Maru Morales P. 21 de noviembre de 2019
@morapin
La Consulta Popular Miranda 2019 se realizará el 1° de
diciembre en las 295 comunas del estado. La pregunta será si sus habitantes
están de acuerdo o no con que la gobernación les transfiera directamente
–saltando el control del Consejo Legislativo y otros entes– los fondos
recaudados por la imposición de multas de la Ley de Convivencia estadal para
desarrollar sus proyectos.
Caracas. Si la Consulta Popular Miranda 2019, que adelanta la gobernación
encabezada por Héctor Rodríguez, da los resultados esperados (que gane el Sí),
las comunas de la entidad podrán pasar por “go y cobrar 200”.
En otras palabras, cada comuna comenzará a recibir
fondos de manera directa a través del banco comunal, que mediante el órgano de
dirección y planificación comunal lo asignará a los proyectos seleccionados.
La consulta, que se realizará el próximo 1° de
diciembre, la anunció el propio Rodríguez a comienzos de noviembre. El
mandatario regional explicó que se trata de una sugerencia planteada durante el
Congreso Nacional de Comunas los días 16, 17 y 18 de octubre.
La idea es que todos los residentes de cualquiera de
las 295 comunas del estado Miranda, mayores de 15 años, digan si están o no de
acuerdo con que la gobernación transfiera a las comunas los fondos recabados
por la aplicación de las multas establecidas en la Ley de Convivencia para la
Seguridad y la Paz Ciudadana de Miranda (Ley
de Convivencia).
La consulta está siendo organizada por la gobernación,
Fundacomunal y el Consejo Nacional Electoral, que habilitará 824 centros de
votación en todo el territorio mirandino.
Santo, ¿quieres misa?
En
la actualidad, los fondos producto de las multas por la aplicación de la Ley de
Convivencia son recaudados por la Gobernación de Miranda y transferidos a la
policía del estado, de acuerdo con las siguientes proporciones (artículo 65 de
la ley): 30 % para el funcionario policial que impuso la multa; 20 % se
distribuye entre todos los funcionarios de Polimiranda activos; y 50 % se
destina a la dotación de los cuerpos de seguridad y prevención del estado
Miranda.
Entretanto, los recursos que reciben las comunas para el
desarrollo de sus proyectos provienen, por una parte, del Fondo de Compensación Interterritorial (que tienen que
ser aprobados por el Consejo Federal de Gobierno) de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica de las Comunas; y, por
la otra, de las gobernaciones, previo control del Consejo de Planificación
Comunal, el Consejo Estadal de Planificación y el Consejo Legislativo del
respectivo estado.
“Un procedimiento burocrático”, ha dicho Héctor
Rodríguez.
La propuesta del gobernador, a sugerencia del Congreso
de Comunas de octubre, consiste en que el pago de las multas por infringir la
Ley de Convivencia se haga directamente en el banco de la comuna, sin mayor
burocracia ni filtros. Y que sea la propia comuna la que decida a cuál proyecto
destinará el dinero.
“Los recursos normalmente van a un fondo que necesita
de un procedimiento burocrático, que al desconcentrarlo y entregarlo a las
comunas se hará más transparente, porque los vecinos harán contraloría”, ha
dicho Rodríguez en días pasados.
De momento no está claro si el pago de la multa se
haría en el banco de la comuna donde reside el infractor o donde se cometió la
infracción.
Convivir a punta de multas
La
referida ley establece multas que van de 700 a 6500 unidades tributarias
(35.000 a 325.000 bolívares), y se cobran por infracciones de distinta
naturaleza.
Por
ejemplo, el artículo 15 de la ley dice que “toda persona que incite a otros a
protestar, mediante la obstaculización del libre tránsito y circulación en las
vías públicas, será sancionada con multa de 1400 U. T.”.
También
serán sancionados los ciudadanos que afecten el funcionamiento de cualquier
servicio público, fabriquen pirotécnicos, quemen desechos en la vía pública o
hagan ruidos molestos.
Lo
mismo serán multados quienes irrespeten a la autoridad, impidan la función
policial, se resistan a un proceso de identificación policial, impidan que una
embarazada o un anciano se suba a un autobús de manera prioritaria o conduzcan
una moto sin casco.
Los
responsables de comercios que permitan el ingreso o la permanencia en el lugar
de personas que porten cualquier tipo de armas deberán pagar 6500 U. T.
Vale
recordar que esta ley, en la que la palabra multa aparece 29 veces y
convivencia 34, fue sancionada por el Consejo Legislativo de Miranda en
diciembre de 2017. Un mes antes la Constituyente había aprobado el acto
normativo denominado “Ley contra el Odio”. Ambos instrumentos surgieron en
respuesta a las protestas de la oposición en ese mismo año.
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