Por Carmen Victoria Inojosa
La investigación da cuenta
de que la infancia se encuentra desprotegida. Los niños se han quedado sin
programas de atención ni la posibilidad de que sean abiertos los procedimientos
para atenderlos. Según datos de la Policía de Baruta, en el municipio hay
aproximadamente 500 niños, niñas y adolescentes en situación de calle. En El Hatillo
son 147 y en Chacao, 44.
Las grietas del Sistema
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes son
profundas: el funcionamiento de los órganos administrativos y programas de
atención es casi inexistente en el Área Metropolitana de Caracas. En medio de
la crisis humanitaria compleja que sufre el país, la niñez y la adolescencia
viven el “abandono absoluto del Estado en su responsabilidad” de
atender a esta población. “Se traduce en una desprotección estructural e
institucional”, afirma la investigadora de Cecodap, Angeyeimar Gil, tras revelar
datos sobre el estado de la niñez.
La investigación “Evolución
del Funcionamiento del Sistema de Protección de niños, niñas y adolescentes en
el Área Metropolitana”, realizada por Cecodap —organización que vela por los Derechos
Humanos de la niñez—- da cuenta de un sistema donde la infancia quedó
desprotegida.
En Caracas, los
Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna) solo están
funcionando en 32,7 % de su capacidad. “Solo uno de los Cpnna entrevistado
cuenta con el mínimo de los consejeros de protección requeridos por la ley”,
destacó Gil, quien pudo conocer la situación de los Cpnna de Chacao, Baruta, El
Hatillo y Sucre. En Libertador no obtuvo acceso a la información.
En Chacao, de un equipo
total que debería contemplar 11 cargos, solo cuentan con tres. En Baruta, de 16
puestos, la plantilla de personal la ocupan 5. Mientras que en El Hatillo, de
un total de 13 plazas, solo 4 están en función. En Sucre la ausencia de
personal es de 57 %. La migración y los bajos salarios han afectado
directamente al sistema de protección, lo que ha tenido incidencia en la
disminución de los procedimientos iniciados para el abordaje de niños.
“Comenzamos el año, tuvimos
meses sin consejeros y ahora tenemos solo dos. Eso disminuye la atención”, cita
Gil un testimonio en su investigación.
Esta situación significa
un “cierre técnico”, destaca la investigadora. “Lo que tememos es que
se paralice el sistema de protección. Es un sistema que no funciona como
sistema y, por lo tanto, no protege”.
En los Consejos Municipales
de Derechos las fallas de personal también son preocupantes. El Hatillo tiene
80 % los cargos vacantes. En el resto de los municipios se ubica entre 15 % y
45 %, lo que “afecta áreas de trabajo tan fundamentales como políticas
públicas y fondo de protección”.
Programas de atención no cubren
la demanda
En total fueron
identificados 56 programas de atención a la niñez: ayuda psicológica, salud
sexual y reproductiva, asistencia e inserción social, situación de calle.
Pero “95 % no tienen capacidad de atender y dar respuesta a la demanda social”,
se lee en el estudio, ante las fallas en el presupuesto y de personal. Los
programas pueden ofrecer citas para febrero, marzo y abril del próximo año.
Respecto al financiamiento
de estos planes, 68,4 % depende de recursos privados, cuando los órganos
administrativos son exclusivamente resposabilidad del Estado. Los usuarios
suelen encontrarse con que no hay dinero para la atención que requiere el
niño. Las necesidades más apremiantes son en materia de integridad
personal, salud y nivel de vida adecuado.
Crece el número de niños en
la calle
Pese a que no fue una
variable a estudiar, esta investigación logró recoger, según datos de la
Policía de Baruta, que en el municipio hay aproximadamente 500 niños,
niñas y adolescentes en situación de calle. En El Hatillo son 147 y en Chacao,
44.
La situación de calle
apareció en todas las entrevistas que hicimos con los órganos administrativos
con un problema presente y agudo que requiere atención. Además de eso, decimos
que tienen muy pocas alternativas para la atención, lo mismo sucede con niños y
niñas mayores de 7 años que requieren una medida de abrigo”, expresó Gil.
Cecodap señaló que ante esta
situación el Estado “está llamado a responder de forma rápida y urgente
para frenar la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Además de implementar una política nacional de protección de la infancia y
establecer un presupuesto que permita atender la situación.
04-12-18
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