Miguel Méndez Rodulfo 19 de marzo de 2019
Otra
de las prioridades de una Presidencia de Transición, en el tema ambiental,
sería la recuperación de la Reserva Forestal de Caparo en el estado Barinas.
Ubicada entre los Municipios Zamora y Andrés Eloy Blanco, cerca de Colombia,
tiene una extensión de 180.000 Ha, de las cuales 98% se encuentran ilegalmente
ocupadas. Decretada como “Abrae” en 1961, ha sido continuamente invadida desde
sus inicios y corre peligro de desaparecer por completo. A comienzos de 2018,
decenas de invasores equipados con 300 motos, 3 camiones tritones, insumos y
comidas, entraron a una zona de la reserva de 7.000 Ha, asignada a la
Universidad de Los Andes (ULA), haciendo gran estruendo y levantando una enorme
polvareda, lo que atemorizó a los responsables universitarios. Estos invasores
se establecieron allí y desde entonces han arrasado con el bosque y los
animales de la zona. Científicos advierten que los ocupantes podrían dañar
irreversiblemente el área en unos cuatro años mientras los campesinos de
pueblos cercanos aseguran que grupos irregulares y la alcaldesa del municipio
Zamora se cuentan entre los beneficiados de esa explotación.
Ya en
2004 habían sido invadidas 900 Ha de las 7.000 del Comodato ULA o Estación
Experimental Caparo, de manera que esta nueva invasión pone en jaque a esta
zona. En Venezuela, además de Guayana, sólo existen relictos boscosos en
Barinas: éste de Caparo y otro en Caimital. Los invasores que aseguran ser
campesinos pobres, practican la cacería de animales como dantas, cochino de
monte, venados, lapas y cachicamos. Esta actividad diezma la fauna de la reserva.
Además practican el abigeato de becerros y búfalos, entre fincas alrededor de
la reserva. La pérdida de bosques está perjudicando seriamente a los monos
araña que están a punto de extinción. Los invasores tomaron plantaciones
especiales de la ULA en que se encontraba una especie de cacao que estaba
siendo cultivado experimentalmente por la universidad. Árboles maderables y
frutales, de hasta 20 metros de altura, como caoba, cedro, pardillo, jobo,
peruetano, chupin, han sido devastados.
Inicialmente
los invasores establecen conucos de maíz, yuca, plátano o frutales, para
asegurar su subsistencia; luego paulatinamente, durante aproximadamente 4 años,
van talando los árboles y quemando sus parcelas. Luego, como la quema mata la
fertilidad de suelo, las tierras son aptas para ganadería. Como ésta actividad
es de una inversión costosa, que los invasores no pueden asumir, venden las
tierras a otros que asumen una explotación ganadera de baja productividad. Existen serios indicios de que la guerrilla
colombiana actúa con libertad en el área; pero quien controla la reserva es el
Frente Bolivariano de Liberación. Éste en conjunción con la mafia de la madera
y las autoridades y policías del municipio Zamora, permite así como pone los
precios de la explotación de la madera y de la venta de parcelas; incluso
promete entrega de títulos de propiedad de la tierra. Durante el gobierno
anterior al actual, hubo una reunión en la que estuvo el Presidente de la
República junto a los consejos comunales; en dicha cita se estableció un acta
en rechazo a las invasiones, lo que originó que las fuerzas del orden fueran
campamento por campamento, desalojando a los invasores, cosa que se logró. En
el año 2002 los aserraderos fueron desmantelados. Esto prueba que si hay
voluntad política, todo este desastre se puede evitar.
Para
desalojar a los invasores de esta reserva, tanto los de ahora como los de
antes, de manera de salvaguardar esta zona y recuperar su flora y fauna, se
requiere voluntad política, respeto por la ley, cero tolerancia contra el abuso
y la viveza y el uso de la fuerza pública para proceder al desalojo. A pesar de
la sentencia tribunalicia ordenando el desalojo de los invasores (solicitada
por el Fiscal del Ministerio Público), de la Resolución de la Oficina Regional
del Instituto Nacional de Tierras, de la posición de la Dirección de Ambiente
de la Gobernación de Barinas y de un punto de cuenta presidencial, firmado por
Maduro, en el cual se ordena el desalojo, el asentamiento sigue allí.
Miguel
Méndez Rodulfo
Caracas,
19 de Marzo de 2019
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