Por Gisela Ortega
Las dificultades para que
las mujeres de América Latina y el Caribe, logren los derechos, libertades
civiles y políticas, y alcanzar un mayor nivel de bienestar material y
espiritual, son de diversa índole, y tienen que ver con su inserción en el
trabajo, los contenidos de la educación, su acceso a la salud y sus
posibilidades de participación política.
Sin embargo, existen además
otras causas que están relacionadas con la persistencia de la pobreza, las
situaciones de conflicto bélico y ciertas manifestaciones concretas de la
equidad de género como la violencia contra las mujeres. En la actualidad, la
violencia contra las mujeres se considera un problema social, cultural y
político, que obstaculiza el desarrollo con justicia al impedir el respeto a
los derechos humanos y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
El tratamiento de esta problemática
ha enfrentado dos obstáculos: hasta hace muy poco la violencia doméstica contra
las mujeres era socialmente aceptada, y sancionada por la ley. En segundo
lugar, los actos en que se incurría en el seno del hogar y de la familia, se
consideraban privados y no llegaban a formar un hecho social.
Evidentemente, el contexto
de democratización, de ampliación de los derechos ciudadanos y de esfuerzo por
eliminar todo tipo de discriminación, ha influido notablemente para que el tema
de la violencia adquiera relevancia en el debate social. También le han dado un
impulso importante, los diversos movimientos de mujeres que, al organizarse en
torno de diferentes objetivos, pusieron de manifiesto esta problemática oculta
y considerada tabú desde tiempos históricos, que está relacionada íntimamente
con la forma en que se ejerce el poder en la sociedad.
Las Naciones Unidas
comenzaron a preocuparse de este tema a partir de 1980 y durante la Conferencia
Mundial celebrada ese año en Copenhague se aprobó una primera resolución sobre
las mujeres golpeadas y la violencia en la familia. En las Estrategias de
Nairobi se incluyen consideraciones más específicas al respecto, y, a partir de
entonces, se inició un estudio más sistemático de este fenómeno. En la región,
durante la quinta Conferencia Regional de 1991 se aprobó una resolución sobre
la materia.
En la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos en 1993. El artículo 1° de la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de la Naciones Unidas,
define como violencia de género:.” todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas
de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como privada”. Con su Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer, la Asamblea Nacional consolidó un
instrumento uniforme para todos los Estados Miembros.
Las investigaciones hasta ahora realizadas, indican que este es un problema que
existe en todos los estratos socioeconómicos y modelos culturales. Se ha
elaborado una tipología de la violencia contra la mujer en las que se
considera, entre otras categorías, la doméstica, en el lugar de trabajo, en las
instituciones educacionales y la violación -como forma extrema de ésta-.
Las acciones emprendidas
para eliminar este flagelo, que alcanza magnitudes significativas, ha
comprendido la creación de hogares refugio para las mujeres golpeadas y para
sus hijos, la capacitación de mujeres policías para atender denuncias de
mujeres golpeadas y en varias naciones existen ya iniciativas legales y leyes
destinadas a prevenir, castigar y erradicar la violencia de género con énfasis
en la domestica.
Es en este campo, donde
adquiere mayor importancia la aplicación de políticas con un enfoque integrado
y una conceptualización amplia de los derechos humanos. De acuerdo con
experiencias realizadas en países desarrollados, si además de una atención
inmediata no se proporciona a las mujeres capacitación para el trabajo y acceso
a un empleo, una forma educacional que le devuelva la autoestima, servicios de
salud que incluyan atención psicológica, guardería para sus hijos y, en
general, los medios que le aseguren una vida digna y el respeto a sus derechos,
difícilmente podrán superar la situación vivida y terminaran acogidas en forma
permanente a las casas refugio, y éstas, debido al costo que representan, en
ningún país y menos en América Latina y el Caribe, pueden constituir más que
apoyos temporales para enfrentar problemas de este tipo.
Un estudio realizado por el
Fondo de Población de las Naciones Unidas, “Violencia contra las Mujeres: salud
y derechos sexuales reproductivos en América Latina y El Caribe” revela que el
50 por ciento de las mujeres de la región sufren algún tipo de violencia, sobre
todo en el hogar. Es una de las manifestaciones más evidente de las
desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales entre hombres y
mujeres, lo que determina que una de cada cinco mujeres de la región sufre este
fenómeno que les impide disfrutar de sus derechos humanos fundamentales.
El Banco Interamericano de
Desarrollo –BID- considera que la violencia en contra de las mujeres es un
obstáculo para el desarrollo por sus consecuencias sobre las economías de los
países. Al mismo tiempo tiene efectos sociales y culturales, afecta su seguridad,
sus posibilidades de educación y desarrollo personal.
En algún momento de sus
vidas más de la mitad de todas las mujeres latinoamericanas han sido objeto de
agresiones en sus hogares. Un 33 por ciento fue víctima de abusos sexuales
entre edades de 16 a 49 años, mientras que el 45 por ciento recibió amenazas,
insultos y la destrucción de objetos personales.
América Latina y el Caribe
fue el primer Continente en obtener un instrumento Jurídico de importancia como
es la Convención sobre la Prevención, Erradicación y Sanción de la violencia en
contra de las Mujeres, aprobada en 1994, por la Organización de Estados
Americanos –OEA- firmada y ratificada por 23 países miembros.
Gioselaoo@gmail.com
01-07-19
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