Editorial El Espectador 23 de marzo de 2019
El ideal es actuar preventivamente. Pero
cuando ya no es posible, acudir a las medidas de la llamada R2P puede ser la
manera de privilegiar respuestas pacíficas y diplomáticas.
Qué
más se puede hacer frente a la muy grave situación en Venezuela? Esta es la
gran pregunta que se formula dentro y fuera del país. En lo interno, el
presidente encargado, Juan Guaidó, mantiene viva la esperanza de una salida
constitucional. En lo externo, la comunidad internacional estrecha el cerco
diplomático al dictador. ¿Es suficiente? La respuesta parece estar dentro de un
principio denominado la Responsabilidad de Proteger, o R2P, por sus siglas en
inglés. Es una alternativa interesante, acorde con las normas del derecho
internacional.
No se
trata de un debate académico sobre nuevas teorías, sino de una opción válida
para que se actúe frente a graves situaciones de crisis internacional. Los
genocidios en Balcanes o Ruanda dejaron un agrio sabor y abrieron el camino
para que la ONU incorporara medidas más efectivas para prevenir o manejar
momentos críticos. La R2P parte de la base de que el uso de la fuerza debe ser
aprobado por el Consejo de Seguridad. Es una garantía de que no se actúe de
manera unilateral, pero al mismo tiempo la constatación de que el juego
político de Rusia y China va a bloquear una salida distinta a la que le
convenga al régimen. Esas son las reglas de juego. De allí que su aplicación en
Venezuela sea una buena oportunidad para verificar su eficacia. Es un hecho que
en el país vecino, a pesar de que las alarmas se habían activado hace varios
años, y con muy contadas excepciones, las respuestas de la comunidad
internacional han sido demasiado lentas.
De
momento, en la diaria realidad que viven los venezolanos, la solución más
radical que se contempla es la de quienes, desesperados y ante la perspectiva
de tener que soportar la dictadura de Nicolás Maduro otros cinco años, apoyan
una invasión que lo saque del poder. Los maduristas, por su parte, le siguen
apostando a mantener el statu quo mediante el uso de la fuerza. La R2P podría
ser una vía intermedia que ofrece opciones legítimas a pesar de sus
limitaciones. Dado que “no es una carta blanca a la intervención”, puede ser la
manera de privilegiar respuestas pacíficas y diplomáticas.
No es
el ideal, por supuesto, pues choca con intereses geopolíticos evidentes. El
ideal es actuar preventivamente. Pero cuando no es posible, se puede acudir a
las medidas descritas. De momento, es lo más lejos que se ha llegado para
actuar dentro del marco de la Carta de la ONU. Las sanciones y el cerco
diplomático son dos medidas que ya se están aplicando y se seguirán reforzando.
Pero los perpetradores deben saber que no tendrán impunidad por los delitos de
lesa humanidad cometidos. A las denuncias de la CIDH y de la OEA, se suman
ahora las de un contundente informe de la alta comisionada de derechos humanos
de la ONU, Michelle Bachelet, en el que se detallan los horrores y las
atrocidades cometidas por Maduro.
Para
enfrentar los casos de Venezuela y Nicaragua, donde se presentan conductas
similares por parte de sus regímenes, se deben privilegiar las medidas
previstas por la R2P. Como dijo el secretario de la OEA, Luis Almagro, tras la
reciente detención arbitraria de Roberto Marrero, mano derecha de Guaidó:
“Nuestra respuesta no puede ser un comunicado de condena (… deben darse…)
acciones apegadas al derecho internacional como la R2P. Negar instrumentos del
derecho internacional al pueblo de Venezuela es inmoral e irresponsable”. Lo
cierto es que el costo de la inacción es demasiado alto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico