y
Jerson Jesús Campos Cabello. Este periódico no encontró el nombre de la empresa
en el listado de compañías del Registro Mercantil español.
“Voy a
entregar las pruebas para que las autoridades de distintos países las
investiguen”, expresó Ortega en sus primeras declaraciones tras su rocambolesca
salida de Venezuela, acompañada de su marido, huyendo de la persecución de los
herederos del chavismo, del que ella misma participó durante muchos años. “En
Venezuela no hay justicia. En Venezuela es imposible que se investigue ningún
caso de corrupción o narcotráfico. Es la comunidad internacional la que tiene
que investigar esos asuntos”, afirmó ante los periodistas que cubrían en
Brasilia la reunión de los fiscales.
De
acuerdo con Ortega, sus investigaciones a esas altas autoridades venezolanas
son uno de los motivos que la llevaron a ser destituida de su cargo y a huir a
Colombia. Desde que fue apartada por la Asamblea Constituyente, el pasado día
5, las amenazas sobre la fiscal se recrudecieron. Su casa fue asaltada. Y ella
solo consiguió llegar a Bogotá gracias a la ayuda de “decenas de hombres y
mujeres” venezolanas y colombianas.
En un
discurso ante sus colegas fiscales sudamericanos, Ortega les pídió que no
envíen informaciones oficiales sobre investigaciones al ministério público de
Venezuela, porque en caso de hacerlo los documentos corren el riesgo de ser
destruidos. Advirtió que si no se detiene la crisis en su país, se puede
expandir por toda América Latina. Y criticó la Asemblea Nacional Constituyente,
electa a comienzos de mes en una votación supuestamente fraudulenta, porque, en
su opinión, solo está sirviendo para tapar también varios casos de corrupción.
La
fiscal destituida dijo que el legislativo se transformó en un tribunal de
inquisición y que el régimen de Maduro ha instalado en el país el “derecho
penal del enemigo”. “Van a perseguir los adversarios políticos, no solo por
perseguir, sino también para destruirlos. En mi caso concreto, yo fui víctima
de esa persecución”. Según ella, su destitución se produjo en un proceso
judicial que duró 32 segundos. Su sustituto, Tarek William Saab, es acusado en
seis casos de corrupción. Su primer acto en el cargo fue, explicó Ortega, pedir
todos los documentos relacionados con esos fraudes para destruirlos.
Ortega
fue invitada a Brasil como un acto de apoyo de sus colegas de la región por el
fiscal general de ese país, Rodrigo Janot. En su discurso de apertura del
encuentro de fiscales, Janot dijo a sus colegas de Argentina, Paraguay, Chile,
Uruguay y Perú que el ministerio público venezolano ha sufrido una “violación
institucional” y que el régimen de Maduro ha impuesto un “poder político
dictatorial”. Todos los fiscales coincidieron en que la destitución de Ortega
fue ilegal.
Ortega
viajó a Brasil invitada exclusivamente por su colega Janot, pero también fue
recibida por el ministro de Exteriores, Aloysio Nunes. En ese encuentro, el
Gobierno brasileño se sumó a la oferta que ya le había trasladado antes
Colombia de concederle el estatuto de asilada política. “Si ella quiere, la
acogeremos con los brazos abiertos”, afirmó Nunes, tras oír de Ortega un
“relato impresionante de cómo se ha degradado la situación en Venezuela”. Antes
de su entrevista con el ministro, la fiscal venezolana había explicado a los periodistas
que estudiará la oferta de Colombia y la de cualquier otro país que también
estuviese dispuesta a acogerla. La fiscal permanecerá en Brasil hasta el
viernes, cuando viajará a EE UU para participar en otra reunión jurídica.
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