Por Carolina Gómez-Ávila
Un arrebatón es un robo que
se logra en un ataque sorpresivo y rápido, lo que también define al tipo de
delincuente que lo ejecuta. Y justo eso es lo que nos han hecho en cosa de una
semana: arrebatarnos la ciudadanía.
Dice el artículo 39 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el ejercicio de la
ciudadanía -la titularidad de derechos y deberes políticos- sólo está limitado
por la edad para elegir, ser elegidos y participar, y requiere que no hayamos
sido inhabilitados políticamente ni estemos sujetos a interdicción civil.
Que todos tengamos ejemplos
de conculcaciones en los últimos 20 años no le quita relevancia a la rapidez
del nuevo golpe (¡otro más!) que los magistrados que sesionan en Dos Pilitas le
han asestado al Poder Legislativo: El 2 de mayo, allanaron la inmunidad
parlamentaria del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional; el 7, de los
diputados Luis Florido, Henry Ramos Allup, Richard Blanco, Marianela
Magallanes, José Simón Calzadilla y Américo De Grazia y el 8, de los diputados
Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía, día en que también
capturaron al diputado Edgar Zambrano.
Además, desde la madrugada
del 26 de abril desconocemos el paradero del diputado Gilber Caro,
presuntamente detenido por algún cuerpo de seguridad del Estado. El balance, al
mediodía del viernes, era de 11 diputados que súbitamente estaban presos,
refugiados en embajadas o perseguidos; en resumen, impedidos de cumplir con su
mandato como representantes electos por el pueblo el 6 de diciembre de 2015. Y
en esta cuenta no están los exiliados y algunos otros refugiados en embajadas o
en la clandestinidad.
Como agravante, la mañana de
este viernes amanecieron pintadas con amenazas directas las fachadas de las
viviendas propias o de familiares de varios diputados y de otros políticos
regionales. Todo junto, prácticamente disuelve al Parlamento y concreta la
violación masiva del numeral primero del artículo 21 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a participar en
el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente
escogidos”.
En reacción, Juan Guaidó ha
convocado a manifestaciones de calle este sábado 11 de mayo, pidiendo respaldo
al único poder legítimo de origen y de desempeño que podría llevarnos de vuelta
a la democracia, dándonos la oportunidad de medir el daño hecho por la
actividad antipolítica en el último lustro, que obró para el descrédito del
orden republicano -al presentar a la Asamblea Nacional como si fuera un órgano
inútil por no tener capacidad ejecutiva y difamar metódicamente a sus
integrantes- y del orden democrático, gracias al desprestigio de los garantes
además del endosado al sistema electoral.
No tendrá el mismo efecto
convocar a la población porque le ha sido violado un derecho humano (¡otro
más!) que convocarla en protesta por el avance en la disolución del Parlamento.
Ni ambos planteamientos serán tratados igual por la comunidad internacional,
que tiene distintos protocolos de atención y velocidades de respuesta en cada
caso.
La jornada de hoy es una
dura prueba de que arrebatarnos la ciudadanía sólo es posible si antes se
neutralizan las relaciones del ciudadano con sus instituciones. Sin arraigo,
difícilmente haya impulso para defenderlas y sea necesario recuperar su
prestigio antes de nuevas convocatorias.
11-05-19
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