Gonzalo González 09 de enero de 2019
Venezuela
está gobernada por un régimen no democrático, que puede ser caracterizado como
una dictadura porque el poder del Estado está concentrado en el Poder Ejecutivo
y los demás poderes del mismo – salvo el Legislativo, al cual se ignora y
desconoce sus competencias – están completamente subordinados y controlados por
la Presidencia de la República. Además, quienes gobiernan lo hacen de forma
totalmente arbitraria, guiada exclusivamente por sus intereses partidarios y
sin ninguna clase de limitaciones, salvo la que dicten sus conveniencias.
Lo
anteriormente descrito se hace en abierta contradicción e inobservancia de la
Constitución Nacional vigente. Estamos en presencia de la coexistencia de dos
sistemas políticos, el democrático previsto en la legalidad formalmente vigente
y el dictatorial, el realmente imperante, impuesto a partir del 2016 cuando el
chavismo decidió dar un golpe de Estado por etapas y culminar su transición
desde lo que podríamos caracterizar como una Dictablanda (término en desuso) o
un Autoritarismo Competitivo (término más a gusto de los politólogos
contemporáneos) a una Dictadura que denominamos de nuevo tipo por los
características que la diferencian de las dictaduras clásicas. Tema sobre el
cual hemos reflexionado y escrito en esta misma columna.
Los
procesos electorales fraudulentos realizados a partir del 2017, la creación de
una ilegal Constituyente (en realidad un Parlamento paralelo, vieja amenaza del
chavismo después de la derrota del 6/12/2015), y la inconstitucional toma de
posesión de Maduro el 10 de enero son operaciones políticas que buscan
consolidar la dictadura.
La
correcta caracterización del régimen imperante no es un asunto baladí ni su
importancia se limita al ámbito académico. Desde el punto de vista político es
un asunto clave para definir el posicionamiento, los objetivos y estrategias de
los sectores que se oponen al mismo.
A los
regímenes de facto no se les reconoce legitimidad ni se cohabita con ellos
desde el lado democrático porque los mismos buscan destruir las libertades y
perpetuarse en el poder. Mucho menos con uno que pretende convertir a Venezuela
en un emulo de la Cuba castrista con todas las consecuencias negativas que ya
padecemos
La
Resistencia nacional y ciudadana es la política correcta ante la dictadura,
cualquier otra política o actitud la fortalece y facilita sus propósitos.
Cuando
hablo de resistencia me refiero a una política capaz de unir y articular a la
mayoría social partidaria del cambio, de trazar una estrategia eficaz para
enfrentarla y con la flexibilidad táctica suficiente para desenvolverse en
todos los tableros en los cuales se escenifique la confrontación. En éste
particular es imprescindible politizar la lucha de la ciudadanía por sus
reivindicaciones socioeconómicas. Se trata en las presentes circunstancias de
reflujo del movimiento democrático de ir acumulando fuerza, articulación y
cohesión, lo que tomará su tiempo y aconseja evitar los atajos y riesgos
innecesarios porque el asunto no es sencillo ni fácil más no imposible a la luz
de la enorme crisis en progreso.
No
vislumbro en el corto plazo un cambio porque el régimen siente que puede
continuar surfeando la crisis (su principal debilidad), que el tiempo juega a
su favor (y no carece de razón en el particular), de que la contestación social
no amenaza todavía la gobernabilidad, porque la presión internacional no es suficiente
si no está acompañada de una fuerte presión interna que fracture a la FAN y
last but no least porque han aprendido a vivir con menos recursos
concentrándolos en las áreas clave para sostener el aparato de dominación.
Gonzalo
González
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